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Juárez

Preocupan violaciones a derechos de migrantes

El 19 y 20 de septiembre se realizaron recorridos y diálogos en albergues de esta frontera promovidos por organizaciones de DH

Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez

jueves, 22 septiembre 2022 | 06:00

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez | La incursión de la Guardia Nacional en tareas de contención y detención migratoria no es bien vista

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Ciudad Juárez.— El papel de México, en la práctica, como un tercer país seguro ha traído graves consecuencias en materia de derechos humanos (DH) para las personas en movilidad; en el caso de Ciudad Juárez, con la migración como un enfoque de seguridad nacional y no de seguridad humana, con reiteradas violaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA) migrantes, xenofobia y diversos retos para las autoridades, arrojó la visita in situ a Ciudad Juárez. 

La visita consistió en el recorrido y encuentros de diálogo en centros migratorios dependientes del Instituto Nacional de Migración, albergues municipales y estatales del DIF y de la sociedad civil, por parte de organizaciones locales, nacionales e internacionales.

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“Vemos con una preocupación los impactos que hay de la política migratoria en México al estarse alineando con la política migratoria de Estados Unidos; este proceso de externalización de las fronteras que ha convertido a México, en la práctica, en un tercer país seguro ha traído graves consecuencias en materia de derechos humanos. A pesar de ya contar en México con algunas leyes que atienden altos estándares de derechos humanos, vemos que en la práctica éstas no se están cumpliendo de manera adecuada”, señaló María Elena Hernández, del Servicio Jesuita a Migrantes.

Los recorridos y diálogos se llevaron a cabo durante el 19 y 20 de septiembre, promovidos por el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano, el Grupo de Acción para la No Detención de Personas Refugiadas, el Grupo de Trabajo Humanitario Ciudad Juárez y el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, con el fin de impulsar cambios legislativos que garanticen una vida digna a las personas migrantes y con necesidades de protección internacional que se encuentran en México, así como acercar a los legisladores a los lugares donde se encuentra la población y escuchar sus necesidades.

Las redes y organizaciones defensoras de derechos humanos de las personas en contexto de movilidad de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Sonora, Tabasco, nacionales e internacionales visitaron Centros de Asistencia Social (CAS), espacios públicos y humanitarios de acogimiento para personas en contexto de movilidad; además de estaciones migratorias y estancias provisionales, donde se documentaron violaciones a derechos humanos, omisiones y discriminación por parte de autoridades, al igual que los efectos negativos que tiene la militarización de las fronteras como parte de la política implementada por las autoridades de México y Estados Unidos, informaron. 

“Durante el recorrido se realizaron conversaciones con población migrante y con necesidades de protección internacional, entre ellas NNA, mujeres, personas en detención migratoria, personas albergadas, así como con autoridades locales, federales y representantes de organismos internacionales, que permitieron documentar violaciones a derechos humanos”, destacaron. 

Los hallazgos

Durante la presentación de los hallazgos, Hernández también dijo que ven “con gran preocupación que reformas como las que armonizan la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en migración no están siendo cumplidas en la práctica y de esta manera hay reiteradas violaciones en distintos espacios”. 

Entre dichas violaciones destacó la utilización de los NNA en actividades de tráfico de personas, sin que sean reconocidos como víctimas del delito de trata. 

“Se siguen utilizando algunos eufemismos para poder atenderles, tratarles y denominarlos; vemos espacios físicos en donde niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados permanecen y que son espacios con un aspecto de espacios de reclusión en la práctica; hacen falta también mecanismos para garantizar sus derechos; hacen falta retornos asistidos y medidas de protección y de restitución a sus derechos humanos; en algunos espacios también se siguen utilizando uniformes, como si fueran espacios carcelarios”, señaló. 

La activista destacó que siguen grandes pendientes como la asignación adecuada de presupuesto a las Procuradurías de Protección y Centros de Asistencia Social. Además, no existen datos oficiales sobre la situación de los NNA en contextos de movilidad ni de cuántos de ellos son víctimas de reclutamiento forzado por grupos criminales. 

En el caso de la migración internacional o de pueblos originarios, no cuentan con traductores, lo cual viola sus derechos ya que no cuentan con las mismas oportunidades. 

La política de militarización y la falta de transparencia

Las organizaciones subrayaron también las consecuencias que la política de militarización está dejando ante el aumento de la presencia de la Guardia Nacional, particularmente en las fronteras, mediante labores de control migratorio, en contraste con las situaciones de vulnerabilidad en la que se encuentra la población migrante en México.

“Vemos con preocupación la incursión de la Guardia Nacional en tareas de contención y detención migratoria, esta situación profundiza la perspectiva de la política migratoria como un asunto de seguridad nacional, en contraposición a lo que consideramos que debería de ser visto como un asunto de seguridad humana”, lo que lleva también a la violación a la integridad personal y al debido proceso por parte de las autoridades migratorias, a lo cual también abona la falta de información sobre el debido proceso, comentó. 

También destacaron la xenofobia y criminalización por parte de las autoridades migratorias, las cuales realizan retornos hacia los países de origen sin valorar las condiciones y sin dar certeza de la información adecuada para poder solicitar protección internacional. 

“Otra de las cosas que nos preocupan también son algunas de las condiciones que hay en las estancias provisionales, que no tenemos tampoco la certeza de que sí estén cumpliendo con los estándares para tener un alojamiento digno, que es un derecho que debería de garantizar el Estado, y tampoco hay condiciones de transparencia para la revisión de las normas de funcionamiento de dichas instancias”, apuntó. 

Las organizaciones destacaron que de los más de 25 espacios de acogida para personas en movilidad que hay en la ciudad, sólo cuatro son administrados por las autoridades, dos por el Municipio, uno por el Estado y uno más por la Federación. El resto, son iniciativa de iglesias y ciudadanos organizados, sin recursos suficientes. 

Entre otros retos que se encontraron en esta frontera está la garantía del derecho a la salud mental, así como la falta de reconocimiento del desplazamiento interno y las medidas adecuadas para atender a las personas mexicanas.

Las organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado “a las personas legisladoras a reconocer la situación de derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo en el territorio nacional y a promover iniciativas legislativas en materia de niñez y adolescencia migrante, no detención y acceso a derechos”.

25 espacios de acogida Administrados por:

• 4 por autoridades

• 2 por el Municipio

• 1 por el Estado 

• 1 Federación

*El resto, son iniciativa de iglesias y ciudadanos 

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