Preocupan a juarenses los retenes militares

La presencia de más de dos mil elementos –entre la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)– representa el mayor despliegue aquí de fuerzas federales desde la Operación Conjunta Chihuahua, por lo que representantes de la sociedad civil externaron preocupación ante los antecedentes de abusos que dejó dicha estrategia, a cargo del Ejército entre 2008 y 2010.

De acuerdo con Salvador Salazar Gutiérrez, sociólogo que fungió como perito ante la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) en un caso de desaparición forzada registrado en 2009, si bien la GN llega con un marco legal del que careció el arribo de los militares en 2008, la nueva corporación retoma de todas formas la “estructura militarizada” que dio pie a violaciones a derechos humanos.

“Sí me preocupa bastante, por varias razones: esto nos remite a lo que aconteció en 2008, 2009, 2010, con la puesta en marcha de los operativos conjuntos; que habría que partir de que, efectivamente, no estamos hablando ni de la misma estrategia ni de la misma perspectiva política en torno a la seguridad entre ambos gobiernos, sí hay cosas muy distintas”, dijo.

“Sin embargo, lo que es un hecho es que, a final de cuentas, estamos volviendo a experimentar, frente a esta llegada masiva, una especie de toma de la dinámica de vida en la ciudad y creo que ésta no es la estrategia adecuada para favorecer no sólo la disminución de delitos que siguen al alza, sobre todo los homicidios, sino el problema, sobre todo en torno a la percepción en materia de seguridad”, agregó.

Información del Gobierno municipal difundida por este medio indica que en esta ciudad circulan ya dos mil 26 efectivos federales; entre éstos, mil 500 de la GN y el resto de la Sedena –de la que, como anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, se busca que dependan el total de los elementos.

Los mismos, de acuerdo con reportes de este medio, han instalado puntos de revisión aleatorios en diversos puntos de la ciudad.

“En Ciudad Juárez se realizan inspecciones aleatorias con irrestricto respeto a los derechos humanos y con el fin de reforzar la seguridad”, indicó ayer la GN a este medio, a través de su departamento de Comunicación Social.

“La Guardia Nacional refrenda su compromiso de trabajar bajo los principios de legalidad, eficiencia y honradez, y en caso de irregularidad por parte del personal, se reitera a la ciudadanía que puede realizar las denuncias correspondientes para investigar los hechos”, agregó el texto enviado a este medio por la corporación federal.

Los antecedentes

La Operación Conjunta Chihuahua fue lanzada aquí el 27 de marzo de 2008, cuando representantes del gabinete del entonces presidente Felipe Calderón anunciaron el arribo de más de dos mil efectivos y que se demostraría “que ningún grupo criminal será capaz de resistir la fuerza del Estado mexicano”.

La estrategia consistió, sobre todo, en el despliegue paulatino de lo que, con los meses, llegaron a ser siete mil 500 soldados que, entre 2008 y el primer trimestre de 2010, patrullaron la ciudad y realizaron revisiones a personas, vehículos y viviendas.

De acuerdo con los archivos periodísticos, la violencia aumentó desde el inicio de la estrategia, al registrarse dos mil 578 asesinatos en 2008, cuatro mil 118 en 2009 y cinco mil 391 en 2010, para empezar a descender en 2011, con cuatro mil 31 crímenes contra la vida ese año y dos mil 540 en 2012, al final del sexenio de Calderón.

‘No es suficiente el estado de fuerza’

“Estoy convencido, lo he dicho y escrito, que durante la Operación Conjunta Chihuahua, cuando fue la ciudad ocupada por militares y por la Policía Federal, hubo un incremento exponencial, enorme, de delitos y, sobre todo, ejecuciones extrajudiciales, más desaparición de personas, más casos de tortura, extorsiones”, dijo el sacerdote Oscar Enríquez, director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.

“De la experiencia de Juárez en ese sentido nace una postura muy antimilitarista, precisamente por eso (…) creemos que no es la solución, que realmente no se crean mejores condiciones de paz con la presencia militar”, agregó el sacerdote.

De acuerdo con Jorge Contreras, empresario y representante de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, es precisamente por el fracaso de la operación en la reducción de la violencia que se espera que el despliegue actual esté acompañado de trabajo y equipo de inteligencia.

“Si se canalizan de manera estratégica, nos gustaría ver una disminución en los delitos, pero para eso debe haber un trabajo en paralelo de inteligencia y, sobre todo, en coordinación de las dependencias y, repito, ya tuvimos la experiencia de 2008 y 2009, con cerca de 16 mil elementos de seguridad en la calles –entre las distintas corporaciones– y no sólo no bajaron los delitos, sino que se incrementaron”, dijo Contreras.

“Entonces, no es suficiente el estado de fuerza, por eso la importancia de que se cumpla con el compromiso que ofreció el presidente de la República, de instalar en Juárez un centro de inteligencia; me parece que eso es muy importante, si se cuenta con trabajo de inteligencia y este estado de fuerza es mucho más factible que se reduzcan los delitos”, agregó.

En entrevista, Enríquez planteó también que, pese a los antecedentes y a que considera que el despliegue no es una solución “de fondo”, mantiene la expectativa de que finalmente la GN coadyuve en el combate a la delincuencia debido a que los homicidios han registrado un aumento en los últimos años.

“Por un lado veo algo positivo en el sentido de que veo la incapacidad o ineficiencia de las fuerzas del orden para lograr contener la violencia; como que uno tiene la esperanza de que puedan ayudar un tanto con la contención de la violencia, pero no lo veo como una solución de fondo”, dijo Enríquez.

“Y aparte, siempre con la preocupación de que se vuelva a esquemas del pasado, de que sean factores de más violencia. Pero soy de la idea de que habría que esperar un poco de tiempo y estar atentos al funcionamiento en la localidad”, agregó.

Salazar, por su parte, observó que otra diferencia entre la estrategia de Calderón y la de López Obrador es que la retórica de “guerra”, que era expresa en la administración del panista, no está ya presente en el actual Gobierno federal.

“A final de cuentas, en la época de Calderón se favorecía una retórica muy dura, bajo la idea del combate, muy frontal, el término combate, el término guerra estaban presentes en la retórica institucional, y en este período no vemos eso”, dijo Salazar, también académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

“Entonces, no es una guerra, no es un combate frontal como en aquel tiempo se entendería; sin embargo, lo que observamos es que hay un preocupante incremento de varios de estos delitos, sobre todo homicidios, y esto genera inquietudes frente a entonces qué implicará este tipo de estrategia, aun cuando tenga una ley que la avale”, agregó.

Los entrevistados coincidieron también en que los dos mil elementos mencionados por el Gobierno municipal representan el mayor despliegue de fuerza federal en la ciudad desde la Operación Conjunta. 

Operativo Conjunto Chihuahua

La estrategia consistió en el despliegue paulatino de lo que, con los meses, llegaron a ser siete mil 500 soldados que, entre 2008 y el primer trimestre de 2010, patrullaron la ciudad y realizaron revisiones 

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