Juárez

Polemizan por ‘Gloria’

Comienza discusión en comisión de Cabildo para posible instalación de mina en Samalayuca

Hérika Martínez Prado
El Diario de Juárez

miércoles, 23 octubre 2019 | 06:00

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— La Secretaría de del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó una autorización en material de impacto ambiental “condicionada” a la empresa canadiense VVC Exploration Corporation (VVC) para la realizar actividades de exploración, extracción y beneficios minerales en Samalayuca, con base en un estudio de impacto ambiental que “es una declaratoria bajo protesta de decir verdad”, informó su representante, Refugio Mingura Arias.

Mingura Arias y el biólogo Gerardo Tarín Torres se reunieron ayer con la Comisión de Ecología del Municipio y académicos e integrantes del Frente Ecosocial Paso del Norte para exponer información sobre los permisos que han emitido para la posible operación de la mina Gloria, de la unidad minera Samalayuca Cobre S.A. de C.V., en el desierto juarense.

“Este proyecto contempla lo que es el cambio de uso de suelo en zona forestal en una superficie de 78 hectáreas más o menos, y se pretenden realizar actividades de exploración, extracción y beneficios minerales. El área de afectación, estamos hablando de una superficie de 458 hectáreas, que obviamente están inmersas dentro de lo que de alguna manera se ve del área protegida de los Médanos de Samalayuca”, informó Mingura Arias.

Dijo que la autorización que la Semarnat otorgó es una validación en materia ambiental, pero no es única, “ni quiere decir que por el hecho de que la empresa cuente con esta autorización de MIA (Manifestación de Impacto Ambiental) puede iniciar actividades, esa autorización está condicionada en diferentes términos”.

Explicó que para el uso de agua tiene que tener la autorización de parte de la autoridad competente.

“Si el agua va a ser suministrada por una autoridad local, esos permisos tienen que ser autorizados por Municipio y si va a ser aprovechada del subsuelo, en esos casos tiene que tener la autorización de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)”, apuntó.

También requiere de autorizaciones de cambio de uso de suelo que le corresponden al Municipio, así como la Licencia de Construcción. 

“Obviamente sabemos que las actividades mineras representan un impacto en la zona que van a aprovechar, pero precisamente la validación en materia de impacto ambiental contempla lo que es las medidas de mitigación para resarcir esos impactos ambientales… lo cual deberá ser vigilado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)”, señaló el funcionario federal.

Dijo que hay una afectación ambiental pero “obviamente está condicionada” para que esa afectación se atenúe a través de medidas de mitigación.

La afectación de vegetación tiene que cumplir con una compensación económica, determinada por el Estudio Técnico Justificativo para cambio de uso de suelo, en el que por cada hectárea que se daña se tiene que cumplir con una cantidad que va al Fondo Forestal Nacional, donde se determina cuáles son las acciones que se tienen que implementar para reforestación y conservación de especies. 

Al ser cuestionado por los participantes de la reunión sobre cómo se confirma que la empresa les dijo la verdad en el estudio de impacto con el cual otorgaron la MIA, el funcionario federal confirmó que éste se recibe como “una declaratoria bajo protesta de decir verdad… estamos confiando en lo que el particular o lo que la empresa nos está señalando, nosotros no tenemos la atribución de hacer visita al proyecto y verificar lo que nos está señalando”, hasta que comience a operar y Profepa lo compruebe.

“El Estado debería de tomar decisiones con base en razones, a hechos concretos o a argumentos de peso, en este caso está tomando una decisión con base en buena fe, en la esperanza de que no vaya a fallar, creyéndole a una persona moral, ni siquiera a una persona física… es incongruente con lo que la Semarnat tendría que hacer”, señaló el activista Hernán Ortiz. 

Pedirle a los que toman las decisiones a nivel local es que consideren los hechos, y los hechos son la no disponibilidad de agua, la afectación al patrimonio histórico de la nación, la ignorancia que se está haciendo en cuanto las afectaciones que se va a tener a ecosistemas como son los médanos. 

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