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Juárez

Podrían cerrar albergues si existen abusos contra menor

Investigará Gobierno estatal qué sucedió con los Centros de Asistencia Social, donde presuntamente fue agredido sexualmente un niño de 13 años

Luz del Carmen Sosa / El Diario de Juárez

domingo, 19 junio 2022 | 06:00

Cortesía | Algunas de las heridas que fueron detectadas por la mamá del niño que estaba bajo el cuidado de Jóvenes Trabajando Por Juárez

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Ciudad Juárez.— El Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal y la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) de Chihuahua, junto con otras instancias de Gobierno, investigarán a los Centros de Asistencia Social (CAS) donde permaneció un menor que presuntamente fue agredido dentro de estos espacios mientras se le indagaba por probable agresión sexual en perjuicio de su hermana.

La procuradora María Guadalupe Álvarez Caballero manifestó a El Diario que si existe alguna irregularidad se investigará y actuará. 

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Los protocolos que sigue la PPNNA en este tipo de casos inician al establecer si la vulneración proviene de una persona que se haga cargo del cuidado del niño, niña o adolescente (NNA) en el CAS; de ser así habría que emitir recomendaciones de cumplimiento inmediato para los encargados del Centro respecto a cesar a la persona de sus labores. 

Luego proceden a ubicar si la vulneración proviene del encargado del CAS en donde se encuentra el NNA, o de dinámicas avaladas por éste, lo cual sería una situación más grave y haría necesario tomar acciones encaminadas a la suspensión de las labores del lugar, buscando el egreso seguro de todos los NNA tutelados.

“En caso de que estos hechos constituyan un delito, a la par de lo anterior, la Procuraduría dará vista a Fiscalía”, precisó.

Si la vulneración a los derechos se recibe por parte de un NNA tutelado en el mismo CAS, deberá determinarse si el agresor es un niño, niña o adolescente.

“Si el agresor es un adolescente (mayor de 12 años) deberá darse el respectivo aviso a la Fiscalía, que bajo el sistema de justicia para adolescentes se inicie un procedimiento penal en el que se puedan tomar las medidas sancionadoras correspondientes, atendiéndose en todo momento por parte de la Procuraduría las necesidades de atención psicológica y médica de este último”, detalló. 

Asimismo, se buscará la separación física de ambos en aras de garantizar la seguridad del victimado, al colocarle(s) en otros CAS, según sea el caso.

En el supuesto de que el agresor sea un niño (menor de 12 años) se buscará su separación física de ese espacio en aras de garantizar la seguridad del victimado, colocándoles en otro CAS.

Mencionó que de igual manera, la Procuraduría verificará que éste reciba la atención psicológica e incluso médica que pudiera resultar necesaria, buscando evitar la repetición de esta clase de conductas; por lo que respecta al NNA víctima, también la Procuraduría verificará que reciba la atención médica y psicológica necesaria buscando su reparación.

Indaga caso la CEDH

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) también investiga el caso del menor que presuntamente fue agredido sexualmente al interior de Centros de Asistencia Social (CAS) certificados donde fue canalizado por la Subprocuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, informó el primer visitador, Eduardo Sáenz. 

“La primera preocupación que debe prevalecer es el resguardo del niño, porque está bajo tutela del DIF”, manifestó Eduardo Sáenz, primer visitador.

Explicó que toda la situación que rodea el caso de los dos hermanos involucrados en un probable caso de agresión sexual encendió un foco rojo por el tratamiento que ha recibido el menor bajo tutela pública, por lo que confían en que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) estatal realice una revisión integral en todos los albergues que ha certificado. 

Sahíra Castro, vocera de la Fiscalía General del Estado (FGE), indicó que la institución está trabajando en la investigación de los casos, pero declinó proporcionar más información al respecto. 

Como se informó, la Subprocuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Bravos y personal de varios albergues “certificados” son investigados por la probable comisión de los delitos de lesiones, abuso sexual, omisión de cuidados, maltrato infantil y agresiones que sufrió un menor de 13 años bajo tutela temporal del Estado.

El menor fue reportado como ausente por el personal de un albergue ante la FGE, que difundió la pesquisa, y tras ser localizado y al comparecer ante el Ministerio Público fue como la representación social se percató del trágico historial del menor, víctima de la violencia institucional; por ello, el niño de 13 años se entregó a un familiar mientras continúan las investigaciones correspondientes. 

El próximo lunes, la madre tiene una cita en la subprocuraduría para que comparezca acompañada del menor, dio a conocer Catalina Castillo, de la Red por la Infancia. 

El primer visitador aseguró que éstas son las primeras quejas que se tienen contra estos albergues donde se resguardan niños.

“Desgraciadamente, por la delicadeza del tema generalmente son hechos que conocemos cuando ha sucedido algo… me viene a la mente la niña Nohemí Álvarez Quillay”, agregó.

La menor, de procedencia ecuatoriana, se suicidó dentro de un albergue luego de ser asegurada por elementos de la Policía estatal en la colonia Anapra.

El primer visitador dijo que los albergues que operan en la ciudad y que tienen bajo custodia a menores tutelados trabajan bajo la autorización y supervisión del DIF, que les da una concesión a través de una certificación.

Agregó que esa certificación se realiza desde las oficinas centrales y son ellos lo que hacen la supervisión; sin embargo, el personal en la Subprocuraduría está saturado. Es necesario que la procuraduría realice los procedimientos de revisión aquí y sea fortalecida la subprocuraduría con más personal, consideró. 

Mediante un comunicado de prensa, el DIF estatal dio a conocer que actualmente la PPNNA de Chihuahua “tiene alrededor de 824 personas de entre los 0 y 17 años que están bajo tutela pública, una cifra nunca antes vista en la entidad”.

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