Piden nuevas alternativas para detener a migrantes

Por medio del informe “Panorama de Necesidades de Protección en México”, el Grupo de Trabajo de Protección (GTP) pidió al Gobierno federal la creación de nuevas alternativas a la detención de migrantes que cumplan con las normas internacionales para que la detención sea una medida de recurso.

El grupo liderado por el Consejo Danés para los Refugiados (DRC, por sus siglas en inglés) y el International Rescue Committee (IRC), junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Programa Casa Refugiados (PCR), el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante (HIAS) señaló la necesidad del contacto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH) y las organizaciones de la sociedad civil para todas las personas privadas de libertad en Estaciones Migratorias y Centros de Estancia Provisional.

“México implementa uno de los sistemas de detención de inmigrantes más grandes del mundo. El Instituto Nacional de Migración opera con más de 6 mil agentes en 499 localidades, incluyendo 194 puntos de ingreso y 66 centros de detención ubicados en puntos estratégicos alineados con las rutas migratorias por las que transitan las personas. A su vez, México tiene una de las tasas de detención de migrantes más altas del mundo, entre 2014 y 2019 un promedio de más de 150 mil hechos por año; para el 2022, las autoridades de inmigración reportaron 440 mil, para el año 2023 hasta el mes de agosto cifras oficiales reportaba más de 400 mil eventos”, señala el informe de 2023. 

Son devueltos hasta el sur del país

Aunque no hay un registro sobre la detención de personas en Ciudad Juárez y Chihuahua, y ni siquiera hay estaciones migratorias, migrantes narran continuamente haber sido devueltos del estado de Chihuahua hasta el sur del país, desde puntos como la capital del estado y el retén militar conocido como Precos.

“La detención de migrantes es a menudo una práctica automática y arbitraria en México, que afecta a personas que no están sujetas a detención según la legislación vigente, incluidos niños y adolescentes”, señaló el GTP al pedir al Gobierno federal fortalecer el acceso de las personas en tránsito a los servicios existentes y programas de asistencia especializados adaptados a sus necesidades.

La detención arbitraria se produce cuando una persona ha sido privada de su libertad como resultado de un arresto o detención ilegal. Esto puede ocurrir cuando el motivo del arresto no es informado inmediatamente en un idioma que la persona entienda o cuando, cualquiera que sea el motivo, no exista una determinación individualizada de la necesidad y proporcionalidad de la detención. 

En México, aunque no se refiere explícitamente a la detención migratoria, la Ley de Migración establece que los extranjeros que no acrediten su estatus migratorio serán “presentados en alojamientos temporales”, como medida para la regularización de su estancia o asistencia para su regreso. Además, dicha ley establece dos tipos de centros de detención administrativa: centros de estancia provisional, destinados a estancias de corta o media duración y estaciones migratorias de detención a largo plazo. 

Ambos tipos de instalaciones son operadas por el INM, explica el informe. 

La “ambigüedad jurídica da paso a arbitrariedades, detenciones, violando las garantías judiciales, el debido proceso y contraviniendo los principios de no criminalización y excepcionalidad”, señala el GTP. 

Ausencia de vías alternativas

Las organizaciones también destacan la ausencia de vías alternativas para la regularización migratoria, así como el que las brechas estructurales y de recursos que enfrenta la autoridad de asilo, han abrumado el sistema de asilo, afectando desproporcionadamente a las personas que necesitan protección internacional, por lo que recomiendan promover el acceso a la documentación de las personas en movilidad en el país.

Otras de sus recomendaciones son el adoptar medidas para garantizar el acceso al asilo de las personas necesitadas de protección internacional que opten por buscar dicha protección en México; garantizar el acceso a derechos de las personas con documentación que les confiere estatus legal; fortalecer el acceso de las personas en tránsito a los servicios existentes y programas de asistencia especializados adaptados a sus necesidades, y reducir la exposición de las personas en tránsito a la detención arbitraria y sus consecuencias.