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Juárez

Tras publicación de libro de fiscal

Piden indagar tortura en Unidad Antisecuestros

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió 22 recomendaciones

Hérika Martínez Prado
El Diario de Juárez

jueves, 15 octubre 2020 | 06:00

Tomada de internet

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Ciudad Juárez— El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN) pidió ayer a la Fiscalía General del Estado (FGE) que investigue de manera inmediata a las autoridades de la Unidad Modelo Antisecuestro que fueron partícipes en los casos de tortura y violaciones, por los que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió 22 recomendaciones. 

Lo anterior tras la publicación del libro “No hay arreglos”, del fiscal del Distrito Norte, Jorge Arnoldo Nava López, el cual consta de una recopilación de historias referentes al delito de secuestro de 2009 a 2015 en el estado de Chihuahua, principalmente en Ciudad Juárez. 

El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte dijo ver con preocupación las declaraciones de Nava López, sobre el nivel de profesionalización y buenas prácticas que realizó la Unidad Modelo Antisecuestro durante su dirección, en razón de las constantes quejas por violaciones a derechos humanos que la organización recibió y documentó.

“El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte ha realizado, desde hace más de diez años, un monitoreo constante de las graves violaciones a derechos humanos que instituciones públicas cometen de manera continua en la entidad. Por esto, la organización cuenta con notas periodísticas, registros y documentación de casos que corroboran los actos atroces en contra de personas detenidas por delitos de secuestro y extorsión que la Unidad Modelo Antisecuestro cometió de manera generalizada y sistemática bajo la dirección del Fiscal Nava López, que abarcó desde abril de 2010 a mayo de 2016”, destacó el CDHPN a través de un comunicado de prensa. 

La organización dijo ver con preocupación la constante negativa de las autoridades estatales de investigar de manera independiente, inmediata, imparcial y eficaz los cientos de casos de tortura y violaciones graves a derechos humanos que se han denunciado y que continúan practicándose por la FGE, así como la continua legitimación y cobijo a autoridades que cometen dichas atrocidades.

Las recomendaciones de la CEDH, todas aceptadas por la FGE, son la 17/2015, 22/2015, 30/2015, 31/2015, 04/2016, 11/2016, 28/2016, 35/2016, 51/2016, 61/2016, 74/2016, 03/2017, 26/2017, 42/2017,  43/2017, 45/2017, 10/2018, 40/2018, 67/2018, 87/2018, 88/2018 y 04/2020. 

La organización y la CEDH a través de sus recomendaciones, documentaron el uso constante de tortura, detenciones arbitrarias, robos, allanamiento de viviendas, desaparición forzada, exhibición pública e incomunicaciones por parte de las autoridades que participaban en la unidad, apuntó. 

Sobre los métodos de tortura más comunes se documentaron golpes con armas, cachas, puños y otros objetos; amenazas de tortura o ejecución a los familiares de la víctimas; simulacros de ejecución; choques eléctricos en genitales; asfixia mediante sumersión en agua; asfixia con bolsas negras; violación; violación mediante introducción de objetos en genitales; limitación prolongada de movimientos; privación de la estimulación sensorial; humillaciones sexuales; desnudez forzada; inducción forzada a presenciar tortura de otras víctimas; y quemaduras, denunció el CDHPN. 

Por ello, la organización pidió a la FGE que se investigue de manera inmediata a las autoridades que fueron partícipes en los hechos que la CEDH documentó y que fueron aceptados por la institución a su cargo, y se castigue a los perpetradores de dichas atrocidades, desde aquellos de baja jerarquía así como los altos mandos que las permitieron y/o fomentaron.

También le solicitó que envíe enérgicos mensajes a las autoridades de su institución de que toda violación a derechos humanos será seriamente investigada y sancionada. Y que cese su discurso de que desconoce la práctica de la tortura, argumentando que ésta es denunciada únicamente por personas que enfrentan un proceso penal para obtener beneficios procesales.

A la CEDH, le solicitó que haga una revisión minuciosa y exhaustiva sobre los datos proporcionados en el libro citado, a fin de verificar que la dignidad de las víctimas y presuntos victimarios haya sido respetada durante la redacción y publicación del libro.

De acuerdo con Nava López entre 2009 y 2016 se contabilizaron cerca de 800 secuestros, mientras que la Unidad Especializada logró desarticular más de 145 bandas criminales, integradas por 700 personas.

“Protagonismo puro… ¿dónde quedan los derechos de las víctimas de secuestro y de sus familias?, ¿dónde quedan los derechos de los policías que perdieron la vida?. Es muy lamentable cómo se pretende polarizar el trabajo que se hizo en el Estado de Chihuahua en materia de secuestros”, respondió Nava López al respecto ante la postura de la organización. 

Dijo que “lo más increíble es como se actúa con una doble moral, pues en muchas ocasiones que los derechohumanistas fueron víctimas de delitos de secuestro nos pedían con repudio castigo a los delincuentes”.

De acuerdo con el fiscal, las quejas que se interpusieron por tortura fueron una práctica defensiva por parte de los hoy sentenciados y sus abogados para invalidar las declaraciones y los procesos penales.

“Es un absurdo como en este país se siguen poniendo por encima los derechos de una persona que delinque a los derechos de las víctimas”, concluyó Nava López. (Con información de Luz del Carmen Sosa). 

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