Pagaría México 30 mdp por muerte de migrantes

Chihuahua– Alrededor de 30 millones de pesos tendría que pagar de indemnización el Gobierno de México por la muerte de 40 migrantes sudamericanos el pasado 27 de marzo en el centro federal del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez.

Los abogados y expertos en derechos humanos Gabriel Alejandro Vidaña y Gerardo Navarrete señalaron que fue una serie de omisiones graves las que cámaras de circuito cerrado del referido centro migratorio captaron al momento de producirse el incendio de manera intencional.

Dichas imágenes, que se viralizaron en redes sociales y que fueron reproducidas por medios de comunicación nacionales y extranjeros, descubrieron la falta de atención oportuna por parte de los guardias de la empresa de seguridad, así como de los propios funcionarios del INM, quienes al ver las llamas y el denso humo producido en el interior del lugar donde estaban decenas de migrantes recluidos no actuaron y los dejaron morir intoxicados muy cerca de las llamas.

Otra de las irregularidades detectadas fue que los inmigrantes estaban encerrados bajo candado, en contravención a leyes internacionales. En los videos se observó cómo algunas de las víctimas se acercaban y gritaban auxilio, pateando la puerta tipo reja que permaneció bajo candado.

El abogado Gerardo Navarrete mencionó que en materia penal, de ser encontrados culpables los seis funcionarios y empleados del INM con procesos penales abiertos por el caso, acusados de los delitos de homicidio doloso, lesiones dolosas y ejercicio indebido del servicio público, podrían recibir una pena pecuniaria de alrededor de 30 millones de pesos.

“En materia penal son como 800 mil pesos por cada víctima mortal”, indicó.

Por su parte el abogado Gabriel Alejandro Vidaña Manjarrez, experto en derechos humanos, dijo que el monto en cuanto a reparación del daño podría oscilar en alrededor de 700 mil pesos por víctima mortal, sin tomar en cuenta que hubo otros 28 inmigrantes lesionados por las llamas y el humo.

“Según el promedio de reparaciones económicas que condena incluso la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a los Estados en situaciones de esta naturaleza, puede ser muy variable, pero si es el propio Gobierno federal quien lo hace, probablemente sea cantidades cercanas a los 700 mil pesos por persona más ayuda de gastos funerarios”, dijo Vidaña.

Agregó que además se tienen que cubrir los gastos de repatriación de los cuerpos y de los sobrevivientes.

En la opinión del abogado Vidaña, el Gobierno federal intentará darles algún monto inferior para que no acudan ante la CIDH, debido a que los procesos de resolución son tardados y pueden extenderse hasta de nueve a diez años, ante la exigencia de justicia de los familiares de diversos países sudamericanos.

Empero, una eventual recomendación de la CIDH podría sugerir incrementar el monto del daño a reparar a los deudos.