Otra de Poliplaza: la incapacidad a Tocoli

La entrega de incapacidades por parte de Poliplaza a un policía que el Gobierno local señala que ya contaba con orden de aprehensión, es la más reciente fricción entre la administración pública municipal y la institución privada que, desde 2011, le presta el servicio médico a sus casi 25 mil derechohabientes.

Entre diciembre de 2019 y enero de 2020, el hospital advirtió que cancelaría ciertos servicios de no obtener un “ajuste financiero” del 28 por ciento, con el argumento de que, en esos nueve años de vigencia del contrato de subrogación, había acumulado pérdidas de 40 millones de pesos.

Luego de una negociación, el resultado fue un aumento de 14.5 millones de pesos que se pagaban mensualmente hasta mayo de 2020, a erogaciones que ahora oscilan entre 15 y 20 millones, de acuerdo con datos proporcionados ayer por Carlos Nájera, coordinador de Comunicación Social del Municipio.

“Es un pésimo servicio, pero tenemos que hacer todo conforme a derecho. Si el Municipio hace algo que no vaya bien, conforme a derecho, respecto del servicio, le podría salir mucho más caro a los juarenses, porque al final son las y los juarenses los que están pagando”, dijo el pasado martes el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Por separado, la regidora panista Amparo Beltrán mencionó también que, antes de la llegada de la pandemia de Covid-19, en la institución privada “se lavaron las manos” ante lo que podría ser la carga de hospitalizaciones, motivo por el que el Municipio, dijo la edil, debió instalar un sanatorio móvil entre abril y junio de 2020, con un costo –de acuerdo con archivos periodísticos– de 5.9 millones de pesos.

“Ellos desde un principio se lavaron las manos, y es por eso que la administración tuvo que instalar la carpa, porque Poliplaza no tendría capacidad de cubrir las enfermedades causadas por el Covid de los empleados del Municipio”, dijo ayer Beltrán, que en la administración anterior integró la Comisión de Salud.

“Pero ya antes de eso había retrasos en los servicios; una actividad cotidiana para el hospital son los exámenes médicos, toma prácticamente todo el día para un empleado ir a tomarse ahí los exámenes médicos y poder ser contratado por el Municipio, ese es otro de los ejemplos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los servicios más simples, los básicos no son capaces de cubrirlos, ¿qué podemos esperar del manejo administrativo, que es el caso de las incapacidades y de enfermedades más graves?”, agregó la regidora.

Poliplaza no ha respondido diversas solicitudes de entrevista por parte de este medio.

El amago de cancelación de servicios consta en el acta de la sesión que sostuvieron el 30 de abril de 2020 las comisiones de Hacienda y Salud Pública, cuyos integrantes discutieron la solicitud de “ajuste financiero” presentada por Hospitales de Juárez –razón social de Poliplaza–.

“En fecha del 23 de enero de 2020, Poliplaza reitera al Municipio de Juárez su solicitud de incremento en términos del párrafo anterior, bajo la premisa que de no darse ello se suspendería a partir del 27 de enero de 2020 el suministro de medicinas y atención médica, atendiendo sólo casos de urgencia y el seguimiento a tratamientos médicos prioritarios”, indica el documento oficial.

En julio pasado, este medio reportó que, aun con el aumento en las erogaciones a la institución médica, el Sindicato Único de Trabajadores del Municipio (SUTM), consideraba que no había mejoras en la atención.

“Creo que no quedaron conformes con el contrato que les aprobamos y empezamos a ver muchos retrasos en citas médicas, en consultas, en la proveeduría de medicamentos que deberían estar cubriendo por la póliza, muchas deficiencias en el servicio”, dijo Beltrán.

En ese contexto, señaló la regidora, la expedición de incapacidades al agente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) Aldo Iván Sáenz Tocoli –detenido el pasado viernes– es un abuso contra las arcas públicas.

“Por mucho tiempo ellos conscientemente estaban justificando el pago sin laborar de esta persona. Ahí ya se ve el desdén de Poliplaza hacia los servicios que brinda al Municipio y hacia el presupuesto que es de los juarenses”, dijo Beltrán.

“Creo que la administración debe plantearse, así como otros servicios que se están revisando, como lo de PASA –proveedora de recolección de basura–, como Juárez Iluminado, pues también los servicios médicos, seguramente tendrán mucho qué mejorar y también qué revisar en el contrato, y las penalizaciones que corresponden”, mencionó también.

Consultada al respecto, la directora de Salud del Gobierno municipal, Daphne Santana, señaló que “los ejercicios de revisión son buenos” en todos los contratos de la administración pública.

“Sí hay una área de quejas bastante grande, en donde hay problemas que no han podido solucionarse al momento, así como hay otro grupo de quejas en las que ayuda Trabajo Social de la administración municipal a que se resuelvan en el momento”, dijo Santana.

El hospital Poliplaza fue contratado en junio de 2011 por el Gobierno municipal para prestar los servicios de salud de los alrededor de 25 mil derechohabientes de la administración, de los cuales 10 mil son empleados –entre sindicalizados, de confianza, jubilados y pensionados–.

El pasado viernes, este servicio médico subrogado fue motivo de noticia luego de la detención de ocho agentes de la SSPM por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), que los acusó de secuestro agravado y delincuencia organizada.

Ese día, el Gobierno municipal señaló que investigaría por qué Sáenz Tocoli –que fue uno de los agentes detenidos– contaba con una incapacidad autorizada por Poliplaza dado que, además, se encontraba prófugo de la justicia por otra investigación iniciada en la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Al parecer esta persona que fue detenida recibió una incapacidad médica de Poliplaza y no tenemos ningún elemento para acreditar que haya acudido; entonces, lamentablemente probablemente Poliplaza esté involucrado en este tema y eso me parece muy delicado, lo estamos revisando”, expuso el viernes 8 de octubre el alcalde Pérez Cuéllar.

“Hasta pensamos que (Sáenz Tocoli) ni siquiera se presentó y así lo incapacitaban (…) estamos llevando una investigación a cabo al interior sobre los médicos que extendieron estas incapacidades”, agregó el lunes el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz. 

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