Órdenes de aprehensión, unidad de alto riesgo

Golpes, ataques con perros, agresiones verbales y en el peor de los casos resultar lesionado con cualquier tipo de arma, desde un cuchillo y un bate de beisbol hasta una pistola, es a lo que se enfrentan diariamente los elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) al cumplimentar órdenes de aprehensión en contra de presuntos delincuentes, de acuerdo con testimonios.

 “Otro de los factores que impide la detención de estos criminales es la protección de algún familiar, en muchos de los casos son los propios padres”, recordó ‘Raúl’, un agente retirado, quien solicitó no revelar su verdadera identidad por cuestiones de seguridad.

Dijo que de manera cotidiana tenía que lidiar no únicamente con el delincuente que arrestaba sino con sus mamás y que en una ocasión, la madre de un sujeto que detendría por homicidio les echó encima un perro pitbull, el cual lo mordió en la mano derecha dejándolo con graves lesiones.

Sin embargo, asegura que al pertenecer a la unidad de Órdenes de Aprehensión, los elementos están conscientes de que la persona a la que buscan sigue generando un daño a la sociedad mientras continúa prófuga de la justicia, ya que en muchos de los casos se trata de homicidas, que siguen asesinando personas, violadores que, mientras no son detenidos, dejan más víctimas a su paso.

“Actualmente he visto como han desarrollado grandes y mejores habilidades para la captura de delincuentes, los policías que arriesgan a diario sus vidas han estado llevando a prisión a muchos delincuentes que hicieron mucho mal a la sociedad”, agrega.

A esto se suma la falta de cooperación de algunas empresas, las cuales no acceden a dar información sobre los  prófugos de la justicia y se niegan por completo a entregarlos a las autoridades, destacó.

En el caso de familiares y amigos de las personas que tienen una orden de arresto y que impiden su detención, incurren en el delito de desobediencia y resistencia de particulares, de acuerdo con el Código Penal del Estado.

 “Se le impondrá de seis meses a tres años de prisión a quien, por medio de la violencia física o moral, se oponga a que la autoridad pública o sus agentes ejerzan alguna de sus funciones en forma legal, o resista el cumplimiento de un mandato que satisfaga todos los requisitos legales”, indica el Artículo 277, mientras que el 278 señala que “la pena será de uno a cinco años de prisión, cuando la desobediencia o resistencia sea a un mandato judicial o al cumplimiento a una sentencia”.

El agente retirado asegura que además algunas de las personas que saben que son buscadas por las autoridades están a la defensiva y los esperan armados.

 “Definitivamente la unidad de órdenes de aprehensión es una de las unidades más riesgosas para los policías porque nunca saben la reacción que tendrán por parte del prófugo o en el peor de los casos, que algún grupo del crimen organizado busque el rescate tal y como sucedió con un caso en el año 2010, en el que perdieran la vida dos agentes después de haber llevado la detención de un delincuente ligado al crimen organizado en nuestra ciudad”, recordó.

Ocurrió en julio de 2010 cuando los agentes de la Policía Ministerial Investigadora, adscritos al grupo de Órdenes de Aprehensión, Ernesto Méndez Delgado, de 22 años de edad, y Omar Benito Duarte Vargas, de 23, fueron asesinados a balazos durante una intervención sobre la avenida Adolfo López Mateos, de acuerdo con un archivo periodístico.

Otro hecho reciente ocurrió el pasado 4 de marzo cuando el agente Héctor Efrén Guerrero Almanza, de 34 años de edad, de la Unidad de Autos Robados, murió al ser atacado a balazos cuando intentaba arrestar a Marck Esquibel, un delincuente estadounidense buscado por delitos graves en ese país, quien se ocultaba en un hotel de la avenida Tecnológico.

Pese a tratarse de un caso binacional, el Gobierno estadounidense no anunció alguna indemnización para la familia del investigador y durante su homenaje de cuerpo presente en el patio de la Fiscalía General del Estado, no estuvieron presentes el fiscal general del estado Cesar Augusto Peniche Espejel, tampoco el fiscal de distrito Jorge Nava López, ni el gobernador Javier Corral.