Opera sin el control de las autoridades

Ciudad Juárez— En la zona Centro, entre los negocios con camiones de transporte de pasajeros estacionados sobre calles como Lerdo, Galeana o Manuel Bernal, en el único que destaca por tener documentos a la vista, éstos prohíben las actividades que ahí se realizan, como “el manejo de unidades de transporte en el punto” y “la venta de boletos”.

El argumento del propietario, Jesús Rodríguez Alaniz, es que el resto de los establecimientos hace lo mismo, incluyendo una filial de la compañía líder en el mercado nacional, Ómnibus de México, que, como se confirmó en la taquilla, también aborda pasajeros sobre la vía pública aun cuando su terminal está kilómetros al sur, en la avenida Teófilo Borunda. 

“No me dejan de otra”, dice Rodríguez Alaniz, propietario de Guerreros de la Comarca. 

Sin control por parte de las autoridades, en Ciudad Juárez operan diversos establecimientos que venden boletos de transporte foráneo de pasajeros y realizan abordajes pese a que sólo cuentan con permiso federal de turismo. 

Tan sólo en esa parte de la zona Centro, de acuerdo con la Dirección de Desarrollo Urbano del Gobierno municipal, “se localizaron ocho negocios en el lugar con fines turísticos”, los cuales, agregaron los datos de la misma dependencia, “sólo tienen permiso de oficina de atención al público y nada de paraderos de autobús”. 

Información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) muestra, además, que este tipo de autorizaciones va en aumento, ya que mientras la estadística de 2018 indica que ese año se otorgaron 23 permisos de turismo en la entidad, la delegación estatal reportó que en 2019 van 60.

Y son la mayoría de éstos últimos, de acuerdo con la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), los que son utilizados para expedir boletos de viaje y transitar como autobuses foráneos, originando así el carácter “pirata” del servicio.

“El permiso de turismo es exactamente para ese servicio: cuando una familia o grupo tiene una boda en otra ciudad y contratan un autobús completo para que los lleve a un lugar”, dice Genaro Morán, delegado de la Canapat en el estado de Chihuahua.

Autoridades evaden su 

responsabilidad, acusan

La organización empresarial identifica a la Policía Federal como responsable de la vigilancia de este tipo de unidades de autotransporte en las carreteras, mientras que diversas autoridades, dice Morán, “evaden su responsabilidad” de vigilar los establecimientos donde se expiden los boletos y abordan los camiones.

Morán señala a oficinas de los gobiernos federal, estatal y municipal, como la Dirección de Desarrollo Urbano, que permite “que los establecimientos donde se venden boletos de viaje y abordan pasaje no cuenten con uso de suelo, licencia de funcionamiento y permiso de la SCT para explotar servicio de pasaje foráneo”. 

La Dirección de Comercio podría aplicar clausuras por estos faltantes y la Dirección de Tránsito, agrega Morán, omite aplicar el artículo 46 del Reglamento de Vialidad para el Municipio de Juárez, que prohíbe “el estacionamiento de vehículos de transporte foráneo de pasajeros federal en la vía pública, así como detenerse a levantar pasajeros fuera de los lugares autorizados para tal efecto”. 

En el ámbito federal, el representante de Canapat menciona que podrían intervenir desde la Procuraduría Federal del Consumidor sancionando la falta de instalaciones adecuadas, hasta el Instituto Mexicano del Seguro Social, revisando la derechohabiencia de los vendedores de boletos, o el Servicio de Administración Tributaria, pidiendo comprobantes de pagos de impuestos.

Toleran hasta 

tres infracciones

La SCT, reportó también la Canapat, mantiene un margen de tolerancia y sólo retira documentos cuando los permisionarios cometen hasta tres infracciones en un mes.

Mientras que las autoridades de Transporte del Estado, agregó Morán, podrían vigilar a los autobuses foráneos y “así como revisan e infraccionan al transporte urbano, deben sancionar a los autobuses foráneos que cargan pasaje sin autorización”.

Las autoridades, sin embargo, reportan márgenes limitados de intervención.

Desde el 9 de diciembre, ante el señalamiento de la Canapat, la SCT envió un posicionamiento a este medio señalando que “es la Guardia Nacional, Dirección General de Seguridad en Carreteras, antes Policía Federal, quien tiene la facultad para infraccionar y detener a vehículos en la red carretera federal que circulen de manera irregular”.

También, que “el Centro SCT Chihuahua sólo realiza operativos de pesos y dimensiones en puntos fijos de la red carretera federal y las inspecciones físico mecánicas se realizan en centrales camioneras establecidas”.

El lunes 16 de diciembre la delegación estatal de la SCT agregó “que tras otorgar el permiso, el Centro SCT Chihuahua, a través de sus inspectores federales, realiza inspecciones en los domicilios fiscales de las empresas que estén radicadas en el estado”, aunque no reportó resultados de este tipo de revisiones.

La Dirección de Transporte del Estado, por su parte, insistió en que la vigilancia es de la SCT y de la PF debido a que “el servicio que prestan es de turismo y transitan por los caminos nacionales de jurisdicción federal”.

Luis Lugo Ordorica, jefe del Departamento de Transporte del Gobierno del Estado en esta frontera, agregó en una respuesta a este medio que la dependencia vigila transpote local, “pero esos camiones piratas que llevan personas se trasladan de un estado a otro”.

Cuestionado sobre los señalamientos de Canapat, el Gobierno municipal sólo envió los datos de Desarrollo Urbano. 

Para Morán, la falta de actuación de las autoridades es parte del problema, que es sólo noticia, agregó, después de que se presentan accidentes, como el que el pasado 5 de diciembre cobró la vida de 14 personas. 

La unidad siniestrada entonces fue vinculada por la Fiscalía General del Estado con las compañías Turismos Torres, de la ciudad de Torreón, y Transportes Gámez, ubicada en esta frontera y donde, como en la primera, se realizan actividades de venta de boletaje.

De acuerdo con un comunicado de la SCT difundido el día del accidente, la unidad operaba con “permiso de turismo”, otorgado en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, aun cuando el servicio descrito por los sobrevivientes correspondió con el de transporte foráneo. 

“Con pena digo: esto va a ser noticia uno o dos meses, y luego no hasta que haya otro número de muertos, porque no se resuelve absolutamente nada”, planteó Morán desde los días posteriores al accidente.

Incumplen también formales 

La descripción de Morán coincide con las actividades de diferentes establecimientos ubicados en la zona Centro, en cuyos exteriores había tres camiones de transporte de pasajeros estacionados la mañana del sábado 14 de diciembre.

Una de las unidades estaba afuera de Transportes Gámez, la compañía responsable de la unidad accidentada el jueves 5 de diciembre y donde las operaciones continuaban con normalidad en una oficina sobre la calle Lerdo. 

Ninguna persona a cargo de los establecimientos reportó haber recibido inspecciones de autoridades más que visitas de los medios, y sólo el propietario de Guerreros de la Comarca accedió a dar entrevista en ese punto de venta.

“Estamos pagando justos por pecadores”, dijo Rodríguez Alaniz al acceder a dar su nombre y afirmar que por el accidente de Transportes Gámez todos cargan con el estigma de “piratas”.

“Opero como Ómnibus en la Comarca, con los mismos permisos”, dijo Rodríguez ante los cuestionamientos y aludiendo a la compañía ubicada a pocos metros de la suya, en el extremo sur de la calle Manuel Bernal. 

Ahí, un rótulo explica que Ómnibus en la Comarca pertenece a la compañía Ómnibus de México, de la cual exhibe también logos oficiales, mientras que en el interior un vendedor confirma que afuera, sobre la calle, también se realizan los abordajes. 

Cuestionado al respecto, Morán, que también representa dentro de Conapat a Ómnibus de México, explica que el establecimiento es filial de la citada compañía y que opera con el permiso de la terminal que tienen sobre Teófilo Borunda, a un costado de la Dirección General de Tránsito Municipal.

El trabajo de ascenso y descenso de pasajeros, sin embargo, dice Morán, contradice también el Reglamento de Tránsito citado. 

“Lo que puedo decir es que las sucursales de Ómnibus en la Comarca trabajan basadas en su permiso de su terminal central, pero, en caso de poner la ley pareja, entraría también Ómnibus de la Comarca, que no podría abordar ahí pasaje”, dijo Morán, quien, como Rodríguez Alaniz, dijo esperar que el reglamento se aplique “parejo”.

srodriguez@redaccion.diario.com.mx