‘Olvidaron’ a 145 niños al salir de la escuela

Ciento cuarenta y cinco niños que no fueron recogidos a tiempo por sus padres al término de las clases fueron asegurados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) a solicitud de directivos escolares.

Estos resguardos fueron realizados por seguridad de los estudiantes durante el período comprendido desde el 1 de septiembre de 2018 hasta el pasado 31 de enero, dio a conocer Arturo Sandoval Figón, vocero de la corporación. 

Esta medida radical, asumida para velar por la integridad de los alumnos forma parte del protocolo de Convivencia Escolar y establece que en casos de retrasos y después de agotar la búsqueda de los padres para recoger a los menores a la salida de clases se pide el apoyo a la SSPM, explicó Judith Soto Moreno, titular de la Subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte.

La acción ha sido calificada de ilegal por defensores de los derechos de la infancia, al aseverar que es competencia de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que depende del DIF Estatal “Es totalmente fuera de la ley que la Policía asegure a los niños y adolescentes. No es competencia de la Policía Preventiva el resguardo de los niños, sino de la Procuraduría de Defensa del Menor, una institución que está totalmente rebasada por la falta de presupuesto”, mencionó Lidia Cordero, directora de Casa Amiga Esther Chávez Cano, que integra la Red por la Infancia.

Sin embargo, esa dependencia estatal cuenta, sólo para Juárez, con 83 empleados y su campo de acción es tan amplia que el personal está saturado.

La seguridad de los estudiantes que no son recogidos a tiempo por sus padres es motivo de preocupación nacional, luego del crimen de la niña Fátima, a quien dejaron fuera del plantel los directivos de la escuela y una mujer se la llevó caminando.

En Juárez, donde siete menores han sido asesinados en lo que va del presente año, el feminicidio de Fátima también ha conmocionado a la población en general. 

Ayer el alcalde Armando Cabada convocó a una reunión urgente a titulares de la SSPM, Seguridad Vial, Protección Civil, DIF, SIPINNA y otras dependencias públicas, a fin de revisar y actualizar los protocolos de seguridad para la entrega de alumnos en escuelas públicas y reforzar la seguridad en los planteles.

“Se plantean trabajos conjuntos y coordinador entre sociedades de padres de familia, maestros y directivos de escuelas y el Gobierno Municipal. El bienestar de nuestros niños es tarea de todos”, dice la convocatoria difundida ayer en las redes sociales de Seguridad Vial. 

Momento de reflexión y actuación

El crimen de la niña Fátima lleva a la reflexión a la sociedad en general sobre la ausencia de políticas públicas para la protección de la infancia, al considerar que no sólo los maestros son los responsables de la tutela de niños dentro de las escuelas, expuso Catalina Castillo, directora de la Organización Popular Independiente (OPI).

“El tema de la niña Fátima nos ha puesto un dedo en la llaga a todas y todos ante las problemáticas tan fuertes que hay y de la vulnerabilidad que prevalece para niños y más en particular para las niñas, porque sigue siendo una violencia de género”, agregó Lidia Cordero.

“No me gustaría poner la responsabilidad del cuidado de los estudiantes al concluir las clases sólo en la institución educativa, lo he escuchado muchísimo, como que la escuela no debió dejarla salir y ponen la responsabilidad en la escuela, que sí la tiene, pero tenemos que reflexionar más a fondo”, planteó.

“Seguimos siendo una sociedad gestante de depredadores sexuales, depredadores que están en la calle y conviven en la sociedad aprovechando esas áreas vulnerables en que se encuentran niños”, refirió.

Dijo que el tema de la seguridad en la escuela es importante, por lo que insistió en ajustar ajustando los protocolos de convivencia escolar.

“Pero no dejarlo solamente en eso, sino en un análisis integral de lo que está ocurriendo en ciudades como Juárez, donde un niño no puedan salir de su casa a jugar porque no están seguros, quitándoles el derecho a un esparcimiento sano, libre, digno, porque no se les puede perder de vista ni un instante”, abundó.

Desde el año 2001 Casa Amiga ha trabajado en la investigación y atención de la problemática de la violencia sexual infantil y particularmente en el tema de la prevención dentro de las escuelas ubicadas al suroriente de la ciudad, por el contexto de violencia y marginación que se vive en ese amplio sector de la ciudad y que conocen de primera mano los educadores.

“A través de estos años hemos estado en contacto con las necesidades de los maestros, su formación, las propias capacidades que tienen para identificar situaciones de riesgo de los niños, desde violencia sexual, maltrato infantil, violencia familiar en el interior de los hogares”, explicó Cordero.

Y todo este riesgo se multiplica cuando la madre labora largas jornadas que la imposibilitan a recoger a sus hijos personalmente y depende de terceras personas porque  la vida laboral de las personas, sobre todo mujeres que están en el suroriente de la ciudad, es compleja. Los horarios de producción en las maquiladoras y los horarios de entrada y salida de las escuelas de los niños no están compaginados y esa siempre ha sido una latente de las familias en Juárez.

 “Por ello tienen que dejar a los menores solos en casa al cuidado de un hermano más grande y vecinos que tienen que recogerlos y en muchos casos nadie acude por ellos”, explicó.

 “Entonces el propio protocolo de convivencia escolar dice que se debe llamar a la Policía, lo cual es totalmente fuera de la ley, no debe ser la Policía Municipal quien los resguarde, sino la Procuraduría de Protección”, planteó.

Procuraduría rebasada

En las escuelas intervenidas por Casa Amiga se han creado protocolos internos según las capacidades de cada escuela para formal roles de guardias. 

“Nuestro trabajo es explorar, si esto ocurre más de dos veces por semana, entonces ya le corresponde a la escuela poner una denuncia ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que es la institución correcta de hacer una investigación en la familia por la posible omisión.

Sin embargo, expuso Cordero, esta institución dependiente del DIF Estatal carece del presupuesto para actuar en muchos casos, por tener una excesiva carga de trabajo y poco personal.

“A la autoridad que le corresponde atender a estos niños es la Procuraduría de Protección pero ahí no tienen protocolo para esto y se hace el cuello de botella, sabemos que ahí es donde hay mucho trabajo por hacer, donde el presupuesto no alcanza”, dijo la activista social.

“Debe haber personas a cargo, que lo haga la Policía es por la falta de protocolos especializados y no responsabilizando a la autoridad que realmente le corresponde y sobre todo se hace justo concientizar a la población de que tenemos que pugnar por una procuraduría de protección de niños más fuerte, con más recursos para la infancia, ese sigue siendo el tema de los recursos para la infancia están totalmente limitados”, abundó.

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