Ofrecen protección a menores extranjeros

Más de 930 menores extranjeros que han arribado a Ciudad Juárez junto a sus familias, tras ser expulsados de Estados Unidos bajo el Título 42, han sido canalizados durante 2021 por el Instituto Nacional de Migración (INM) a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de garantizar el cumplimiento de sus derechos en México. 

De acuerdo con el coordinador del Centro Integral de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes “Nohemí Álvarez Quillay”, José Alfredo Villa Sánchez, se trata de aproximadamente 900 familias, integradas por cerca de 2 mil personas; el 5 por ciento de las cuales han pedido apoyo para lograr el refugio en México, debido a que huyeron de su país por situaciones de violencia extrema y no pueden regresar.

La medida forma parte de las reformas a la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político mediante las cuales se busca garantizar de manera más efectiva el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia migrante, solicitante de asilo y refugiada.

“La idea de esta ley, además de muchas otras protecciones de los migrantes, es que las niñas, niños y adolescentes, aunque vengan acompañados de su familia, no estén en la estación migratoria, y que además nosotros, derivado de la intervención, podamos emitir un plan de restitución de derechos para estos niños”, explicó el funcionario estatal. 

La mayoría de los casos han sido recibidos durante abril y agosto, los meses de más expulsiones de familias centroamericanas, debido a que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ha trasladado en aviones a El Paso a miles de migrantes que ingresan a su país por McAllen, frontera con Reynosa, Tamaulipas, y luego son expulsados a México a través de Ciudad Juárez.

Villa Sánchez explicó que al ser expulsados de Estados Unidos, los migrantes son recibidos por personal del INM en el puente Stanton-Lerdo, y trasladados a las oficinas de Grupo Beta, para comenzar con su proceso de recepción. 

“Migración inicia su procedimiento administrativo con ellos, para darles su permiso (por 30 días), para que estén aquí en México de manera regular”, todas las familias con menores son canalizadas a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el cual es apoyado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), para realizarles una entrevista inicial y detectar los casos urgentes, como el que un niño tenga que ser trasladado a un hospital. 

En el proceso de recepción instituciones gubernamentales, agrupaciones binacionales y organizaciones internacionales les dan alimentos y bebidas, kits de aseo personal, realizan actividades con los menores, les hacen revisiones médicas, les dan medicamentos y les hacen pruebas de Covid-19.

“Hacemos una entrevista inicial para aplicar alguna medida de protección urgente, como si algún niño necesita ser llevado al hospital. Cuando termina su proceso Migración pone a las familias a disposición de nosotros, y trabajamos de la mano con el Municipio y con el Consejo Estatal de Población (Coespo) para llevarlas a un albergue”, informó. 

Ya dentro del albergue, personal de la Procuraduría entrevista a los padres sobre los motivos de su migración, ya que aunque el enfoque son los menores, la mayoría son niños entre meses y seis años de edad.

“La entrevista en el albergue es para la determinación del interés superior del niño, y obviamente si vemos necesidades de protección internacional, de que no puedan regresar a su país, iniciamos el proceso con la Comar (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados).

Si ellos quieren retornar puede ser con Migración o a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que nos está apoyando con los retornos voluntarios asistidos, pero OIM también hace una entrevista para ver que efectivamente si regresan no vayan a correr algún riesgo”, comentó. 

Del total de los casos atendidos, la mayoría abandonan el procedimiento, ya que un 85 por ciento se van de los albergues; un 10 por ciento piden apoyo para llevar a cabo su regularización temporal en el país ante el INM, el cual les otorga una tarjeta de visitante por razones humanitarias con una vigencia de un año, la cual se puede renovar durante cuatro años consecutivos y posteriormente se les da la permanente. 

El otro 5 por ciento solicitan el refugio. “Vienen por casos de violencia y se busca qué es lo mejor para la familia, pero tiene mucho qué ver con la voluntad del adulto, si va a permanecer aquí en México o no, porque también hay personas que quieren permanecer aquí, que ven que no es tan fácil ir a Estados Unidos” y no pueden regresar a sus países de origen.