Obliga juez a Fiscalía a investigar el PMU

Ciudad Juárez— Un Tribunal de Control ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar las presuntas irregularidades encontradas en el Plan de Movilidad Urbana (PMU) por alrededor de 500 millones de pesos. 

La jueza Nancy Cristina Reyes Esquivel revocó la determinación que había emitido el pasado 21 de enero el Ministerio Público (MP) adscrito a la FGE, en el sentido de no investigar y dar por archivado el asunto.

También ordenó activar la indagatoria para que determine si existe delito y responsabilidad por parte de los exacaldes priistas Héctor Agustín Murguía Lardizábal, Enrique Serrano Escobar y Javier González Mocken, así como diversos funcionarios que pusieron en marcha el PMU, y del actual edil, Héctor Armando Cabada Alvídrez.

“Se revoca la determinación de abstención emitida por parte del Ministerio Público y se ordena reanudar la investigación, practicar las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos”, dijo la jueza ante los abogados de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y de los representantes legales de los expresidentes municipales y funcionarios que operaron el proyecto de obra pública.

La denuncia penal fue presentada en marzo de 2018 por Armando Valenzuela Beltrán, encargado del despacho de la ASE.

Nueve meses después –el 19 de diciembre– el MP adscrito a la Fiscalía a la Unidad Especializada Contra el Servicio Público y Adecuado Desarrollo de la Justicia, Carlos Galindo Torres, y la coordinadora de esa área, María Esther Nery Olmos, emitieron la resolución en la que determinaron no ejercer acción penal en el número de caso 37/2018/0042844, correspondiente a la querella por posibles irregularidades encontradas en el PMU.

El pasado 21 de enero el MP notificó tal resolución a la ASE y el 5 de febrero esta instancia pidió que un Tribunal de Control revisara si fue legal o no la determinación del MP. 

Por ello el lunes pasado se llevó a cabo la primera audiencia de control judicial, que básicamente tuvo por objeto que la jueza Reyes revisara si fue correcta o no la determinación del MP.

Tanto los abogados de la Auditoría Superior como el agente del MP César Reyes y los representantes de los expresidentes municipales y funcionarios presentaron sus argumentos.

Reyes emitió ayer su resolución, en la que dijo que el MP pasó por alto la existencia de la denuncia interpuesta por la ASE desde hace un año y cuatro meses y no realizó ningún acto de investigación.

Además que no tomó en cuenta el informe técnico respecto a una auditoría pública en la que se advirtieron irregularidades por aproximadamente 500 millones de pesos en la implementación del PMU, a pesar de que el MP es el órgano encargado de advertir conductas ilícitas y debe definir posibles líneas a indagar.

La jueza tomó una parte de la denuncia interpuesta por el representante de la Auditoría Superior, en la que se establece que “es claro que el PMU quedó muy lejos de cumplir con los objetivos fundamentales de lo proyectado, porque los juarenses y la comunidad chihuahuense se cuestionan si los recursos económicos destinados y pagados se aplicaron al mismo o fueron a parar a las bolsas de los funcionarios”.

“Se simularon actos jurídicos, se falseó información, hubo una manipulación del proyecto y de los contratos, lucraron con ellos. Los funcionarios permitieron la utilización de insumos de baja calidad, no revisaron la obra, no se le ha dado ningún mantenimiento, no entregaron formalmente la obra ni los trabajo de supervisión. Es clara la existencia de actos de corrupción que permitió desviar recursos públicos para su propio y exclusivo beneficio” se indica en un extracto de la denuncia interpuesta por la ASE.

A la diligencia acudieron los abogados de exalcaldes Murguía Lardizábal, Serrano Escobar y González Mocken, así como los defensores de Héctor Arcelús Pérez, Roberto Rentería Manqueros, Ernesto Mendoza Viveros, Jorge Vázquez Guzmán, Manuel Ortega Rodríguez, Juan Miguel Orta Velez, Jorge Mario Quintana Silveyra, Oscar Luis Pérez Pérez y Gerardo Silva Márquez.

También los abogados del actual alcalde Armando Cabada, debido a que el Tribunal de Control los citó pues sobre ellos podrían tener alguna responsabilidad penal en las presuntas irregularidades detectadas en el PMU.

Datos periodísticos agregan que el Plan de Movilidad Urbana contemplaba al inicio 63 obras, de las cuales se terminaron sólo 50, que consisten en pavimentación de calles con concreto, puentes elevados y otras obras de imagen urbana, como reforestación y banquetas.

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