Medidas de Biden, ‘otro muro fronterizo’

Ciudad Juárez.— Organizaciones estadounidenses que apoyan a los migrantes en Ciudad Juárez y El Paso calificaron como “sólo otro muro fronterizo” las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno de Joe Biden ante el fin de la Orden de Salud Pública del Título 42 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el cual se espera el próximo 11 de mayo. 

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ) anunciaron que las personas migrantes primero deben buscar protección en un país por el cual viajen hacia Estados Unidos, a menos que cumplan con excepciones específicas, y tendrán que programar su ingreso a través de la aplicación móvil CBP One, como lo hacen actualmente ante un sistema saturado. 

“Son madres, padres, tías, tíos y miles de niños que simplemente buscan una oportunidad justa para que su caso sea escuchado. Instamos a la administración del presidente Joe Biden a abandonar las iniciativas políticas que promueven la agenda inhumana e ineficaz de la administración de Donald Trump”, denunció la organización Las Americas Immigrant Advocacy Center. 

La organización que ha apoyado a miles de migrantes mexicanos y extranjeros para que puedan cruzar de Ciudad Juárez a El Paso a través de una excepción humanitaria al Título 42, denunció que la “prohibición de tránsito” anunciada por Estados Unidos limitará aún más el acceso de los refugiados al asilo, ya que a los migrantes que pasen un tercer país en ruta a los Estados Unidos, sin buscar asilo ahí, se les negará el asilo. 

“El anuncio representa una adopción flagrante de las odiosas e ilegales políticas contra el asilo que conducirán a un sufrimiento humano innecesario”, señaló Marisa Limón Garza, directora ejecutiva del Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas. 

Dylan Corbett, director de la organización El Instituto Fronterizo Esperanza (Hope), también denunció que “con la prohibición de tránsito de asilo, la administración Biden está jugando duro con los derechos y la seguridad de los migrantes vulnerados en la frontera. Son sus pocas excepciones, tiene la apariencia de respetabilidad y, al ser temporal, cínicamente hace pasar al administrador”. 

Un derecho humano

Al recordar la campaña estadounidense de “Welcome With Dignity-Bienvenidos con dignidad”, The Hope Border Institute señaló que buscar asilo en la frontera, donde quiera que estés y como hayas llegado, y sin importar de qué país vengas, sigue siendo un derecho humano y un derecho legal, sin importar qué administración esté en el cargo. 

DHS y DOJ argumentaron el martes que “la regla propuesta es una medida de emergencia que pretende responder a los niveles elevados de encuentros anticipados después del levantamiento de la Orden del Título 42. Como tal, está diseñado para tener una duración temporal, y se aplica a quienes ingresan a los Estados Unidos por la frontera terrestre suroeste durante los 24 meses posteriores a la fecha de vigencia de la regla y posterior al levantamiento de la orden del Título 42.

La organización pidió a la administración de Biden que tome medidas que respeten los derechos para restaurar el asilo en los puertos de entrada, mejorar el procesamiento de refugio, fortalecer las capacidades de recepción de migrantes en otros países y defender la ley de asilo. 

La expulsión que comenzó el 21 de marzo de 2020, cuando el entonces presidente, Donald Trump, “de conformidad con el Título 42 de la Sección 265 del Código de los Estados Unidos, determinó que debido a la existencia de Covid-19 en México y Canadá, existe un grave peligro de que se siga introduciendo Covid-19 en los Estados Unidos; que la prohibición de la introducción de personas o bienes, en todo o en parte, desde México y Canadá se requiere en interés de la salud pública”.

De acuerdo con las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, en casi tres años de permanencia del Título 42, la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso ha realizado 421 mil 049 expulsiones de personas migrantes, con el argumento de que “representan un riesgo para la salud”.