Llevan a Chihuahua a detenidos por jueves negro

Las dos audiencias iniciales contra seis personas detenidas en el contexto de los asesinatos y siniestros del pasado jueves fueron trasladadas a la capital del estado con el fin, se informó, de evitar represalias y más actos de violencia en esta frontera. A ninguno de los procesados se le fincaron cargos por alguno de los once homicidios registrados ese día.

Otro dato que destacó en la audiencia contra el grupo arrestado en la colonia Infonavit Ampliación Aeropuerto fue el aseguramiento de 311 casquillos percutidos de armas calibres .223, 7.62 y 9 mm encontrados en los alrededores de la vivienda 9714 de la calle Ajenjo Oriente.

El motivo del traslado de los dos procedimientos a la ciudad de Chihuahua fue indicado por el tribunal de Control, cuya titular leyó el acuerdo tomado entre el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.

“Existen razones concretas y reales, así como motivos y circunstancias que pueden afectar el orden público, como podría ser detonar más hechos violentos en Ciudad Juárez, Chihuahua, como represalia por el grupo delictivo y sobre todo la integridad del personal que conforma tanto el Poder Judicial como la Fiscalía General asentados en dicha región”, indicó una juez, cuyo nombre no fue difundido.

“Hay datos objetivos y públicos que hacen presumir la peligrosidad de los probables responsables”, agregó la juez.

El primer procesado –cuyo arresto fue declarado legal– fue Jorge Antonio C. B., de 33 años, detenido la tarde del mismo jueves 11 por elementos de la SSPM que lo encontraron retenido por diversas personas luego de presuntamente haber provocado el incendio de un camión de transporte de personal en el fraccionamiento Riberas del Bravo.

Sobre él, la narrativa de los hechos indicó que fue identificado por el propietario de la unidad, quien salió de su casa de la calle Riveras de Delicias al escuchar ruidos y vio que al camión le salían humo y llamas.

Al salir a tratar de extinguir el fuego junto con su padre, agregó el relato presentado por el Ministerio Público, Jorge Antonio C. B. y otras dos personas regresaron al domicilio y, poniendo en peligro la vida de los afectados, lanzaron otra bomba molotov.

“Cuando estaban arriba del camión realizando estas maniobras para sofocar el incendio, regresaron los tres hombres y el de playera gris aventó otra bomba, por lo cual destaca que apagaron el incendio, bajaron y los tres personas empezaron a correr, por lo tanto salieron tras los mismos, les dieron alcance en la calle Tepeyac, y entre otras personas los retuvieron”, agregó la acusación.

La defensa solicitó la aplicación del Protocolo de Estambul debido a que el detenido presentaba golpes visibles.

C. B. fue acusado de daños, ataque a la paz pública y homicidio en grado de tentativa por haber puesto en peligro la vida de los propietarios de la unidad de transporte.

Otras dos personas reportadas como detenidas junto con él entre las calles Riveras de Delicias y Tepeyac –e identificados como Julio César S. R. y Marcos C. C.– no fueron presentados en la audiencia de ayer.

Más de 300 disparos; piden Protocolo Estambul

En una siguiente audiencia fueron procesados cinco de seis detenidos la madrugada del viernes en la colonia Infonavit Ampliación Aeropuerto, todos los cuales pidieron hacer uso de su derecho a declarar y denunciaron haber sido golpeados y cubiertos con sendas bolsas en la cabeza, por lo que también se solicitó la aplicación del Protocolo de Estambul para determinar si hubo tortura.

Otro detenido, de nombre William Serafín L. P. o Francisco Alejandro M. A., no fue presentado ante el Poder Judicial debido a encontrarse en el Hospital General de esta frontera recibiendo atención médica.

La narrativa de estos arrestos indicó que la intervención policiaca se originó luego de que un reporte anónimo denunció la presencia de personas armadas a bordo de una camioneta Chevrolet Tahoe color guinda sin placas.

Al llegar los uniformados y marcarles el alto, se informó, los tripulantes detuvieron la marcha en la calle Ajenjo Oriente, frente a la casa número 9714, luego de lo cual bajó un hombre armado –identificado posteriormente como Ezequiel A. C.– que empezó a disparar contra los agentes, impactando una de las unidades y obligando a los uniformados a pedir apoyo al resto de las corporaciones.

Mientras disparaba, Ezequiel A. C. corrió al interior de la vivienda (de dos pisos), de la cual salieron otros hombres que también empezaron a disparar contra los agentes, hiriendo al policía Francisco Antonio Molina González, que recibió dos impactos en el área del abdomen bajo.

Otros elementos observaron entonces que sobre el techo de la vivienda se encontraban otros dos hombres armados –William Serafín L. P. y Víctor Hugo L. T.– que también disparaban mientras los uniformados seguían pidiendo ayuda.

En ese momento, se agregó, llegó la unidad del titular de la SSPM, César Omar Muñoz Morales, así como otras de la Secretaría de la Defensa (Sedena) que “solamente” brindaron seguridad perimetral en el lugar.

“Con el propósito de repeler la agresión y debido a que la vivienda se encontraba con el portón metálico cerrado, la unidad del secretario de Seguridad Pública Municipal se usó para derribar el portón de dicha vivienda y fue cuando la unidad recibió diversos impactos de bala en su carrocería, con lo cual se puso en peligro la vida e integridad del secretario”, indicó la acusación.

Mientras un grupo de agentes ingresaba en la casa, otros dos vieron que los que estaban en el techo brincaron hasta caer sobre la calle Anémona (paralela a la Ajenjo) y corrieron hasta subirse a un vehículo marca Chevrolet color naranja que estaba a media calle con las intermitentes encendidas y que también fue interceptado por los policías, que arrestaron ahí a William Serafín, a Víctor Hugo L. T. y a José Antonio L. G.

En la casa, mientras, estaban los identificados como Ezequiel A. C., Manuel Alfredo L. G. y José Adrián V. L., quienes al ver el ingreso de los agentes de inmediato soltaron las armas de fuego y trataron de escapar por la barda trasera, pero fueron alcanzados por los policías.

La narrativa contrasta con lo difundido por la SSPM en un boletín del viernes, en el cual indicó que la intervención del vehículo entre las calle Copaiba y Ajenjo obedeció a “que se tenía información sobre los responsables de haber incendiado una tienda de conveniencia”.

Sobre este incendio, sin embargo, no se aportaron ayer datos.

Todos los detenidos quedaron en prisión preventiva con cargos de daños y asesinato en grado de tentativa, y solicitaron la duplicidad del término constitucional de 144 horas para conocer su situación jurídica, lo cual se resolverá el jueves 18 de agosto para el caso de Jorge Antonio C. B., y el viernes para el resto.

Las dos audiencias fueron transmitidas sólo por audio ante los medios de comunicación de esta frontera en una sala de los juzgados civiles.

Los once asesinatos de ese jueves –incluyendo los de dos reos en una riña en el Centro de Readaptación Social estatal número 3, de esta frontera– y la serie de ataques armados e incendios provocados fueron considerados por la iniciativa privada estatal como actos de “terrorismo”.

redaccion@redaccion.diario.com.mx