Lleva padre Aristeo un año en prisión domiciliaria

Ciudad Juárez.— Ayer se cumplió un año de que el sacerdote Aristeo Baca Baca fue encontrado culpable de los delitos de violación agravada y abuso sexual agravado en contra de una menor de edad, tiempo durante el cual ha permanecido en arresto domiciliario sin que sea recluido en el Centro de Readaptación Social para Adultos (Cereso).

Su abogado defensor, Maclovio Murillo, dijo que el proceso de apelación que interpuso se encuentra “paralizado” y que siguen a la espera de una resolución.

El fallo en contra de quien fuera el párroco de la iglesia Santa María de la Montaña, se dictó por unanimidad del tribunal de enjuiciamiento integrado por los jueces Carlos Jaime Rodríguez García, Florina Coronado Burciaga y Arnulfo Arellanes Hernández el 22 de febrero de 2021 tras 15 días de juicio oral. 

Se determinó que la violación agravada se cometió en dos ocasiones, a fines de diciembre de 2015 y el 28 de enero de 2018, y el abuso sexual agravado ocurrió en septiembre de 2016, todos ellos en la casa parroquial.

La víctima participaba como monaguilla en la parroquia del padre Aristeo, ubicada en la colonia Santa María, y sus padres eran los tesoreros de la misma, además de que eran parte de la sacristía, según trascendió durante el juicio. 

La agente del Ministerio Público, Consuelo Iveth Arredondo Serna, durante sus alegatos de clausura retomó la narración de la víctima, quien dijo que los agravios iniciaron a fines de 2015, cuando el cura la sentó en sus piernas y le introdujo los dedos; otro de los eventos mencionados es el de septiembre de 2016, cuando le hizo tocamientos mientras veían una película en la casa parroquial, y el último que se menciona es en enero de 2018, antes de la misa dominical de las 8:00 de la mañana, cuando menciona que nuevamente le introdujo los dedos, además de que dos veces la llevó por un helado junto con los niños de la casa hogar y después de ahí la llevaba a la casa parroquial.

En aquella ocasión el abogado del sacerdote destacó que la versión de la menor no era creíble y que sus padres la hicieron declarar una vez que se les quitó su responsabilidad como tesoreros ante la sospecha de que había faltantes en el dinero.

Expuso también que la perito Diana Fabiola López Peinado, de la Fiscalía General del Estado, quien presentó el examen ginecológico que se practicó a la víctima, reconoció que no es ginecóloga y que emitió su dictamen sin las pruebas científicas necesarias.

El 17 de marzo, la FEM presentó la apelación que consiste en que se estableció un grado de culpabilidad menor al que corresponde. Aunque esta instancia no solicitó una sanción en específico, sí consideró que por estos delitos se deben aplicar penas máximas, dijo su titular Wendy Chávez Villanueva.

Por su parte, el defensor del sacerdote explicó que la apelación se interpone ante el mismo tribunal oral que emitió la sentencia de primera instancia, éste la envía a una Sala Penal del Tribual Superior de Justicia y  después de tramitarla debe emitir un fallo, confirmando, modificando o revocando el fallo de primera instancia.