Llegó jefe de INM cuando ya sacaban los cuerpos

Ciudad Juárez.— El trato inhumano que brindó el personal del Instituto Nacional de Migración (INM) a los migrantes privados de la libertad en la estación tipo “b” fue expuesto ayer en la audiencia de formulación de imputación contra las cinco personas acusadas del homicidio de 39 extranjeros y las lesiones de otros 28, en el incendio registrado el pasado lunes 27 de marzo.

El responsable del Instituto llegó al lugar cuando ya estaban sacando los cuerpos, leyó el Ministerio Público Federal (MPF) en la audiencia.

Sólo los venezolanos ingresaron ese día. Los demás estaban en la estancia desde el 25 de febrero y algunos más ingresaron el 24 de marzo a las instalaciones que deben alojar por un máximo de 72 horas a los extranjeros antes de proceder a su repatriación o traslado al interior del país, expuso la agente del Ministerio Público Federal de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República (FGR).

El guardia de seguridad acusado, Alan Omar P. V., declaró al MPF que fue él quien encontró un encendedor entre las pertenencias de uno de los venezolanos, detenidos ese mismo lunes en el operativo del INM.

“Entonces forcejeamos, le quité lo que traía en la mano y efectivamente era un encendedor, yo se lo enseñé a varios oficiales de Migración, incluso al encargado (de la estación provisional) de nombre Daniel G. Y. y le dije ‘mire lo que traían’, pero sólo me escucharon”, declaró el guardia.

Este es uno de los testimonios que forman parte de la carpeta de investigación 491/2023, presentada ante un juez federal de Control, bajo la causa penal 216/2023.

A petición de la representación social el juez de Control, Ernesto Cornejo Ángeles, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra los agentes federales Daniel G. Y., Rodolfo C. T. y Gloria Liliana R. G.

También contra Alan Omar P. V., guardia de Tank Grupo de Seguridad Privada Camsa, S.A. de C.V., y de Jeison Daniel C. R. presuntamente quien ocasiona el siniestro fatal. Otra persona se encuentra prófuga, se informó en la audiencia. 

A excepción de Gloria Liliana, los acusados fueron detenidos en cumplimiento a las órdenes de aprehensión el jueves a las 04:00 horas, cuando acudieron a ratificar su declaración ante la FGR, situación que inconformó a los abogados que solicitaron el recurso de amparo contra la actuación de las autoridades federales.

En el caso de la mujer, se informó que fue sorprendida al tratar de cruzar a El Paso, Texas, por los elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, quienes le negaron el ingreso y notificaron a las autoridades mexicanas su ubicación, expuso la representación social al momento de argumentar la petición de la medida cautelar. 

Los acusados contaron con nueve abogados, siete particulares y dos de la defensoría de oficio, mientras que la parte acusadora estaba conformada por cuatro agentes del MPF y dos elementos de la Comisión Ejecutiva de Víctimas.

La formulación de imputación fue realizada en la Sala 2 del Centro de Justicia Penal Federal.

Inicialmente estaba programada para el jueves 30 de marzo a las 16:00 horas, pero se adelantó unos minutos.

Tres horas después reanudó para luego entrar en varios recesos por la falta de copias de la carpeta de investigación, lo que obligó al grupo de agentes del MPF a imprimir cinco expedientes de más de seis tomos cada uno para entregarlos a los abogados.

El grupo de fiscales incurrió en la dilación del proceso hasta por seis horas, lo que motivó un llamado de atención por parte del juzgador. La audiencia se reanudó a las 10 de la noche y concluyó hasta las 05:12 horas de este viernes.

La investigación

Según la acusación formulada por el MPF, el incendio fue provocado por dos hombres de nacionalidad venezolana, detenidos por la autoridad migratoria durante el transcurso del día lunes.

El numeroso grupo de extranjeros detenidos ingresó al área varonil de la estación migratoria, ubicada en la calle General Rivas Guillén, donde estaban alojados hombres procedentes de Colombia, Ecuador, El Salvador y Guatemala.

La fiscal dijo que Jeison colocó las colchonetas sobre los barrotes de acceso de la celda y sobre la puerta para tapar la visión, no obstante que víctimas empezaron a gritar cuando vieron el fuego que prendieron los dos migrantes venezolanos. Los peritajes indican que la ignición inició en dos puntos, separados por una distancia de dos metros, cerca de las rejas. 

La fiscal sostuvo que el día de los hechos Rodolfo y Gloria Liliana, ambos empleados federales, estaban laborando en el área varonil y femenil, respectivamente, y mantuvieron encerrados a los extranjeros con candado.

También mencionó que Alan Omar se encontraba laborando como guardia de seguridad, mismo que apenas tenía 10 días de prestar sus servicios para la empresa Tank.

Manifestó que los guardias tampoco realizaron la inspección adecuadamente de los migrantes venezolanos al momento de ingresar a la estación migratoria, ya que éstos portaban un encendedor.  

Sin embargo, fueron los guardias los que supuestamente encontraron el encendedor. 

La Fiscalía expuso que fueron los vigilantes privados los que vendieron cigarros y un encendedor a los probables responsables del siniestro que cobró 38 vidas.

Las fiscales de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, de la Fiscalía General de la República (FGR), narraron que la carpeta de investigación 491/2023 inició el 27 de marzo a las 23:55 horas, luego de que se recibió por correo electrónico el enlace de una nota periodística que informaba el incendio de la estación provisional. 

Malos tratos y novatez 

La carpeta de investigación integrada por el MPF refiere que el día de la conflagración hubo desabasto de agua, de comida y hasta de papel de baño, lo que generó riñas dentro de la celda de hombres, con capacidad para 104 personas.

Esta situación le fue informada la tarde del lunes a Eduardo Apodaca Magallanes, jefe de recursos materiales, por parte de Omar Indalecio P. M., representante de la compañía de seguridad a la que se le rescindió el contrato celebrado con el INM mediante una adjudicación directa para cuidar los inmuebles en 23 estados, incluido Chihuahua. 

El jefe de custodios dijo que el servidor público le ordenó a los guardias que rellenaran los garrafones con agua de la llave, aseguró Omar Indalecio.

Agregó que fue una oficial de nombre Paloma la que le instruyó que no acatara esa orden.

“Ella me respondió que no realizara esa indicación, debido a que el agua no era potable porque tenía tiempo que no habían cambiado los filtros de agua y tenían una tonalidad amarilla”, agregó en su testimonial.

La mujer dijo que ella suministraría el agua potable a los migrantes, pero pasaron más de tres horas y no enviaba el líquido, por lo que los guardias decidieron tomar agua de los baños para calmar la sed de las más de 60 personas privadas de la libertad.

También faltó comida. A las 18:00 horas se les tenían que proporcionar los alimentos.

“Algunos recibieron su cena pero muchos se quedaron sin sus alimentos, porque no alcanzó la comida y empezaron a manifestarse. Se acercó una señorita que le dicen Liz, que es la encargada de la estación en la mañana y le dije enfrente de ellos que no habían comido y ella contestó: ¿y qué?, yo tampoco he comido”, declaró Abel Gerardo, el guardia que comenzó a laborar para la empresa Tank el 26 de marzo.

Los tres guardias que rindieron su declaración eran nuevos y desconocían los procedimientos de operación del personal del INM.  

Omar Indalecio dijo que él estaba en el lugar de los hechos cuando ocurrió el siniestro y fue él quien se comunicó con el contraalmirante Salvador González Guerrero, titular del INM, para avisarle del incendio.

El militar retirado declaró que fue quien le marcó a Daniel G. Y. para pedirle que se acercara al lugar, quien llegó cuando ya estaban sacando los cuerpos. 

Querían hacer privada la audiencia

Asesores jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que apoyan al Ministerio Público federal en la investigación iniciada por la muerte de 39 migrantes extranjeros en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), intentaron que la audiencia inicial fuera privada y no estuvieran presentes representantes de los medios de comunicación.

Argumentaron que se encuentra una persona prófuga, además continúa abierta la investigación; sin embargo, el juez federal de Control, Ernesto Cornejo Ángeles, preponderó el principio de máxima publicidad al considerar que los dolorosos hechos ocurridos el pasado 27 de marzo, han sido muy difundidos.

Esto también implica la difusión de los nombres de las víctimas mortales y lesionadas, incluido el del fugitivo, ya que los hizo públicos el propio INM. El juzgador consideró que este proceso penal es de interés nacional e internacional.

Al inicio de la audiencia los acusados expusieron ante el juez Cornejo Ángeles las afecciones de salud que padecen y la necesidad de atención médica y sus medicinas.

Rodolfo C. T. tuvo una embolia y requiere medicamento para la hipertensión, Gloria Liliana sufre de ansiedad, ataques de pánico e hipertensión y está bajo tratamiento médico, mientras que Alan Omar, el guardia de seguridad, padece de epilepsia.

Para garantizar su derecho a la salud, el juzgador dijo que girará un oficio a las autoridades del Centro de Reinserción Social 3 y el Femenil 2 para que se les brinde la atención médica requerida.