Investigan a personal de albergues por abuso sexual contra menor

Ciudad Juárez.— La Subprocuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Bravos y personal de varios albergues “certificados” son investigados por la probable comisión de los delitos de lesiones, abuso sexual, omisión de cuidados, maltrato infantil y agresiones que sufrió un menor de 13 años bajo tutela temporal del Estado, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

El menor fue reportado como ausente por el personal de un albergue ante la FGE, que difundió la pesquisa, y tras ser localizado y al comparecer ante el Ministerio Público fue como la representación social se percató del trágico historial del menor, víctima de la violencia institucional; por ello, el niño de 13 años se entregó a un familiar mientras continúan las investigaciones correspondientes. 

Este caso y otro de una agresión sexual contra una niña migrante, también dentro de un albergue, encendieron focos rojos entre organizaciones de la sociedad civil por considerar que esos espacios se convirtieron en factor de alto riesgo por la falta de supervisión permanente por parte de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) de Chihuahua.

El problema es muy grave, expuso Catalina Castillo, directora de la Organización Popular Independiente (OPI), al asegurar que en estos lugares se revictimizan a los niños, niñas y adolescentes (NNA) que están en esos sitios “supuestamente seguros” porque sus hogares no lo fueron.

Mediante un comunicado de prensa, el Desarrollo Integral de la Familia Estatal (DIF), que preside María Eugenia Galván Antillón, dio a conocer que actualmente la PPNNA de Chihuahua “tiene alrededor de 824 personas de entre los 0 y 17 años que están bajo tutela pública, una cifra nunca antes vista en la entidad”. 

El DIF estatal, a través de la PPNNA, es el responsable de salvaguardar la integridad física, mental y emocional de los niños del estado, se informó.

Eduardo Sáenz, primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, consideró que urge la descentralización de la PPNNA, un mayor personal en la Subprocuraduría y la inmediata revisión a fondo a los albergues certificados por el DIF, porque se trata de salvaguardar la vida de NNA en condición muy vulnerable.

El Diario buscó a los funcionarios de la Subprocuraduría y no fue atendida la petición de entrevista.

“Qué papel juega la autoridad municipal, qué está pasando en la Subprocuraduría que sólo manda a los niños a los albergues donde hay cupo y no acorde a las necesidades de atención especial de cada menor”, cuestionó Castillo.

El caso

Las facciones de M.J.A.G. son adustas. La fotografía, que comparte su madre a través del teléfono celular, lo muestra con el ceño fruncido, los labios apretados y una mirada fría. Tenía unas pocas horas con él y tomó fotos como evidencia de las agresiones que sufrió el menor en el albergue Jóvenes Trabajando Por Juárez, ubicado en la calle Rancho Agua Caliente, del fraccionamiento Pradera Dorada.

Mediante las fotos, la madre exhibe que el cuerpo del niño tiene cicatrices por golpes y quemaduras de cigarro antiguas y recientes, hematomas recientes y una cicatriz en el hombro que la madre desconocía.

Frente a la madre de M.J.A.G., se encuentra su otra hija menor de edad y probable víctima del delito de agresión sexual, y su abuela. La casa es en extremo humilde. 

Pese al miedo que tiene de ser señalada por la sociedad y expuesta a la crítica al hablar de la situación familiar que enfrenta, la madre  buscó la entrevista con El Diario en un intento desesperado por salvar la vida de su hijo de apenas 13 años.

“No quiero que me hablen del DIF y me digan que vaya por el cadáver de mi hijo, que me digan que ya me mataron a mi niño o que él se mató, por eso quiero hacer pública nuestra historia, porque necesito ayuda para recuperar a mis hijos”, dice la obrera de una empresa maquiladora y mesera en un negocio de comida en sus ratos libres, porque necesita “mucho dinero para pagar un abogado”. 

La entrevista se realiza en la casa paterna, donde habitan sus padres y su hija menor de edad, de 11 años. 

En el 2017 la mujer perdió la custodia de sus dos hijos, ambos con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), por omisión de cuidados y violencia familiar. Los niños quedaron a cargo de los abuelos maternos. En ese lapso, acudieron a terapias a Casa Amiga, donde observaron a M.J.A.G. severamente golpeado por parte de su abuela y se dio aviso a las autoridades correspondientes. 

El pasado 7 de abril, la mujer de la tercera edad encontró a los dos menores desnudos “jugando al papá y la mamá”, por lo que llamaron a la Unidad Especializada de Atención a Víctimas de Violencia Doméstica y de Género (Unevid) de la Policía municipal, y fue el inicio del proceso legal contra M.J.A.G por agresión sexual en perjuicio de su hermana. 

“A mis niños se les encontró desnudos, a ciencia cierta no sabemos si hubo penetración o no y quisimos hacer las cosas correctas en su momento. Se llamó a la patrulla y llegaron los elementos de Unevid y revisan a los niños y acordaron llevarlos a Estación Universidad; se llevan a mi mamá y al niño y a la niña”, narró. 

En la estación de policía, los dos menores fueron sometidos a exámenes médicos sin la supervisión de un adulto, en este caso la abuela. Ése fue el inicio de otra pesadilla familiar.

Al menor se le inició un proceso legal por la violación agravada contra su hermana, por lo que fue canalizado a la Subprocuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Bravos mientras se integraba la carpeta de investigación, dijo la madre.

La familia no tuvo conocimiento del paradero de M.J.A.G. hasta el 29 de abril, cuando el menor llegó a casa de la abuela acompañado de un adulto tras escapar del anexo Vivir para Amar y Servir, donde fue coaccionado por un hombre para que escaparan juntos y luego logró huir del individuo. En el lugar el menor fue presuntamente violentado sexualmente, amenazado y agredido por adultos, ya que no era un espacio sólo para menores de edad, sino que eran atendidos hombres y mujeres en proceso de rehabilitación contra las adicciones. Un día antes, 28 menores habían escapado del albergue y el personal de la Subprocuraduría acudió a presentar el reporte por ausencia de las personas bajo tutela del estado. 

La madre recuerda que el menor “apestaba” y vestía la misma ropa con la que fue asegurado por la policía y durante esos días no le proporcionaron el medicamento que requiere a diario, por lo que presentó una denuncia contra la Subprocuraduría y el personal del albergue; los hechos se agregaron a la carpeta número 37-2022-13205 e iniciaron las investigaciones. 

El menor fue regresado a la Subprocuraduría y canalizado a otro albergue, sin informar su paradero a los tutores legales. El 8 de junio el personal del Instituto de Servicios Previos al Juicio Zona Norte del Tribunal Superior de Justicia del Estado hizo una entrevista de evaluación de riesgos procesales a M.J. en las oficinas de la Subprocuraduría; le apreciaron huellas de violencia visibles como hematomas en ambos brazos en color morado y amarillo, además de visibles quemaduras y cortaduras. El menor declaró que en “anexo”, donde se encontraba en ese momento, realizaba masajes a cambio de recompensas como un plato de atole o de avena. Dijo que había sido golpeado al menos en cuatro ocasiones, particularmente en las piernas, y se subían arriba de él y lo lastimaban en el pecho. Dijo que no acudía a la escuela y no le dan el medicamento que necesita. 

Los entrevistadores cuestionaron a Lorena Córdova y María de León, adscritas a la Subprocuraduría, y éstas informaron que el menor les había manifestado que estaba siendo violentado física y sexualmente en el albergue Volver a Vivir, ubicado en la calle Tuna número 6414, de la colonia El Granjero, por lo que buscarían un cambiarlo de centro de asistencia social. 

El lunes 13 de junio el menor tenía que ser presentado a una audiencia ante un juez especializado en Justicia Penal para Adolescentes, sin embargo, no llegó. La madre informó que el domingo 12 de junio M.J. fue llevado por el personal del albergue al parque Villahermosa, junto con otras personas y tres individuos golpearon a su hijo, por lo que éste corrió para salvarse y ya no regresó. 

La FGE dio a conocer que el personal del albergue Jóvenes Trabajando por Juárez, ubicado en la calle Rancho Agua Caliente, notificó los hechos hasta el día siguiente, por lo que la FGE difundió la pesquisa del adolescente el martes 14 sin mencionar qué ropa vestía porque en el lugar lo desconocían. 

M.J. fue entregado a la familia por un adulto desconocido que lo encontró y lo auxilió. Ante estos hechos, la FGE intervino para que el menor quedara bajo custodia de un familiar, mientras que se sigue el proceso legal contra las autoridades y personal de los albergues involucrados. 

824 personas de entre los 0 y 17 años están bajo tutela pública en el estado

Para apuntar

• El menor declaró que en el “anexo”, donde se encontraba en ese momento, realizaba masajes a cambio de recompensas como un plato de atole o de avena

• Además, que había sido golpeado al menos en cuatro ocasiones, particularmente en las piernas, y se subían arriba de él y lo lastimaban en el pecho

• No acudía a la escuela y no le daban el medicamento que necesita