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Juárez

Incumple México normas para eliminación de trata

Urge un plan de acción estratégico nacional, señala Informe del Departamento de Estado de EU

Hérika Martínez Prado
El Diario de Juárez

lunes, 12 septiembre 2022 | 06:00

Tomada de internet | Imagen ilustrativa

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Ciudad Juárez— El Gobierno de México no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, y aunque ha realizado esfuerzos significativos para lograrlo, necesita un plan de acción estratégico nacional, señala el Informe Sobre la Trata de Personas 2022 elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

En el período 2019-2021 se identificaron 2 mil 075 víctimas de trata de personas en México, “los tribunales condenaron a más tratantes de mano de obra, incluyendo algunos que explotaban a menores obligándolos a transportar sustancias ilegales. Sin embargo, el gobierno no cumplió con las normas mínimas en varias áreas clave. El gobierno no asignó fondos a un fondo de asistencia a las víctimas exigido por la ley; las autoridades no emplearon sistemáticamente un enfoque centrado en las víctimas; y los servicios generales para las víctimas fueron inadecuados”, señala el documento publicado hace unos días. 

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También destaca que el Gobierno no mejoró los esfuerzos para detectar indicadores de trata entre las poblaciones vulnerables y remitir a las posibles víctimas a los proveedores de servicios. Las prácticas fraudulentas de reclutamiento siguieron siendo generalizadas, pero el Gobierno no tomó las medidas para hacer responsables a los reclutadores o agentes laborales.

Las autoridades iniciaron al menos 35 investigaciones federales y 621 estatales en 2021, en comparación con 55 investigaciones federales y 550 estatales en 2020, y 133 investigaciones federales y al menos 544 estatales en 2019.

Las investigaciones federales incluyeron 23 casos de trata de personas con fines sexuales, cinco casos de trata de personas con fines laborales y siete casos de explotación no especificada. Las autoridades federales iniciaron el enjuiciamiento de 31 presuntos tratantes y continuaron 45 procesos abiertos en años anteriores para un total de 76 procesos federales en 2021. En comparación, las autoridades iniciaron el enjuiciamiento de 40 sospechosos y continuaron el de 35 sospechosos en 2020. 

Aunque las autoridades federales no emitieron ninguna condena en 2021, las autoridades estatales condenaron a 75 tratantes, incluidos 65 tratantes sexuales y 10 tratantes de mano de obra, dos de los cuales obligaron a niños a transportar sustancias ilícitas. Esto supuso un aumento general respecto a los 49 tratantes condenados en 2020 y los 29 condenados en 2019. 

No obstante, la falta de coordinación entre los inspectores de trabajo, las autoridades de justicia penal y los proveedores de servicios obstaculizó los esfuerzos para responsabilizar penalmente a los tratantes de mano de obra y proporcionar asistencia integral a las víctimas de la trata laboral.

El Gobierno identificó los estados de Veracruz, Tlaxcala y Guerrero como de alta prevalencia de trata, pero las autoridades de estos estados no condenaron a ningún tratante por lo menos por segundo año consecutivo. Los expertos locales informaron de que la insuficiente financiación de los fiscales en estos estados les llevó a acusar a los sospechosos de delitos que consideraban más fáciles de probar.

Las organizaciones informaron que los funcionarios a menudo volvían a traumatizar a las víctimas por su falta de sensibilidad, por avergonzarlas y por la falta de protección adecuada de las víctimas durante los procesos penales. Los expertos expresaron su preocupación por el hecho de que los fiscales coaccionaran a algunas víctimas para que declararan durante el proceso judicial. 

En enero de 2021 entró en vigor una reforma de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, que obliga a las autoridades a expedir documentos temporales a los niños migrantes indocumentados y a sus cuidadores adultos, concediendo la presencia legal en México mientras el Gobierno realiza una determinación del interés superior del niño. Los observadores locales expresaron su preocupación por el hecho de que la ley no protegiera de la explotación a los niños no acompañados, ya que no exigía que los adultos demostraran su relación con el menor. 

Entre los grupos considerados de mayor riesgo para la trata en México se encuentran los menores no acompañados, los indígenas, las personas con discapacidades mentales y físicas, los solicitantes de asilo y los migrantes, los desplazados internos, las personas LGBTQI+, los trabajadores del sector informal y los menores en territorios controlados por bandas. Los tratantes reclutan y explotan a mujeres y niños mexicanos, y en menor medida a hombres, en el tráfico sexual en México y Estados Unidos mediante falsas promesas de empleo, relaciones románticas engañosas o extorsión.

Los tratantes utilizan cada vez más el Internet, sobre todo las redes sociales, para captar a posibles víctimas. Los tratantes explotan a adultos y niños mexicanos en trabajos forzados en la agricultura, el servicio doméstico, el cuidado de niños, la industria manufacturera, la minería, el procesamiento de alimentos, la construcción, el turismo, la mendicidad y la venta ambulante en México y Estados Unidos. 

Los reclutadores emplean con frecuencia prácticas de contratación engañosas y cobran tarifas ilegales para colocar a los trabajadores agrícolas en México y Estados Unidos; a muchos trabajadores se les promete un salario decente y un buen nivel de vida, y posteriormente se les obliga a realizar trabajos forzados mediante la servidumbre por deudas, amenazas de violencia e impago de salarios.

El informe señala que México debe desarrollar, implementar y financiar un plan de acción estratégico nacional sobre los servicios a víctimas, en consulta con las organizaciones internacionales y las organizaciones gubernamentales, para incluir refugios, servicios integrales y apoyo a la reintegración de todas las víctimas, incluidos los hombres y los niños, las personas LGBTQI+ y las personas indígenas.

También indica que debe aumentar los esfuerzos para investigar y perseguir los delitos de trata, incluyendo la labor forzada y los que implican a funcionarios cómplices tanto a nivel federal como estatal, y brindar mejor seguridad a las víctimas y testigos que testifican contra los tratantes. 

En Ciudad Juárez, el pasado 2 de agosto la pastora Velia H. G., directora del albergue para migrantes Aposento Alto, fue vinculada a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva como presunta responsable del delito de trabajos forzados contemplado en la Ley General Para Prevenir Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y la Atención a Víctimas. 

Los hechos de los que se le acusa, establece que durante el período del mes de octubre del 2021 al mes de abril del 2022, al fungir como encargada del albergue ubicado en la colonia Lomas de Poleo en Ciudad Juárez, obligó a un grupo de seis migrantes a realizar trabajos forzados de construcción y albañilería en su beneficio, informó la autoridad investigadora.

La trata de personas es una de las peores formas de violencia contra un ser humano, ya que lacera y lastima sus bienes más preciados que son la libertad y dignidad, además de que golpea brutalmente la integridad de sus familias y comunidades, señaló la oficial senior de Enlace y Políticas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Denisse Velázquez Galarza, durante Segunda Conferencia Nacional de Migración (CNM).

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