Juárez

Impunes, homicidios de alto impacto

Se va sin resolverlos la presente administración estatal

Sandra Rodríguez Nieto
El Diario de Juárez

domingo, 05 septiembre 2021 | 06:00

Archivo / El Diario | Unidades policiacas afuera del bar Tres Mentiras tras el incidente de octubre de 2016

Ciudad Juárez— Asesinatos como los registrados en el bar Tres Mentiras, que en octubre de 2016 marcaron el regreso de la violencia en lugares públicos en esta frontera, o el cometido en el interior de uno de los hospitales de Zona del Seguro Social en diciembre pasado, son algunos de los crímenes ocurridos aquí y que deja sin resolver la presente administración.

De acuerdo con un recuento periodístico e información de la Fiscalía General del Estado (FGE), en esa condición queda asimismo el homicidio del abogado Miguel Ángel Almanza, que defendió al presunto jefe de la delincuencia organizada Gerardo G. S. hasta su muerte a disparos el 8 de diciembre de 2020.

También sin resolver se encuentran el crimen cometido contra el comandante Arturo Ledezma Porras, registrado el 16 de marzo de 2018; el asesinato de la menor Violeta Castorena, cometido en junio de 2019 en el exterior de un kínder, o el de la también menor de edad Kimberly Sandoval, del 31 de julio de 2019.

Incluso la amenaza contra corporaciones que han detectado aquí el tráfico de personas –incluida la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos–, y que fue difundida en una manta encontrada en julio pasado a metros de la estación Centro de la Policía municipal, sigue en expediente, sin ser judicializada.  

La oficina de Comunicación Social de la FGE en la Zona Norte informó que los casos citados continúan abiertos.

Para Diana Chávarri, directora en la Zona Norte del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), la impunidad alrededor de estos hechos muestra que las capacidades de investigación ministerial están “muy por debajo” de la necesidad de dar con los perpetradores y hacer justicia para las víctimas directas e indirectas.

“Aunque históricamente esta administración ha destinado más recursos a la seguridad y la justicia que las anteriores, se sigue poniendo de manifiesto que no hay suficiente personal con suficiente equipo y capacidades para la persecución del delito”, dijo ayer Chávarri.

“Por otro lado, aunque existen áreas de inteligencia en las policías, éstas se perciben desarticuladas, poco equipadas y con resultados muy pobres. Creemos que la seguridad debe ser la prioridad en los gobiernos”, agregó.

Datos de Ficosec difundidos en julio pasado indican que, en general, hasta un 93 por ciento de los delitos contra la vida en esta frontera quedan sin resolver, por lo que la impunidad alrededor del asesinato es casi total.

La misma fuente estima que en la FGE Zona Norte, asimismo, están rezagadas al menos 20 mil 307 carpetas de investigación por este delito, y que cada agente del Ministerio Público tiene a su cargo más de 580 expedientes por resolver.

Los casos

Habían pasado apenas tres días del cambio de Gobierno estatal cuando, la noche del 7 de octubre de 2016, en el interior del bar Tres Mentiras, un grupo de personas armadas abrió fuego contra quienes fueron luego identificados como Héctor Carreón Zúñiga, Adrián Vargas Contreras y Alejandro Rentería.

“Carreón Zúñiga se desangró debido a los impactos de bala en el tórax que le ocasionaron una laceración cardiaca; Vargas Contreras también presentó shock hipovolémico a consecuencia de una laceración encefálica provocada por los disparos que recibió en el cráneo y Rentería fue baleado en el tórax y sufrió una laceración cardiaca”, indicó un reporte de este medio, de noviembre de 2016, cuando se detuvo a dos personas como presuntas responsables.

Menos de dos años después, ambos detenidos fueron absueltos por insuficiencia de pruebas.

“El MP afirmó que los aproximadamente 14 videos de seguridad captados en el bar (…) registraron el momento en que los dos detenidos dispararon en contra de las víctimas y los asesinaron”, reportó este medio el 15 de mayo de 2015.

“Pero los medios de prueba no demostraron que Martínez Lozada y Gómez sean esos criminales. Los videos captados por las cámaras de seguridad del bar y presentados en juicio por la representación social son de baja calidad y no es posible que confirmen que se trata de Martínez y Gómez”, agregó el reporte que consignó la absolución de los imputados, sobre los que agrega que hubo denuncias de tortura.

El 16 de marzo de 2018, el agente ministerial Arturo Ledezma fue abatido a tiros junto con otro empleado de la FGE –Saúl Flores, de 25 años– mientras circulaban sobre el bulevar Oscar Flores en el vehículo del entonces coordinador de agentes del Ministerio Público, Ulises Pacheco, de quien el primero era escolta personal.

La menor Violeta Castorena Mascorro, de seis años, murió cuando fue alcanzada por las balas que, también de acuerdo con los reportes periodísticos, iban dirigidas contra un adulto de 31 años, en el exterior de un jardín de niños ubicado en la colonia Terrenos Nacionales, el 19 de junio de 2019.

“La ceremonia de graduación en el jardín de niños Luis Donaldo Colosio estaba por terminar cuando se escuchó la balacera que hizo correr, atemorizados, a padres y niños presentes”, reportó este medio el día del crimen.

“Sobre el pavimento, a dos metros de la entrada principal del plantel, quedó tendido el blanco del ataque y junto a él estaba una caja de madera con un oso, un globo de helio y chocolates, que llevaba a su hija como regalo por haber concluido el preescolar”, agregó el texto.

Semanas después, el 31 de julio de 2019, fue asesinada Kimberly Sandoval Reyes, de tres años, cuando viajaba de copiloto junto a su padre, quien fue blanco de un ataque a mano armada.

“Luis Ramón conducía un Honda Civic cuando tripulantes de una camioneta Lincoln Navigator roja le realizaron varios disparos, uno de los cuales dio en la cabeza de su hija de 3 años”, indica el archivo periodístico.

Sobre el abogado Miguel Ángel Almanza, de 35 años, se informó que fue ultimado la mañana del 8 de diciembre de 2020, mientras conducía su vehículo Honda Civic sobre la calle Barranco Azul, unos metros antes de la intersección con el bulevar Óscar Flores y en trayecto a la Ciudad Judicial.

“El licenciado Almanza era un abogado conocido en Juárez; estamos revisando con mucho detenimiento el entorno del tipo de asuntos que manejaba el abogado para saber si eso pudiera ser una de las causas por las cuales hubiese podido ser víctima de esta agresión, que finalmente culminó con su vida”, dijo entonces el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche.

“Ya están interviniendo las áreas investigadoras para poder obtener toda la evidencia necesaria para poder resolver este lamentable caso”, agregó el funcionario.

El 29 de diciembre, dos agresores vestidos de enfermeros lograron burlar la vigilancia de elementos de una compañía privada y de la Guardia Nacional al ingresar hasta el sexto piso del Hospital General de Zona número 35 del IMSS, donde atacaron a balazos a Héctor Antonio Ramírez, de 36 años y quien se recuperaba de otra agresión armada a la que había sobrevivido el 17 de diciembre, en la colonia Héroes de la Revolución.  

Los datos de la FGE muestran que, tanto a nivel estatal como local, la violencia ha presentado aumentos cada año durante la presente administración, salvo este 2021, en el que los indicadores muestran reducciones –de un 12 por ciento en el estado y de un 20 en esta frontera– con respecto a 2020.

srodriguez@redaccion.diario.com.mx

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