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Juárez

Hace a un lado a abogados nueva conciliación laboral

Demandante deberá acudir personalmente a cada audiencia

Sandra Rodríguez
El Diario de Juárez

lunes, 09 mayo 2022 | 11:53

Omar Morales / El Diario de Juárez Omar Morales / El Diario de Juárez | Miles de expedientes acumulados a la espera de ser resueltos Omar Morales / El Diario de Juárez | Gabriel Tavárez, de oficio cocinero, espera que pase la primera audiencia de su demanda por despido injustificado

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La Reforma Laboral, vigente a partir del 3 de octubre, introduce la figura del Centro de Conciliación Laboral que, entre otras modificaciones, elimina la representación legal en esa etapa y obligará a que el trabajador o demandante acuda personalmente a cada audiencia que se genere en un plazo no mayor a 45 días, de acuerdo con información oficial.

“El papel del abogado, ellos van a poder seguir asesorando a los trabajadores, pero no los pueden representar directamente en la audiencia, porque ya en la audiencia se trata de simplificar procesos, y que estén sentadas frente a frente (…) las partes involucradas directamente en el conflicto”, dijo Guillermo Domínguez de la Vega, nombrado en febrero director regional en la Zona Norte del Centro de Conciliación Laboral del estado.

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“La ley marca que el trabajador, solicitante de la instancia, podrá estar asistido por una persona de su confianza, por un abogado (…) pero ¿qué quiere decir de la parte de asistencia? Ya no es la parte de la representación de la interpósita persona (del procedimiento actual y que se derogará a partir del 3 de octubre), porque la obligatoriedad que tiene el solicitante, en este caso, digamos, el trabajador, de asistir personalmente a la audiencia de conciliación, está establecida en la ley”, explicó.

El Procedimiento de Conciliación Prejudicial aparece descrito en el artículo 684E de la Ley Federal del Trabajo y es una de las principales modificaciones de la Reforma Laboral que entrará en vigor el 3 de octubre en Chihuahua y otras entidades, como la Ciudad de México, Jalisco o Nuevo León. 

“El trabajador solicitante de la instancia conciliatoria deberá acudir personalmente a la audiencia. Podrá asistir acompañado por una persona de su confianza, pero no se reconocerá a ésta como apoderado, por tratarse de un procedimiento de conciliación y no de un juicio”, dice la fracción VII del artículo 684-E de la LFT.

“No obstante, el trabajador también podrá ser asistido por un licenciado en Derecho, abogado o un procurador de la Defensa del Trabajo. El patrón deberá asistir personalmente o por conducto de representante con facultades suficientes para obligarse en su nombre”, agrega el texto legal.

El nuevo fomento de conformidad entre las partes de los conflictos laborales se llevará a cabo en lo que se ha anunciado será el Centro de Conciliación Laboral del Estado que, en la Zona Norte, estará en las mismas oficinas en donde está hoy la Junta de Conciliación.

A través de este nuevo organismo descentralizado, se ha informado de manera oficial, se contratará a 10 mediadores en esta frontera para agotar hasta un 75 por ciento de los conflictos laborales, mientras que la minoría restante irá a los Juzgados Laborales, que también operarán por primera vez en la entidad a cargo del Poder Judicial –aunque, al cierre de esta información, tampoco han empezado a ser construidos en la Zona Norte.

Y será en esta instancia jurisdiccional, explicó Domínguez, donde los profesionistas podrán litigar.

“Ellos tendrán salvaguardada también su instancia para ejercer la profesión ya en la etapa jurisdiccional (Poder Judicial), donde sí se deben hacer planteamientos de Derecho, la demanda, el ofrecimiento de pruebas, donde un experto en técnica jurídica puede de mejor forma llevar un procedimiento ante una instancia jurisdiccional”, dijo.

“Aquí no; no se valoran pruebas, no hay un tema de que deben de estar litigando el asunto, es previo y a efecto de facilitar y coadyuvar en el método alterno de solución de controversias, que tiene todo ciudadano como derecho humano contemplado en la Constitución”, agregó el funcionario de la nueva dependencia.

Miles de casos con más de cinco años

En un pasillo exterior a la Junta de Conciliación y Arbitraje, en medio de profesionistas del Derecho y empleados de caminar apresurado, Gabriel Tavárez, de oficio cocinero, revisa su teléfono mientras espera que pase la primera audiencia de su demanda por despido injustificado. 

El que debería ser un primer encuentro inició de por sí con retraso, dice en entrevista, casi tres meses después de que interpuso la demanda, y el mediodía del pasado 6 de mayo, además, su representante legal le informó que la contraparte no había sido notificada. 

“El abogado está en la sala; supuestamente no encontraron el domicilio de los demandados, eso dijo, que no encuentra el domicilio de los demandados”, expuso Tavárez –versión que confirmó el representante legal, argumentando un cambio de razón social.

El demandante agregó haber acudido a la primera audiencia con el fin de que se resuelva. Es padre de familia, dijo, busca no más que lo justo en su indemnización y cada día que pasa sin resolución opera en contra de su economía, porque está desempleado. 

“Lo que quiero son resultados positivos, porque tiene mucho la demanda, y es la primera audiencia desde el 20 de febrero”, dijo Tavárez, de 48 años.

“No tengo resultados y en la casa hay que comer, y con la situación que se disparó en abril afecta en la casa y hay que comer y así me atoran, porque la demanda está dentro, y no puedo hacer un trabajo porque no dan permisos para venir”, agregó.

Datos de la Junta Local de Conciliación con corte hasta marzo pasado indican que para ese mes había 22 mil 790 casos en trámite y pendientes de resolución; tres mil 334 abiertos desde 2016, es decir, con más de cinco años.

Abatir estos retrasos ha sido expuesto repetidamente como uno de los principales beneficios de la Reforma Laboral, mientras que los representantes legales y demás intermediarios –apartados del proceso de conciliación a partir de octubre próximo– han sido señalados como los responsables de las dilaciones.

“(Francisco) Salcido explicó que la resolución de esas demandas tardará cerca de cuatro años, ya que algunos de los casos son alargados por la defensa de los trabajadores para que se acumulen los salarios caídos”, informó el pasado 2 de mayo El Diario, citando al dirigente de Sindicatos Independientes y ex titular de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem).

“Un sistema que tenía la excepcionalidad de estar a cargo del Ejecutivo y no del Poder Judicial, como las otras materias, pero también que la propia dinámica la fue secuestrando en intermediarios, en coyotaje y así se convirtió en una justicia en servicio de unos cuantos que hicieron negocio pero no de los trabajadores ni tampoco de las empresas y la inversión”, dijo por separado la secretaria federal del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, de gira en Juárez para el lanzamiento de la convocatoria de los conciliadores. 

José Mario Sánchez Soledad, titular en Juárez de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que “las ventajas para ambas partes es que no se entre en procesos donde terminen ganando los abogados. Los abogados se llevaban la mayor tajada; ahora habrá gente en Conciliación y no hay necesidad de un abogado presente”.

Por tanto, agregó el representante patronal, “creo que es un cambio importante, el énfasis en la conciliación y el tratar de que no se judicialice; ya cuando se judicializa es un proceso largo, sujeto a amparos”.

Responsabilidad compartida

Para los abogados, sin embargo, la responsabilidad en los retrasos es compartida con la Junta Local debido a que hay casos –sobre todo en la segunda audiencia, de admisión de pruebas y objeciones, explicaron– en los que esta instancia dependiente del Poder Ejecutivo tarda de tres a cuatro meses para asignar fechas.

“Nosotros no manejamos la agenda, no podemos decir que alargamos un juicio porque nosotros no señalamos las fechas; es más bien el tribunal, o supongamos que compartimos, por las pruebas que se ofrecen para defender al cliente, pero más que nada dependemos de las mismas fechas que el mismo tribunal nos señala”, dijo Hidaly Villa, del Colegio de Abogados Laboralistas de Chihuahua, con sede en esta frontera.

“Porque incluso hay veces que señalan fechas y por alguna razón no notificaron a las partes, y uno se entera por medio del sistema que tiene ahí la Junta, entonces obtiene la fecha y comparece con la finalidad de avanzar al juicio, y resulta que no se lleva a cabo porque no notificaron a ninguna de las partes o a alguna de ellas; ahí se difiere y va a una siguiente para desahogar esa prueba que estaba señalada y son otros tres o cuatro meses (…) Es más bien la Junta (…) Ellos son los que retrasan también el procedimiento por motivo de agenda”, agregó la representante.

Cuestionado al respecto, el titular de la Junta Local, Fernando González, dijo que la programación de las fechas del desahogo de las audiencias depende de la carga de trabajo.

“Es decir, del número de audiencias, desahogos de pruebas y diligencias que se vayan programando, por lo tanto esto genera una sobresaturación de fechas en la agenda que no es responsabilidad de nadie más que del número de juicios activos por desahogar en la Junta Local”, agregó el funcionario.

‘Dilatar las demandas’

También en el pasillo exterior a la Junta de Conciliación y Arbitraje, en el edificio del Gobierno del Estado en el eje vial Juan Gabriel, el abogado Felipe Salamanca se dijo escéptico ante la agilización anunciada de la Reforma Laboral, y citó los retrasos actuales que si bien les atribuyen, planteó en coincidencia con Villa, son evidencia de la carga que se acumula.

“Y menos es el propósito de los litigantes prolongar los juicios; lo que queremos es que nos resuelvan de manera pronta”, dijo Salamanca.

Otro problema que advierte es la obligatoriedad de la participación personal para el demandante. Mencionó, a diferencia de lo que ocurre ahora, que puede darse a través de ellos.

“Les hace un poco más complicados sus reclamos legítimos, porque tienen que acudir a un procedimiento conciliatorio obligatorio que, de alguna manera, afecta su derecho a elegir si quiere demandar o no”, agregó el profesionista.

Los abogados laborales también coincidieron en dudar de la expectativa de que hasta un 75 por ciento de los casos se resuelva en el futuro Centro de Conciliación, por lo que descartaron que su campo de trabajo se vea mermado, sino que continuará, previeron, en lo que deberán ser los nuevos tribunales laborales. 

La desventaja, explicaron, será también para los demandantes que, en caso de no solucionar en la etapa prejudicial el conflicto laboral –que de acuerdo con la Junta en su mayoría son por despidos–, habrán invertido ya 45 días.

“No es que afecte el trabajo, sino que se hará un poco más dilatado el iniciar un proceso cuando se tenga que presentar una demanda (...) en este caso ponen una obligación de asistir a una audiencia de conciliación”, dijo Salamanca.

“En esos 45 días va a estar tratando de conciliar y ahí por lo menos perdió un mes y medio y presentar una demanda y tener una fecha, lo que en el caso, ahora sucede que se puede presentar una demanda y en esos 45 días puede tener la fecha y avanzar a la siguiente etapa, que es la de pruebas, en lo que actualmente se lleva en las Juntas de Conciliación”, agregó Villa. (Sandra Rodríguez Nieto / El Diario)

srdriguez@redaccion.diario.com.mx

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