Habrá cárcel por acoso callejero

El acoso callejero quedó establecido como falta administrativa en el Reglamento de Justicia Cívica y Buen Gobierno del Municipio de Juárez, que derogó el Bando de Policía y Buen Gobierno, y que fue aprobado el pasado viernes en sesión extraordinaria por el Cabildo.

La falta se podrá acreditar con el señalamiento directo de la persona ofendida o de algún testigo presencial del hecho, afirmó el secretario de Seguridad Pública Municipal, Raúl Ávila.

“Con que pronuncie palabras ofensivas hacia la mujer, son agresiones verbales que pudieran ofender a la persona; con un señalamiento directo de ella o de algún testigo presencial la Policía Municipal puede actuar”, aseguró.

La regidora Amparo Beltrán Ceballos, vocal de la Comisión de Seguridad Pública, agregó que si un hombre persigue a una mujer para molestarla también va a ser considerado acoso callejero.

“Siempre y cuando esta persona se sienta incómoda, molestada por el tercero; antes tenía que suceder una serie de pasos para poder considerarlo acoso”, manifestó.

Agregó que la sanción puede ser de cuatro hasta 36 horas de trabajo comunitario, arresto o multa económica, según varios factores, como por ejemplo si el acusado es reincidente. 

Beltrán mencionó que otro cambio que se aprobó con el nuevo reglamento es que ahora la persona acusada de cometer una falta será presentada ante una especie de tribunal administrativo, donde va a tener una defensa y se va a enfrentar a un juez cívico.

“Antes la primera opción era una multa económica, ahora la primera sanción que se debe considerar son horas de servicio comunitario, y puede ser la atención de un psicólogo o criminólogo que pueda revisar el caso de la persona y atenderlo”, explicó.

El secretario de Seguridad Pública aseguró que con este sistema se trata de agilizar los procesos.

“Puede ser más directa y la persona tendrá su oportunidad de argumentar lo que a su interés convenga. Si piensa que no fue correcta la intervención del elemento policial puede expresarlo directamente con el juez, el elemento tendrá que sostener cómo funda y motiva el acto de molestia hacia el ciudadano, y entonces entra una controversia sana para poder deslindar la responsabilidad de quien la tenga”, explicó.

El nuevo sistema entrará en vigor en un período de 180 días o seis meses después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado y se puede perfeccionar, se informó.

Ávila dijo que la intención es arrancar de manera simultánea en todos los distritos, pero en los primeros que iniciará es en Centro, Universidad y Sur, y posteriormente en el resto, al igual que en el nuevo que se construye en Riberas del Bravo.

La regidora Beltrán dijo que no está de acuerdo en el proceso de este nuevo sistema, porque es burocrático, robusto y costoso. 

“Sí estoy de acuerdo en esa parte de que en las sanciones sea prioritario el servicio comunitario, pero no la manera en que van a ser juzgadas las personas; ahora van a ser centro de la defensa y de ataque, ahora sí los vamos a acercar a un ambiente como si fueran delincuentes, y no es la idea de la justicia cívica”, mencionó.