‘Háblele al obispo; él ya está enterado’

Ciudad Juárez— En el cuarto día de juicio oral seguido al sacerdote Aristeo B. por los delitos de abuso sexual y violación de una menor, el agente que lo detuvo declaró haberlo escuchado, en la llamada telefónica que se le concedió, hablar con una mujer religiosa y decir “hace unos años hice algo (…) háblele al obispo; él ya está enterado”.

La llamada citada, de acuerdo con el testimonio, se realizó en la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM), a donde Baca fue trasladado luego del arresto, la mañana del 9 de febrero de 2019.

“En eso se quita él del teléfono y dice ‘¿a dónde me vas a llevar’; le digo yo ‘va ser trasladado al Cereso estatal numero 3’. Se vuelve al poner al teléfono y dice ‘dígale que me llevan al Cereso estatal”, agregó la narración del agente investigador Sergio Ribera. 

“Yo presentí como que ya sabía, porque (…) otras personas y se asombran o desconocen, y recuerdo que él nomás agachó la cabeza”, señaló previamente Ribera, al relatar lo ocurrido luego de que, en el exterior de la iglesia Santa María de la Montaña, al poniente de esta frontera, le notificó al acusado que acudía a ejecutarle una orden de aprehensión. 

En la Diócesis de Ciudad Juárez no hubo ayer respuesta a llamadas de este medio. 

La audiencia se desahogó con los testimonios del oficial y de la perito en psicología Esmeralda Rocha, quienes reforzaron las narraciones presentadas en días anteriores por la víctima directa y por integrantes de su familia.

En las declaraciones de ayer, ambos profesionistas relataron que, de acuerdo con la denuncia, el sacerdote recurría a invitaciones a comprarle helado a la hoy adolescente, a jugar a las escondidas en la casa parroquial y a pedirle abrazos antes de perpetrar los ilícitos.

Los testigos también retomaron la descripción de la cercanía en la relación que la familia afectada mantenía con el acusado, para cuya comunidad eclesiástica la madre trabajó 16 años.

“Debido al vínculo de confianza que existía, los padres autorizaron para que este sacerdote llevara a la niña a comprar helado; fueron al albergue antes mencionado, se llevaron algunos niños de ahí, y que fueron a comprar un helado”, narró la perito. 

“Manifiesta que, después de comprar el helado, fueron a llevar a los niños al albergue, y cuando ella creía que la iba a llevar a su domicilio, el sacerdote se desvía y la lleva a la casa parroquial. Una vez en el lugar, la niña manifiesta que el sacerdote le dice que si juegan a las escondidas; la niña accede; a ella le toca buscarlo, él se esconde y, una vez que ella lo encuentra, el sacerdote de nuevo le realiza tocamientos”, agregó.

En su declaración, Rocha también destacó la importancia de la educación sexual en la infancia, citando que la menor habría empezado a identificar el abuso gracias a lo aprendido en sus clases de primaria. 

“Cuando ya tienen esta clase en la primaria, donde se les explica acerca de la sexualidad y el autocuidado, la niña empieza (…) a relacionar este malestar con lo que estaba sucediendo”, indicó Rocha ante el tribunal. 

“Llega, digamos, a descubrir la magnitud de los hechos y empieza a descubrir y a identificar que esto no es correcto; entonces la niña, me parece que a partir de ahí es que la niña empieza a negarse o a rechazar ir a la iglesia”, agregó la experta.

Rocha señaló también que en la entrevista que le realizó para su peritaje de impacto psicosocial, la menor le comentó haber escuchado a Baca en una ocasión cuestionar los libros con temas de educación sexual, diciendo que “eso no le deben enseñar a los niños”. 

En ese contexto, la perito agregó que parte de los instrumentos de los que se sirven los perpetradores de estos delitos es el desconocimiento, por lo que mencionó que era “importante” este tipo de educación en la infancia. 

B., de 77 años, fue detenido el 9 de febrero de 2019, luego de que la menor de edad narrara los hechos a su madre y la familia acudiera a interponer la denuncia penal.

Los archivos periodísticos agregan que de acuerdo con la denuncia los ilícitos se registraron entre 2015, cuando la víctima tenía ocho años, y enero de 2018.

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