Golpea a fiscal investigación en penales

Jorge Nava López, quien hasta ayer por la mañana fungió como fiscal de Distrito Norte, así como el consultor en seguridad Eduardo Guerrero, se encuentran entre los diez acusados por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), y ya fue girada una orden de captura por parte de Iván Aarón Zeferín Hernández, juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Almoloya. 

La noticia difundida en medios nacionales sorprendió al fiscal Nava en su oficina. Minutos después era separado del cargo por el fiscal general, Roberto Fierro, para que atendiera “asuntos de años pasados”.

Por la tarde su nombre había sido borrado del portal de la Fiscalía estatal.

Las versiones periodísticas refieren que la investigación, que también involucra principalmente a la presentadora de televisión Inés Gómez Mont y a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, es por la malversación de 2 mil 950 millones de pesos, al presuntamente otorgar contratos para la adquisición de equipo y la contratación de empresas “fantasma” para la realización de obras en cinco penales, manejados por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) del Gobierno federal.

Guerrero fungió como comisionado del OADPRS, mientras que Nava estuvo a cargo del área de Inteligencia del OADPRS.

También se menciona al exdirector general de Administración, Paulo Uribe Arriaga; así como a Emmanuel Castillo, exdirector de la Coordinación General de Centros Federales del organismo y a Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, quien fungió como director general de Desarrollo Tecnológico. 

Además de los cinco exfuncionarios del OADPRS también se acusa a Armando Romero López, José Reyes Orta Sierra, Ricardo Cortés, Yareli Delgado García y Héctor Oswaldo Zorrilla, en delitos presuntamente cometidos entre septiembre de 2015 y octubre de 2016.

Entrevistado por El Diario ayer por la mañana, Nava dijo que de la supuesta orden de aprehensión en su contra se enteró por los medios de comunicación, situación que le permitirá buscar la protección de la justicia federal, como parte de su estrategia legal.

“Estoy sorprendido por esto que está sucediendo, yo siempre he trabajado de manera honesta. Yo creo que es un tema político que se está tramando a muy altas escalas en la Ciudad de México; es una guerra de poder y es por ello que están saliendo diversas órdenes de aprehensión y requerimientos administrativos en contra de muchas personas, como lo que pasó con Conacyt y ahora pasa en áreas de seguridad”, agregó.

Al momento de la entrevista aún estaba al frente de la dependencia responsable de la procuración de justicia. 

Poco después, el fiscal general Roberto Javier Fierro Duarte daba a conocer en entrevista a El Diario que decidió separar del cargo a Nava López, a consecuencia de la investigación que la autoridad federal abrió en su contra por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. 

Dijo que fue el propio Nava el que presentó la solicitud de retiro para poder enfrentar la acusación y en su lugar se nombrará a un encargado de despacho, sin que al cierre de esta edición fuera revelado el nombre del nuevo funcionario.

“Nosotros nos enteramos de igual manera por los medios de comunicación, no tenemos información de algún proceso o alguna orden de manera oficial, sólo lo que dice el medio. Hemos decidido que se retire Nava, se separe del cargo para atender esta situación en la que lo están involucrando”, declaró.

Dijo que Nava pasó sus exámenes de confianza realizados por el Gobierno federal e hizo una rendición de cuentas correcta al entregar de manera puntual las declaraciones patrimoniales.

Sin embargo, la FGE descartó brindar apoyo jurídico al ahora exfiscal.

Nava López insistió en que no tenía certeza jurídica de las acusaciones en su contra al asegurar que en su paso por el área de Inteligencia del OADPRS de la Comisión Nacional de Seguridad no tenía facultades para el manejo de recursos económicos. 

“No tenemos certeza de que esto sea real, lo que sí es muy preocupante es que esta información esté circulando. Ya estamos tomando las medidas de precaución necesarias para realizar una defensa legal y técnica y aclarar esta situación”, agregó.

Como responsable de la persecución del delito, dijo que sabe la gravedad de los cargos que enfrenta y al tener conocimiento de la acusación a través de los medios de comunicación, declaró que se está preparando. 

Explicó que en su función dentro del órgano desconcentrado nunca manejó flujos de dinero, ni tenía la responsabilidad de firmar cheques. 

“Yo no tenía poder sobre la administración del órgano desconcentrado, ya que mi función únicamente se centró en organizar el área de Inteligencia del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia, conocido como C-5”, detalló.

Dijo que ayer mismo llamó a la empresa constructora con la que se firmó un contrato de construcción para las instalaciones del C-5 y le informaron que hasta el momento no han sido requeridos por alguna autoridad investigadora. 

“Ellos me mencionan que tienen un informe de la Auditoría Superior de la Federación donde no hay observaciones por cuanto a la obra asignada y tampoco les han hecho algún requerimiento de información, entonces posiblemente se trate de un tema evidentemente político en el que se pretende perjudicar a personas de la estructura baja de gobierno para poder hacer presión y llegar a los arreglos que se pretenden en niveles altos”, planteó.

Nava reconoció que su nueva situación legal es complicada ya que los delitos de los que presuntamente se le acusan son graves, por lo que prepara su defensa legal y aseguró que comparecerá voluntariamente las veces que la autoridad federal lo requiera, al reiterar que su paso por la función pública ha sido de manera honesta.

Medios de comunicación nacionales han documentado que tanto Inés Gómez Mont como su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, y su hermano Alejandro Álvarez Puga, participaron en la malversación de 2 mil 950 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación cuando estaba al frente Miguel Ángel Osorio Chong en la administración de Enrique Peña Nieto.

Los recursos presuntamente fueron triangulados en al menos mil 446 operaciones bancarias por las empresas ‘fantasma’ en las que los hermanos Álvarez Puga y Gómez Mont son apoderados legales, junto a otros socios.

La pareja de momento se encuentra prófuga de la justicia.

En tanto el juez de Distrito Iván Aarón Zeferín Hernández fue el mismo que giró la orden de arresto contra el gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca.