Faltan espacios para tratamiento de adicciones

En la lucha contra el consumo del fentanilo, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan directamente con los usuarios aseguran estar solas y sin recursos para la atención y rehabilitación del consumidor, pese a que la propia Ley Estatal de Atención a las Adicciones establece la obligatoriedad a la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones de cubrir económicamente el tratamiento.

Esto genera dos situaciones complicadas. La primera de ellas es atención en lugares con precios muy elevados que alcanzan los 30 mil pesos por paciente, debido a que no están estandarizados los costos por determinados servicios.

Y la segunda es la saturación que enfrentan muchos centros que sólo imponen cuotas de recuperación de hasta 500 pesos por semana, mientras que la familia cubre los gastos de alimentación, vestido e higiene de la persona, explica el pastor Alberto Rosales Espinoza.

El religioso tenía ayer remitidos a 50 hombres con adicción severa al ‘cristal’ y la heroína en el Centro de Atención a las Adicciones “Arca de Noé”, al suroriente de la ciudad, donde existe la mayor prevalencia al consumo de metanfetaminas combinadas con fentanilo, explicó.

Si bien el artículo 29 de la citada ley indica que “cuando la persona con problemas de adicción carezca de recursos económicos, la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones se hará cargo de su cobertura, previo estudio socioeconómico, mediante convenio con los centros de atención”, esto no ocurre así, sostiene.

Afirma que en los últimos 15 años sólo han recibido cemento y material de construcción por parte del Gobierno municipal, mientras que la Comisión no les ha proporcionado un peso para la atención de los usuarios. 

El artículo séptimo menciona que “son atribuciones y obligaciones del Estado elaborar y ejecutar programas, así como diseñar nuevos mecanismos y modelos de atención, sensibilización, prevención y erradicación de las adicciones con perspectiva de género. Además de desarrollar los mecanismos necesarios para el cumplimiento de esta ley, a través de las dependencias y organismos que corresponda en su caso e incluir una partida presupuestal suficiente, que garantice a las dependencias y entidades cumplir con los objetivos señalados por este ordenamiento.

“Nosotros hemos tocado puertas en la Comisión sin ninguna respuesta, no hemos tenido resultados, por eso ya no insistimos, nosotros no le ponemos precio a la rehabilitación, ayudamos por ordenamiento de Dios”, dice el religioso que mantiene la llamada “cristoterapia” como herramienta principal para la recuperación del adicto. 

Su teoría la basa en la necesidad espiritual que tiene la persona que se acerca a las drogas para satisfacer sus vacíos físicos, emocionales, mentales y espirituales.

Asegura que existen centros que tienen ingresos elevados, sin que se comprueben resultados en los tratamientos.

“Unos cobran hasta 30 mil pesos por un tratamiento de desintoxicación de cuatro meses, otros 20 mil y unos 10 mil, otros sólo sobrevivimos con las cuotas de 500 pesos por semana para pagar servicios porque no tenemos salarios y es la comunidad la que nos apoya, así como las familias que deben traer los alimentos, vestido y productos de higiene para su paciente”, agregó.

Los centros de atención a las adicciones también deben cumplir con diversas obligaciones aun y cuando no obtengan recursos del Estado o la Federación, según indica la Ley Estatal de Atención a las Adicciones.

Estos centros deben registrarse ante la Comisión, contar con la autorización de funcionamiento otorgada por la Comisión, cumplir con su objetivo, que es la rehabilitación, prevención de recaídas y posterior reinserción social de las personas con problemas de adicción, o en su caso desintoxicación.

Y deben tener a disposición de los interesados los lineamientos y las prácticas que se realicen en el Centro de Atención, así como llevar un registro de los usuarios, en lo relativo a su ingreso, tratamiento, egreso y reingreso, en su caso, además de la información que determine su reglamento. 

Debe indagar si el paciente tiene, además de su adicción: a) Algún padecimiento grave que amerite manejo especializado. b) Alguna o más discapacidades. c) Algún padecimiento psiquiátrico. d) Alguna enfermedad contagiosa o transmisible grave. e) Se encuentre en período de embarazo, posparto o lactancia. Lo anterior, con la finalidad de tomar las previsiones necesarias para canalizar su adecuada atención médica. 

Y también regula cuando se trate de menores de edad. En la ciudad sólo se tiene conocimiento de un centro que permite el acceso a menores, los cuales son canalizados principalmente por la Secretaría de Seguridad Pública o la Fiscalía General del Estado.

“Sí tenemos muchas obligaciones, pero muy poca ayuda de parte del Gobierno del Estado y el Gobierno federal”, sostiene el pastor. 

Para el director del Centro de Atención a las Adicciones “Arca de Noé”, la lucha contra las drogas no es pareja, pues mientras se gastan millones de pesos en el combate armado a la salud se le deja el menor presupuesto. 

“Para combatir el narcotráfico el Gobierno debe combatir su propia corrupción. Ellos saben quiénes están detrás de la venta de las drogas”, plantea. 

Otro fenómeno que reprueba el religioso es la falta de una política pública sostenible, independientemente de quién gobierna el estado o la ciudad. 

Programas preventivos 

han fracasado aquí 

Como ejemplo de la falta de continuidad a programas de prevención y atención a las adicciones, se tienen dos casos específicos. 

Uno de los proyectos más caros e inútiles lo representó el Centro de Formación Integral y Profesional en la Prevención y Atención de las Adicciones (CFIPAA) –antes Centro de Atención a Niños y Adolescentes (CANA)–, construido en 2010 y con cinco años en desuso, según documentó El Diario entonces.

En marzo de 2015 el Municipio cedió el edificio al Gobierno del Estado para que Servicios de Salud de Chihuahua lo operara como centro contra las adicciones.

En abril del 2016 fue reinaugurado por el entonces gobernador César Duarte y el secretario de Salud, José Narro Robles.

La obra tuvo una inversión de más de 33 millones de pesos y pretendía beneficiar a cerca de 125 mil habitantes de la franja fronteriza. Este espacio fue anunciado como único en su tipo en Latinoamérica, al integrar servicios médicos especializados con internamiento y formación de recursos humanos para niños, jóvenes y adultos de ambos sexos. Nunca operó.

En la administración de Javier Corral el espacio abandonado fue habilitado como Telebachillerato, que opera en la construcción realizada sobre un terreno que abarca 18 mil 177 metros cuadrados y que inicialmente funcionaría como un centro comunitario municipal, pero luego se optó por crear un Centro de Atención para Niños y Adolescentes, principalmente en el área de prevención de estupefacientes.

En la pasada administración la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones, anunció la apertura de dos centros de rehabilitación en Ciudad Juárez.

En el proyecto la clínica atendería los temas de salud emocional en personas de 12 a 17 años de edad, según declaró la entonces comisionada estatal de Salud Mental y Adicciones, Adriana Boucht Beltrán.

Estos centros operarían con participación de DIF estatal, que confirmó esta semana que el proyecto no se concretó en la pasada administración estatal. 

Para María Elena Ramos, directora del Grupo Compañeros, es necesario crear una verdadera política pública de atención a las adicciones, con compromisos claros y presupuestos bien asignados. 

“El tema de las adicciones se vio muy afectado cuando se convirtió en salud mental y adicciones porque si bien es un problema de salud mental, en la asignación de presupuestos para la prevención y atención disminuyó el foco en adicciones y ahora vemos más personas y recursos destinados a depresión, ‘bullyng’ y prevención de suicidios”, destaca.

Esta es una situación grave, considerando que el problema de las adicciones al fentanilo va en aumento, datos oficiales indican que el Sector Salud sólo cuenta en Juárez con tres centros de Atención Primaria a las Adicciones y ninguno de ellos es de internamiento, como los que ofrece la sociedad civil.

Lo que dice la Ley 

La norma Estatal de Atención a las Adicciones menciona en el artículo séptimo que:

• Son atribuciones y obligaciones del Estado elaborar y ejecutar programas, así como diseñar nuevos mecanismos y modelos de atención, sensibilización, prevención y erradicación de las adicciones con perspectiva de género

• Desarrollar los mecanismos necesarios para el cumplimiento de esta Ley, a través de las dependencias y organismos que corresponda en su caso e incluir una partida presupuestal suficiente, que garantice a las dependencias y entidades cumplir con los objetivos señalados por este ordenamiento