Exigen revisión a albergues para migrantes

Los albergues que reciben migrantes a cambio de dinero deben ser regulados para evitar la trata de personas, denunció ayer Yadira Cortés, integrante de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, tras la detención de la directora de Aposento Alto, Velia H. G., como probable responsable del delito de trabajos forzados como medio de explotación, una modalidad de trata de personas.

Durante los primeros seis meses del 2022 fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) 24 casos de trata de personas. “Nuestra hipótesis de esas denuncias es que principalmente pueden ser mujeres extranjeras que han llegado a esta ciudad, porque no entendemos que muchos años cero y luego de pronto salen”, señaló la activista. 

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas que se conmemora hoy 30 de julio, Cortés pidió proteger los derechos humanos de todas las mujeres, y recordó que todas las personas tienen derecho a la migración.

Dijo que los albergues deben ser un espacio humanitario, y si dan el apoyo a cambio de dinero deben ser regulados por las autoridades municipales, estatales y federales, lo cual no ocurre en los albergues Aposento Alto y Esperanza para Todos, dirigidos por integrantes de una misma familia en las colonias Lomas de Poleo y Rancho Anapra.

“Esto tiene que regularse de alguna manera, es importante, porque son personas, y todos tenemos derecho a la migración también, es nuestro derecho. Y tenemos derecho a vivir libres de violencia en todos los sentidos”, señaló.

La coordinadora de Acompañamiento Psicoemocional de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez también pidió a las autoridades informar sobre las modalidades que existen de trata de personas, entre ellas el trabajo forzado.

“El tenerlos trabajando sin ninguna paga, el obligarlos a hacer ciertos trabajos sin ninguna paga, el no permitirles que se comuniquen con sus familiares, e incluso el tema de ‘no puedes decir nada porque yo te tengo aquí en este refugio o en este albergue’. Los albergues son eso, un espacio en donde pueden dormir, en donde pueden estar, si está ahí se tiene que hacer de buena voluntad o que no se haga. Si es con fines de lucro pues entonces hay instancias que los deben regular”, apuntó. 

Cortés destacó que los DIF deben también vigilar estos espacios debido a la presencia constante de niñas, niños y adolescentes, todos en situación del vulnerabilidad. 

“Ningún niño, ninguna niña, ninguna mujer, ningún hombre debe ser explotado laboralmente ni tiene que hacer un trabajo por el cual no le pagan”, externó. 

A través de la carpeta con el número de expediente CNDH/5/2022/4809/Q, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) comenzó el pasado 16 de mayo la investigación referente a la queja contra los albergues Aposento Alto y Esperanza para Todos, por lo que al dar vista a la FGR dicha la instancia federal inició la carpeta por posible trata de personas con el número de oficio JUA/EILV/C4/611-202. 

Al no existir una regulación adecuada de los lugares que atienden a personas vulnerables, el señalamiento a través de la queja interpuesta en la CNDH es hacia el Instituto Nacional de Migración (INM), a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El colectivo Nómadas sin Rumbo documentó los casos de al menos ocho familias que vivieron trabajo forzado, maltrato psicológico, acoso sexual, ofrecimiento de drogas, y quienes aseguraron que los ponían a cocinar la comida que después les vendían, que vivían amenazados de que si se salían del albergue –en el que les cobraban la estancia– no podrían solicitar el asilo en Estados Unidos, y les hicieron firmar un “contrato de confidencialidad”. 

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