Esperan con reforma fin a ‘puerta giratoria’

Es como adelantar una pena contra personas: jueces

Blanca Carmona/
El Diario
domingo, 14 abril 2019 | 06:00

Mientras integrantes del Poder Judicial consideraron un retroceso al sistema penal acusatorio la reforma constitucional que desde ayer obliga a imponer la prisión preventiva de oficio en nueve delitos, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) afirmó que será un freno a la “puerta giratoria” de detenidos.

Tan sólo por posesión de armas –uno de los delitos que desde ayer requiere prisión preventiva–, la SSPM detiene al año a unas 360 personas que, en la mayoría de los casos, quedan libres después de las primeras 48 horas y vuelven a delinquir, dijo el titular de la corporación, Ricardo Realivázquez Domínguez.


Es como adelantar una pena contra personas: jueces

Prisión preventiva oficiosa polariza a sectores

Además, anualmente se arresta y presenta ante el Tribunal de Control a otras 457 personas como sospechosas de haber cometido algunos de los ilícitos que desde ayer están incluidos en el catálogo que de oficio requiere prisión preventiva, como abuso sexual a menores, robo, desaparición forzada de personas y ejercicio abusivo de funciones de servidores públicos.

“Detenemos personas en posesión de armas y a las 48 horas ya los tenemos afuera otra vez, sin duda es algo que va a beneficiar y llama la atención que también se incluyera el robo. En materia de prevención creemos que van a bajar considerablemente estos delitos porque con todas estas personas hemos tenidos reincidencias”, dijo Realivázquez.

El jefe policiaco indicó que en contraparte habrá que ver si no se empiezan a saturar los centros penitenciarios, pues en el caso de la portación de armas de fuego el Ministerio Público (MP) de la Federación ni siquiera judicializaba los casos y prefería reservarse el ejercicio de la acción penal.

Esa atribución está contemplada en el Artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), en donde se señala que en los delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa el MP, tanto del fuero común como federal, puede disponer de la libertad del imputado e imponer una medida de protección diversa a la de la cárcel.

Por lo que se prevé que al entrar en vigor la reforma aumenten los asuntos que se judicialicen. 

Jueces de Control señalaron que imponer la prisión preventiva es como adelantar una pena en contra de personas que por ley deben ser tratadas como inocentes hasta que no sean encontrados culpables por un tribunal competente, e impide que los resolutores entren al estudio de cada caso en particular para analizar si se debe imponer la cautelar más gravosa. 

“Naturalmente todos los abogados repudiamos esa reforma porque es contraria al sistema, a la presunción de inocencia. El problema de la prisión preventiva es que releva la función del juez. No somos enemigos de la prisión preventiva, existe y debe existir para algunos casos, pero es el juez quien debe entrar al estudio de cada caso en particular, es el juez quien debe decidir y sobre todo en los tipos penales que impone la reforma”, indicó un resolutor.

Además –por ley– para la vinculación a proceso no se requiere demostrar la culpabilidad ni los elementos que constituyen un delito, sólo datos que permitan suponer que se trata de una conducta antisocial y que el detenido participó y la vinculación es para que la investigación siga adelante, explico un juez de Control.

Al imponer la prisión preventiva de oficio, agregó, “estamos adelantando una pena”.

“El problema es que se quita la función del juez, no se nos deja valorar el caso en particular, si independiente del delito el imputado debe quedarse o no en prisión preventiva. Al analizar el asunto de forma particular se ve si tiene o no arraigo, si existe o no riesgo para la víctima y la sociedad y si es posible imponer otra cautelar que garantice la presencia del imputado a juicio. De cierta manera se le está tratando como culpable”, consideró un juzgador. 

Los jueces consultados sobre el tema indicaron que esta reforma representa un retroceso. En el 2007, al iniciar el sistema penal acusatorio, no existía la prisión preventiva de oficio pero después hubo un cambio legislativo para introducirla en delitos graves y posteriormente, con la entrada en vigor del CNPP, se incluyó el principio de mínima intervención del Estado y esta última reforma es contraria a ese principio, dijeron. 

De enero a diciembre de 2018, al Tribunal de Control con jurisdicción en Ciudad Juárez fueron consignadas 4 mil 049 personas como sospechosas de haber cometido 4 mil 315 delitos.

De esos, 457 corresponden a los ilícitos que a partir de la reforma aprobada en febrero pasado deben imponerse la prisión preventiva, informó el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) al responder a una petición de datos. 

El Artículo 19 contemplaba como sujetos de prisión preventiva oficiosa los delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos y delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Pero con la reforma se agregan abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción –tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones– y robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades.

También delitos de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. (Blanca Elizabeth Carmona/El Diario)


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