Diario
Juárez
domingo, 09 junio 2019 | 10:58
Ciudad Juárez— La Fiscalía General del Estado (FGE) ha cometido diversas pifias, errores y omisiones en investigaciones de casos emblemáticos que han permitido la liberación de presuntos delincuentes, entre ellos homicidas, extorsionadores, “huachicoleros” y líderes criminales.
En algunos casos no sólo fue la deficiente integración de expedientes, vicios y escasez de pruebas, sino también la falta de una intervención oportuna, aprovechada por los criminales para atentar incluso contra servidores públicos.
La protección de comandantes y policías estatales a bandas dedicadas al robo de combustible en la ciudad es un tema que el titular de la FGE, César Augusto Peniche Espejel, tiene pendiente de aclarar ante la opinión pública.
Para el catedrático de la Facultad de Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), Francisco Flores Legarda, se trata de un problema serio, pues en el desarrollo de las audiencias policías ministeriales, estatales y agentes del Ministerio Público han cometido fallas y violaciones al debido proceso, con deficiente trabajo en la integración en las carpetas de investigación.
Sin embargo, agregó Flores Legarda, no se conocen las sanciones por parte del órgano interno de control.
“Estamos viendo hasta cierto punto una actitud de indiferencia de parte de la autoridad responsable, en este caso la Fiscalía, en la que pareciera que no importan las fallas y los errores. Hace falta una mayor capacitación y que los órganos internos actúen para que no vuelvan a ocurrir las fallas, ya que el gran afectado es la sociedad”, apuntó.
CASOS EMBLEMÁTICOS
Primero homicidio, luego muerte natural
La Fiscalía del Estado cerró en noviembre de 2018 la carpeta de investigación del fallecimiento de la anestesióloga Karen Estrada Ávila, tras determinar –con la intervención de especialistas externos y de la PGR– que la presunción de homicidio se derivó de un error en la autopsia efectuada por un médico legista del Servicio Médico Forense.
El análisis estableció que la causa de la muerte ocurrida el 5 de agosto de ese año, se derivó de una complicación generada por el embarazo de la doctora y el consumo excesivo de un medicamento, y no por asfixia por estrangulamiento como quedó asentado en el acta de defunción y se informó públicamente a través de un comunicado de prensa.
Reporte inverosímil
Un juez federal ordenó en febrero de este año la liberación de Jorge Luis A. I., supuesto sucesor de “El Sixto” Julio César O.T., y presunto líder del grupo delictivo “La Línea” en los municipios de Temósachi, Matachí y Guerrero, pues consideró inverosímil el reporte de su detención efectuado por parte de la Unidad de Antisecuestros y de Inteligencia de la FGE.
El acusado fue presentado y boletinado como líder criminal y consignado al Ministerio Público Federal, sin embargo la FGE no presentó evidencia de la legalidad de su arresto ni la responsabilidad que le acreditaba, por lo que se consideró irregular e ilegal la acción estatal, ordenándose su libertad inmediata por el tribunal federal.
Pese a amenazas no se actuó
El pasado 26 de febrero fue asesinado en Chihuahua el director administrativo de la Policía Municipal de Cuauhtémoc, Efrén Peñaflores Rodríguez, quien se dirigía al aeropuerto Internacional “General Roberto Fierro” para tomar un vuelo con destino a la Ciudad de México. En el ataque falleció también su escolta Alejandro López Rivera.
El dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro, declaró que el crimen quedará en la conciencia del gobernador Javier Corral, a quien ya le habían denunciado que el jefe policíaco estaba en una situación de amenazas y vulnerabilidad, sin embargo nunca se hizo nada para protegerlo.
Tras haber sido detenidos los presuntos responsables del ataque en un domicilio de la colonia Campobello, no fue sino hasta el 6 de marzo cuando los hermanos Miguel Ángel, Manuel Iván y José Luis R.V., de 22, 23 años y 17 años, fueron vinculados a proceso por los delitos de narcomenudeo y por portación de armas de fuego exclusivas del Ejército.
Sin embargo por el múltiple homicidio hasta el momento no se les han fincado cargos penales.
Protección a ‘huachicoleros’
En enero pasado el fiscal Peniche declaró que comandantes, agentes municipales y elementos de la Policía Estatal eran investigados por ofrecer protección a una banda dedicada al robo de gasolina, que ordeñaba sistemáticamente un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Esto después de la captura infraganti de los “huachicoleros” identificados como Miguel Armando N.G. y Francisco Javier Z.C.
A casi medio año de los hechos, hay nulos resultados en las indagatorias.
A los dos meses salieron libres
Dos de los tres presuntos líderes ‘huachicoleros’ que fueron presentados por el Gobierno estatal como integrantes de una red de robo de combustible, quedaron en libertad a principios de marzo pasado.
Jesús Osvaldo L. L., de 48 años, alias “El Largo”, y Luis Daniel A. C., de 36, alias “El Gordo”, quienes supuestamente operan para la organización criminal “Gente Nueva”, fueron vinculados a proceso por posesión de droga y armas dentro de la causa penal 699/19, sin embargo se decidió a la semana de haber sido detenidos que debían enfrentar el proceso en libertad bajo otras medidas cautelares y el juez descartó la prisión preventiva.
El arresto fue anunciado por el gobernador Javier Corral en una rueda de prensa en la que dio a conocer que “en un operativo coordinado entre la Comisión Estatal de Seguridad, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional, fue desmantelada la red de robo de hidrocarburos a Pemex que operaba en las zonas centro y sur del estado”.
Corral dijo que ese golpe fue gracias al trabajo de investigación e inteligencia desarrollado por los elementos policiacos y con el apoyo del personal castrense.
Informó que aseguraron ocho predios en donde se realizaba la sustracción del combustible y que había tres pipas de carga, dos autotanques con capacidad para almacenar 30 mil litros y un contenedor prefabricado con capacidad para 20 mil litros.
Sueltan a tres extorsionadores
Tres hombres acusados de extorsión en contra de una agencia aduanal en Ciudad Juárez quedaron en libertad a principios de año y sorpresivamente no fueron consignados ante un juez penal.
Según el propio vocero Alejandro Ruvalcaba, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía determinó que no había delito que perseguir y así quedaron en libertad Víctor Hugo S. M., José Iván E. e Israel D. S.
El caso generó extrañeza a la Mesa de Coordinación para la Construcción de La Paz, toda vez que incluso se les exhibió en un boletín de prensa acusados de cobrar 8 mil dólares, donde la víctima los señaló como quienes habían acudido a exigir el derecho de piso y le hicieron previamente llamadas intimidatorias. No hubo sanción al Ministerio Público involucrado.
Falta de pruebas
Por falta de pruebas quedaron en libertad Juan Eduardo L. G., Luis Gerardo L. H., Jonathan Jair, M. C., Iván Ricardo S. S. y Mauricio Antonio P. L., acusados por tentativa de fraude y uso indebido de placa
Según el Ministerio Público los involucrados, originarios de Nuevo León, pertenecían a una banda y habrían fingido un choque para obtener dinero.
Su detención se concretó cuando el pasado 31 de mayo agentes policiacos atendieron un percance vial en el que el demandante había señalado a las personas como quienes le solicitaron 12 mil pesos para ‘arreglarse’ en el lugar.
La juez que atendió la causa penal 1751/2019 resolvió que la instancia estatal no presentó elementos suficientes y generalizó en su acusación.
Vicios en la investigación
El pasado 26 de abril la juez Karla Otero evidenció fallas en las pruebas presentadas por la Fiscalía para intentar incriminar a cinco policías municipales por el asesinato del exministerial Leopoldo Soto, ocurrido el 18 de abril.
Fue así como dejó en libertad a los policías municipales José Guadalupe D. S., Luis Alberto T. M., David Abraham R. G., Fernando M. L. y Pedro Roberto C. C.
Los municipales lograron que la juez anulara las pruebas en contra por estar viciadas, ya que la defensa de los elementos logró acreditar que a los detenidos no se les leyeron sus derechos, e incluso se les obligó a firmarlos. Además existieron inconsistencias al momento de ser puestos a la vista de los hijastros de la víctima.
Sin detenidos
El pasado lunes fue acribillado Óscar García Díaz, quien trabajaba como agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, quien indagaba el robo de combustible y el presunto involucramiento de policías estatales y mandos.
Fue ejecutado en el cruce de la avenida Pascual Orozco y Glandorf de la colonia San Felipe cuando hombres armados dispararon en contra de la víctima, quien iba a bordo de un automóvil Toyota Yaris rojo. El también exsubdelegado de la PGR fue trasladado a un hospital, en donde minutos después perdió la vida.
A pesar de la intensa movilización policiaca, los autores materiales del crimen no fueron detenidos y el cuerpo de la víctima se trasladó a la Ciudad de México de manera inmediata y bajo un fuerte dispositivo de seguridad. (El Diario)