¿Es privilegio o derecho el otorgamiento de la prisión preventiva domiciliaria?

'Esa medida, para nada incluye un régimen especial o de privilegio injustificado, sino más bien elimina una injusticia'

Maclovio Murillo Chávez
domingo, 03 marzo 2019 | 07:11
El Diario de Juárez |

Texto enviado a título personal 

por el Lic. Maclovio Murillo Chávez

en relación a Aristeo Baca:


¿Es privilegio o derecho el otorgamiento de la prisión preventiva domiciliaria?

En los países más civilizados del orbe -que se han autoproclamado como estados democráticos constitucionales- el respeto a los derechos humanos es la brújula que guía la emisión de todo acto de autoridad.

En esa medida, el ser “derechohumanista” no es un término cosmético ni equivale a la búsqueda de la aplicación convenciera de las normas jurídicas que integran el derecho positivo en vigor, solo cuando favorezcan a la situación o individuo al que se defiende o con el cual se simpatiza, sino en todo caso implica la búsqueda de la aplicación imparcial y objetiva del derecho, sin hacer distinciones discriminatorias injustificadas.

El principio universal de la “presunción de inocencia” conforme al cual nadie debe ser considerado como culpable mientras no sea condenado en sentencia firme, tiene entre otras implicaciones, la relativa a que no se le dé un trato de culpable. Y conforme al mismo, si se encarcela a alguien sin haberse concluido su juicio con una sentencia condenatoria, se le estaría tratando como culpable, pues no puede decirse que alguien tenga el trato de inocente si está encarcelado.

Sin embargo, paralelamente a ese derecho de presunción de inocencia, subsiste también el derecho de la sociedad y de las víctimas del delito, a la justicia restaurativa que además de procurar resarcir el daño causado en lo posible, evite la impunidad y se de un castigo con fines disuasivos para evitar la proliferación del delito.

Entonces entran en aparente tensión esos dos derechos, el del imputado de un delito a no ser tratado como culpable y el de la víctima y la sociedad a que se les haga justicia evitando la impunidad.

Para conciliar esos derechos en tensión y asegurar que los imputados en la comisión de algún delito no se sustraigan a la acción de la justicia, en todo el mundo civilizado como en México, se ha desarrollado un sistema de aplicación de medidas cautelares que aseguren que el imputado no se evadirá a la acción de la justicia mientras se le dicta sentencia y se concluye el juicio para determinarse en definitiva si es culpable o inocente. Esas medidas cautelares tienen las características de ser provisionales, proporcionales y no deben prejuzgar sobre el resultado del juicio.

La prisión preventiva es una de esas medidas cautelares, pero no la única, pues alguien sujeto a un proceso penal, puede imponérsele como medida cautelar una garantía económica, el resguardo en su domicilio con vigilancia de la autoridad, y la obligación de realizar reportes consecutivos ante el juez, entre otras muchas más.

La prisión preventiva es la medida cautelar más invasiva, la que lleva una máxima intervención estatal, porque lleva implícita la privación de la libertad personal mientras se resuelve el juicio. Y en ese supuesto, la tensión entre el derecho del imputado, la víctima y la sociedad, se ve incrementada, pues se posibilita que aquellos quienes no tienen sentencia condenatoria definitiva, aunque deban ser tratados como inocentes, puedan estar privados de su libertad si se les ha dictado prisión preventiva para ejecutarse en una cárcel.

Por esos motivos, la prisión preventiva como medida cautelar, está regulada por el principio de excepcionalidad, conforme al cual, solo habrá de aplicarse en casos extremos, y no habrá de aplicarse cuando exista alguna otra medida que con independencia de la gravedad del delito cometido, garantice que el imputado no se sustraerá de la acción de la justicia.

Sin embargo, el legislador mexicano, basándose sólo en la gravedad del hecho delictivo, y contrariando el régimen convencional derivado de los tratados internacionales, motivado por la incompetencia para brindar una adecuada seguridad pública, ha introducido a nivel constitucional un catálogo de delitos que cada vez más se ha ido engordando, en los cuales, la prisión preventiva es obligatoria.

Pero al lado de ese catálogo, reconociendo el estado de vulnerabilidad de los adultos mayores a setenta años o cuando los imputados padezcan enfermedad grave o terminal, se ha establecido como una excepción general, impersonal y abstracta para todos aquellos que, bajo cualesquiera de esas dos hipótesis o cuando se conjuguen ambas, la prisión preventiva en lugar de ejecutarse en un centro de reclusión, pueda cumplirse en la modalidad domiciliaria o en un centro geriátrico.

Literalmente, dispone el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales:

“En el caso de que el imputado sea persona mayor de setenta años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el Órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada”

Esa hipótesis, con la única condición de que una persona tenga esa edad, o bien esté afectada por una enfermedad grave o terminal, o bien se conjuguen ambas situaciones, quedará legitimada a solicitar que la prisión preventiva que se le haya decretado en su contra se cumpla en la modalidad domiciliaria.

Entonces, si esa hipótesis constituye un derecho incorporado en una ley general, impersonal y abstracta, es indudable que el hecho de que un Juez la aplique a quien cumpla alguna de esas condiciones, para nada constituye el otorgamiento de un privilegio injustificado ni da ventaja sobre la víctima del delito, pues al contrario, la excepcionalidad de la prisión carcelaria preventiva, sumada al reconocimiento de vulnerabilidad en una norma jurídica, en el sentido de que quienes en abstracto se encuentran en condición de adultos mayores a setenta años o con enfermedad grave o terminal, justifica su aplicación, sin perjuicio de que, al dictarse la sentencia correspondiente, si el procesado es declarado culpable, sea obligado a ir a prisión.

En síntesis, la prisión preventiva domiciliaria, sólo garantiza que, quien aún no es declarado culpable en sentencia firme y es un adulto mayor de setenta años o padece enfermedad grave o terminal, no vaya a prisión mientras se decide en sentencia su situación, quedando confinado y resguardado en su domicilio bajo la vigilancia de la autoridad, para evitar su evasión.

Esa medida, para nada incluye un régimen especial o de privilegio injustificado, sino más bien elimina una injusticia y garantiza un derecho constitucionalmente admitido por el estado mexicano, que es la presunción de inocencia, posibilitando que no se imponga cárcel a quienes bajo esas condiciones de vulnerabilidad, no se les haya declarado culpables.