En el limbo jurídico

Pese a la recomendación de la CNDH sobre la ilegal figura del arraigo, una persona permanece en esas condiciones en Ciudad Juárez

Blanca Carmona/
El Diario
martes, 05 marzo 2019 | 06:00

A pesar de la recomendación emitida en agosto del 2017 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la que consideró  ilegal la figura del arraigo y recomendó al Gobierno estatal eliminar este sistema de encarcelamiento, actualmente una persona permanece en el Centro Estatal de Arraigo (CEA) de Ciudad Juárez.

Juan Carlos Gámez Bernal prácticamente quedó en el limbo jurídico al detenerse el cumplimiento de la sentencia condenatoria que le fue dictada en 2013 y él es único interno en el Centro de Arraigos de Juárez.

La Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua con sede en la capital del estado, fue la última autoridad del fuero común que conoció del proceso penal que se sigue en contra de Gámez, quien a los 21 años de edad fue condenado a la pena vitalicia al ser considerado culpable de haber cometido cuatro asesinatos. 

Después la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) atrajo el juicio de amparo interpuesto por Gámez, número 279/14. 

Hasta la fecha, esa autoridad no ha emitido una resolución, informó la vocera del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua, Rosalba Salcido, quien aseguró  que el TSJ de Chihuahua quedó impedido para disponer del detenido y únicamente tiene facultades para mantenerlo bajo  arraigo. 

Sin embargo, familiares de Juan Carlos señalaron que desde agosto del 2018 la SCJN ordenó su libertad y mostraron a El Diario un documento en el que el ministro de la Primera Sala Pena de la SCJN, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ordena la  libertad.

Gámez Bernal fue encontrado culpable de haber participado en el homicidio de cuatro personas, ocurrido el 14 de octubre del año 2011 en el interior de un bar denominado “La Mascota” ubicado en las calles 25 y Jiménez de la colonia Obrera en la ciudad de Chihuahua.

En ese lugar murieron el exagente de la desaparecida Policía Judicial del Estado Carlos Martín Bustillos Lozano, Fernando González Villaseñor, Teresa Morales Quirina y José Lorenzo Vázquez González.

De acuerdo con datos periodísticos, Gámez Bernal resultó lesionado en esos hechos y fue ingresado a un hospital  bajo el nombre de Jesús Ochoa Ortiz. En la escena del crimen se localizaron restos de sangre de las cuatro víctimas mortales y de otra persona. 

Posteriormente se determinó que esa sangre correspondía a Gámez. Él fue detenido el primero de noviembre del 2011 cuando aún se hallaba hospitalizado y dos años después, en el juicio oral 118/12, fue condenado a permanecer de por vida en la cárcel. 

Sin embargo, familiares de Gámez Bernal afirmaron que él es inocente, únicamente había acudido al bar a una fiesta y la prueba de rodizonato de sodio resultó negativa. Pero lo sentenciaron sólo por tres gotas de sangre halladas en el centro nocturno, sin ninguna otra prueba, denunciaron.

Los quejosos explicaron que Juan Carlos, actualmente de 28 años de edad, lleva más de cinco años y tres meses sujeto al arraigo y fue recluido en noviembre del 2017 en Centro Estatal de Arraigos de Juárez. Actualmente él es el único reo confinado en ese lugar, prácticamente incomunicado, sin actividades de reinserción social y olvidado.

“En enero él iba a salir libre y después nos dijeron que no, que se necesitaba un brazalete… ya no sabemos qué hacer, no tenemos quién nos ayude. Su causa penal está en la ciudad de Chihuahua y se lo llevaron a Ciudad Juárez violando todos sus derechos humanos porque está en el olvido, nosotros no podemos ir a verlo, no hay ningún familiar cerca. La gente de Derechos Humanos no se ha acercado, nosotros pedimos su intervención. Estamos desesperados”, dijo un pariente de Gámez vía telefónica.

El entrevistado indicó que Gámez lleva cinco años y medio bajo arraigo, estuvo dos años en el Cereso de Aquilés Serdán.

Ayer la vocera del TSJ indicó que Juan Carlos Gámez fue sentenciado a la pena vitalicia en noviembre del 2013 y en ese mismo mes y año interpuso el recurso de casación contra la pena impuesta. En agosto del 2014 la Quinta Sala Penal confirmó la sentencia. Posteriormente Gámez interpuso el amparo 279/14 ante un Juzgado de Distrito y la SCJN ejerció la facultad de atracción, el asunto se radicó como amparo directo 27/2015.

“El arraigo se impuso como medida cautelar al suspenderse la ejecución de la sentencia y obliga al TSJ a mantener al quejoso en arraigo. La única facultad del TSJ de Chihuahua es mantener el arraigo porque está a disposición de tribunales federales. Las autoridades locales están impedidas para ordenar la libertad. La Corte no ha resuelto y él sigue en arraigo”, señaló la vocera Salcido. 

Desde el 14 de agosto de 2017, la CNDH emitió la recomendación 29/2017 en la que consideró ilegal el funcionamiento de los centros de arraigo. Para marzo del 2018 en el Centro de Arraigos de Juárez había seis internos y uno en la ciudad de Chihuahua, de acuerdo con datos periodísticos. 


El caso

• Juan Carlos Gámez Bernal fue encontrado culpable de haber participado en el homicidio de cuatro personas y le dieron prisión vitalicia

• El ataque ocurrió el 14 de octubre de 2011 en un bar de Chihuahua

• En ese lugar murieron el exagente de la desaparecida Policía Judicial del Estado, Carlos Martín Bustillos Lozano, Fernando González Villaseñor, Teresa Morales Quirina y José Lorenzo Vázquez González

• La SJCN atrajo el juicio de amparo interpuesto por Gámez, número 279/14. Hasta la fecha, esa autoridad no ha emitido una resolución


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