En 100 días, mil 200 retornados a México

Ciudad Juárez.- “¡Nos están invadiendo!, ¡Nos están invadiendo!”, fue lo primero que “Joaquín”, un nicaragüense de 29 años, escuchó decir a los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso después de cruzar el río Bravo para entregarse en busca de asilo político.

Él pensó que al ser detenido le preguntarían los motivos por los que huyó de su país para buscar refugio en Estados Unidos, pero tras conocer su nacionalidad la pregunta que le hicieron fue otra: “¿A ti te gustan los hombres?”. Y así decidieron su futuro, antes de retornarlo a Ciudad Juárez como parte del programa “Permanecer en México” de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés).

“Joaquín”, “Francisco” y “Benavidez” son parte de los más de mil 200 migrantes que fueron retornados por el Gobierno de Joe Biden a México durante los primeros 100 días del programa también llamado “Quédate en México”; más de 550 de los cuales fueron enviados a esta frontera, la gran mayoría de ellos hombres de origen nicaragüense.

Los tres recorrieron más de 4 mil kilómetros durante varios días para llegar desde Nicaragua hasta Ciudad Juárez, donde debido al cierre de la frontera para la migración, la opción más “legal” que encontraron fue cruzar el pequeño cauce del río internacional para entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza, quienes nunca los dejaron exponer sus motivos para la petición de asilo, aseguraron.

“Yo no sabía (que podría ser retornado), realmente no”, dijo “Joaquín”, quien el 25 de enero tuvo que huir de su país, donde trabajaba para el Estado, pero al estar contra su política y haber participado en una marcha en 2018 comenzó a ser perseguido por la Policía.

Después de haber atestiguado el secuestro de una migrante en la Ciudad de México, quien fue arrebatada de los brazos de su novio, y de haber sido robado por los policías en la capital del país y en Torreón, Coahuila, finalmente el 8 de febrero pudo llegar hasta Juárez y El Paso.

‘Joaquín’ cruzó la frontera como parte de un grupo de 13 personas, a quienes los agentes formaron para pedirles sus datos y colocarles una pulsera en la muñeca. Y en poco tiempo sumaron más de 300 migrantes del otro lado del río, donde los agentes estadounidenses decían: “¡Nos están invadiendo!, ¡Nos están invadiendo!”, recordó.

Después de tres días detenidos, en los que continuamente les repetían “nadie los invitó”, “no son bienvenidos”, a él sólo le hicieron dos preguntas para decidir su futuro migratorio. La primera fue “¿a ti te gustan los hombres?”. Querían saberlo porque la comunidad LGBTI+ tiene un tipo de admisión especial por razones humanitarias que impide que sean devueltos a México.

Y la segunda pregunta: “¿quieres llevar tu proceso desde México?”. Él dijo que no, por lo que había vivido en el camino, pero no le hicieron caso. Fue sometido a una prueba de Covid-19, inmunizado por tercera vez y enviado a Juárez con una cita ante la Corte migratoria para el próximo 4 de abril.

“Estar en México es complicado.

Fue difícil la travesía, y en Monterrey secuestraron a mi primo, le pidieron 26 mil dólares a la familia y tuvieron que empeñar su casa. Por eso yo no salgo del albergue, siento que todos los migrantes tenemos un precio aquí en México… esto es lo que nos tocó, es difícil ser migrante”, dijo quien busca llegar a Miami con una tía que es ciudadana estadounidense, pero quien al contactar a un abogado le dijo que le cobraría 7 mil 500 dólares para llevar su caso, y que tenía que seguir esperando en México, por lo que no pudo contratarlo.

Los MPP, establecidos en la sección 235(b)(2)(c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, son una política migratoria instaurada por el Gobierno del expresidente Donald Trump por medio de la cual de enero de 2019 a enero de 2020 retornó a las fronteras mexicanas a 71 mil 036 personas, de las que 22 mil 967 contaban con un caso abierto en la Corte de Inmigración de El Paso, Texas.

A raíz de una orden ejecutiva emitida por el presidente Biden el 2 de febrero de 2021, agencias de las Naciones Unidas trabajaron con México y Estados Unidos para facilitar el cruce de las personas con casos de MPP abiertos ante los tribunales de ese país. Esta acción coordinada permitió a 13 mil 256 personas entrar en Estados Unidos de forma segura para esperar la resolución de sus casos de asilo, 5 mil 747 de ellas por Ciudad Juárez.

Pero, tras la orden de una Corte federal de apelaciones, el 8 de diciembre de 2021 Biden dio inicio a la versión 2.0 de la política migratoria de Trump.

Durante los primeros 100 días del programa, la mayoría de los retornados fueron hombres adultos, originarios de Nicaragua, Venezuela, Colombia, Cuba, Ecuador y Perú, quienes han sido entregados por la Patrulla Fronteriza al Instituto Nacional de Migración (INM).

Hasta ayer, 299 ya habían acudido ante un juez, 246 de ellos a través de Ciudad Juárez, quienes fueron acompañados desde el albergue en el que se encuentran hasta el puente internacional por personal de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La agencia de las Naciones Unidas ha aplicado, además, 255 pruebas de Covid-19 a la llegada de los migrantes a Juárez y antes de su reingreso a Estados Unidos; tres han salido positivas, por lo que las personas han sido aisladas de manera inmediata en el hotel filtro para migrantes.

Piden una oportunidad

Debido a la opresión de su Gobierno, “Francisco”, de 29 años, y su esposa decidieron huir de Nicaragua, pero sólo tenían 7 mil de los 8 mil dólares que les cobraba el ‘coyote’ por traerlos hasta el río Bravo, por lo que decidieron que él viajaría primero, juntaría dinero y enviaría por ella.

El 20 de enero salió de su país y estuvo detenido en Chiapas, pero las autoridades le dieron un documento en el que le daban 15 días para abandonar México, por lo que viajó a la frontera y cruzó el río Bravo como parte de un grupo de 80 migrantes, entre cubanos y nicaragüenses.

Tras ser detenido, a “Francisco” también le preguntaron sólo su orientación sexual, pero, al igual que a “Joaquín” y a “Benavidez”, nunca le preguntaron las causas por las que huía de su país.

“Me dijeron: ‘afortunadamente has salido beneficiado en un programa de Protección a Migrantes, para que puedas llevar tu proceso en México’”, relató al preguntarse por qué Estados Unidos los retorna a un país peligroso como México.

Con una cita ante la Corte para el próximo 6 de abril, y con su esposa actualmente detenida en El Paso desde hace dos días, el nicaragüense le pidió al Gobierno de Estados Unidos que les dé la oportunidad de trabajar en su país.

Para la organización estadounidense Human Rights First, “no hay nada de humano en este proceso”, por lo que alertó que “los devueltos bajo RMX 2.0 enfrentan un grave peligro en Ciudad Juárez, una región para la cual el Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido una advertencia de viaje de nivel 3 (la segunda calificación más alta posible), debido al alto riesgo de secuestros y violencia”.

‘Ni siquiera me preguntaron’

“Benavidez”, como pidió ser identificado, tiene 33 años y tuvo que salir de Nicaragua el 27 de enero pasado, para ir a Estados Unidos a trabajar y poder enviarle dinero a su mamá enferma.

“Mi mamá tiene artritis, la pobrecita, y está enferma de la presión, se quedó con mi papá en el campo”, dijo quien era agricultor y comerciante en una comunidad de Nicaragua, donde ganaba 100 córdobas diarios (57.49 pesos diarios), lo equivalente al costo de un litro de aceite para cocinar.

Él venía con su hermana de 36 años, pero se tuvieron que separar en el camino, por lo que el 14 de febrero llegó solo a Ciudad Juárez, donde cruzó el río y se entregó a los agentes vestidos de verde.

“Ni siquiera me preguntaron nada, sólo me llamaron para pedirme mis datos. Nos llevaron a ver una pantalla. Yo preguntaba si ya se había entregado mi hermana, pero no me dieron ninguna explicación”, narró quien fue retornado a Juárez con una cita para el próximo 12 de abril para su primera audiencia de solicitud de asilo. “A los que han ido les ha ido mal, porque aquí están de regreso la mayoría, dicen que no les creen el miedo creíble”, lamentó.

A diferencia del programa de retorno que se llevó a cabo durante la administración de Trump, cuando algunos extranjeros eran devueltos a México con una cita hasta un año después, esta vez ambos gobiernos acordaron que el proceso total sería por un promedio de seis meses; sin embargo, los activistas han destacado que están siendo enviados a una ciudad violenta, solos, asustados, sin dinero e increíblemente vulnerables.

“Les pido por favor, educadamente, que nos den una oportunidad. Nosotros también merecemos estar allá, también tenemos derechos, tenemos una familia que necesita de nuestro apoyo, e igual están preocupadísimos porque estamos en una de las ciudades más peligrosas del mundo”, pidió el centroamericano al Gobierno de Biden.