‘El hecho llena de vergüenza a todos’

Ciudad Juárez.- La mañana del pasado 30 de enero dos niñas de 9 y 11 años querían ir al parque y convencieron a su primo de 16 años para que las llevara a jugar. 

Las pequeñas corrieron a jugar y dejaron atrás al adolescente de lento andar por complicaciones en su salud, sin saber que en ese momento ocurrirían varios acontecimientos que hoy tienen a toda una familia aterrorizada y a una corporación policiaca desacreditada. 

Para la familia de José Ángel Magaña Monge, asesinado el pasado 22 de marzo, luego de denunciar a elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) como probables responsables de los delitos de robo, abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública, la detención de 11 elementos, no es suficiente. 

Demandan que las investigaciones vayan más a fondo al saber que existen otras familias afectadas por el mismo grupo de agentes que, junto a su comandante, supuestamente cometieron secuestros y otros delitos. 

Para Emilio García Ruiz, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, este hecho llena de vergüenza y resquemor a todos sus integrantes, pero también es una muestra de que el actuar de malos elementos no quedará impune. 

Entrevistado vía telefónica, el hermano de José Ángel narra que su sobrino adolescente, hijo de otro hermano y no de la víctima, fue interceptado por los agentes de la CES cuando iba a llevar a las niñas al parque y las cuales quedaron expuestas al quedarse solas. 

Al menor lo interceptan, lo llevan a la casa, lo obligan a entregarle las llaves de la vivienda y entran entre 15 oficiales que sustraen una caja fuerte con dinero y documentos, ropa, artículos del hogar y destrozan dos televisiones que no lograron, empotradas en paredes. 

Además, destruyen el equipo de videovigilancia instalado en el hogar y se llevan una camioneta F-150 estacionada en la cochera. 

“Mi hermano era carnicero y vendía autos, muchos títulos los tenía en la caja fuerte junto con otros documentos de bienes”, explica el entrevistado. Cuando los agentes irrumpen en la casa, los vecinos le notifican a José Ángel lo que pasaba, por lo que llegó 40 minutos después. 

Al llegar su hogar estaba destruido y faltaba una camioneta F-150. 

“Los vecinos le dijeron que se habían llevado al adolescente detenido, junto con una de las camionetas, y que metieron la patrulla 045 a la cochera”, dijo el familiar. 

Al menor lo acusaron por delitos contra la salud, ya que supuestamente lo sorprendieron a bordo de la camioneta vendiendo cocaína. 

Cuando José Ángel llegó a Fiscalía junto con el abogado que contrató y un vecino que atestiguó los hechos, acreditaron que el arresto no ocurrió como los agentes lo narraron. 

José Ángel acusó a los agentes por el robo y el abuso de autoridad y el padre del menor por el abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública. 

Tres días después de ocurridos los hechos el comerciante logró recuperar los videos y los presentó como evidencia en la denuncia ante Asuntos Internos y mantiene contacto con un comandante de apellido Flores. 

“Mi hermano tenía un amigo exministerial o ministerial que le dicen ‘Tin’, él lo acompañó a presentar la denuncia”, explica el entrevistado. 

Es el ‘Tin’ quien le dice a José Ángel que se cuide porque el comandante del grupo estaba involucrado junto con 20 agentes que se dedicaban al robo y otros delitos. Incluso cuando José hacía antesala para entrevistarse con el comandante Flores, una mujer que iba a denunciar a policías por secuestro identificó a los oficiales que él le mostró en los videos recuperados y ella también los identificó, aseguró el hermano. 

En febrero José Ángel le pide a ‘Tin’ que les pregunte a los policías que cuánto querían para que le regresen la papelería que le robaron de la caja fuerte porque necesitaba los documentos para finiquitar sus negocios y que si los regresaban él retiraba la denuncia y por miedo se salió de su casa por cuatro días. 

“Cuando va a la casa se encuentra la papelería, ya que los policías se quedaron con las llaves de la casa y dejaron los documentos. Mi hermano fue con el comandante Flores y los acusó de que entraron de nuevo a la casa”, agregó. 

Un mes después, el 21 de marzo el hombre al que sólo conocen como ‘Tin’ le llama para preguntarle cómo va el caso y lo invita a tomarse unas cervezas y platicar. 

La familia no supo más de José Ángel hasta que el 22 de marzo el abogado les avisa que fue localizado muerto en Camino Real. El familiar denuncia que durante ese lapso hubo hostigamiento para toda la familia. 

El Ministerio Público llamaba a su madre, a sus hermanos y al padre del menor para que lo presentara a declarar y después para que lo llevaran para darle el avance de las investigaciones, lo que ellos cuestionaban por ser menor de edad. 

“Mi familia tuvo que irse de la ciudad, yo me salí de Juárez, no han dejado de acosar a mi familia que vive con el miedo de que maten a mi sobrino por ser el único testigo de los hechos, él ya no vive en la ciudad porque la familia tiene terror de que le pase algo”, agregó. 

La familia exige que las investigaciones continúen y que terminen con el grupo de agentes que opera dentro de la CES. 

Ayer el secretario Emilio García Ruiz, quien tomó posesión del cargo el pasado mes de febrero, dijo que tuvo conocimiento de los hechos ese mes, cuando recibió a José Ángel y a su sobrino. 

“Nos hace del conocimiento nuestra área de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública que tienen ese problema y ellos consideran que no ha sido atendido de la manera correcta, por lo cual en esa área tengo a uno de los abogados más prestigiados del país, a Martín Levario Reyes, quien empezó a integrar la investigación de la mano con la Fiscalía General del Estado”, explicó. 

Detalló que una vez que se obtuvo la evidencia, obtuvieron la orden de aprehensión por abuso de autoridad y robo agravado, delitos que se tienen comprobados. 

Dijo que la indagatoria sigue, sobre cualquier otro tema que resulte después de la accionar de estos malos elementos. 

Mencionó que pese a las acusaciones los oficiales estos continuaron trabajando y en contacto con la ciudadanía, al privilegiar la presunción de inocencia, ya que al estar sujetos a investigación no implicaba que fueran culpables, pero se puso vigilancia a lo que ellos hacían.