Dispara violencia liberación de narcos

La exoneración del narcotraficante Héctor “El Güero” Palma Salazar por el delito de delincuencia organizada se suma a la libertad que tienen otros integrantes de las agrupaciones criminales del país como Juan José Bernabé Ramírez, implicado en el asesinato del agente antidrogas norteamericano Enrique “Kiki” Camarena en 1985, así como Rafael Caro Quintero, detenido por el mismo crimen y fuera de la cárcel desde 2013.

Sobre Bernabé Ramírez, de 62 años, un boletín de la oficina norteamericana de aplicación de leyes de Inmigración y Aduanas (ICE) del pasado 8 de abril, indicó que fue deportado a través del puente internacional Santa Fe-Paso del Norte, en Ciudad Juárez, para  enviar “el claro mensaje de que no toleraremos que criminales atroces sean liberados en nuestras comunidades”.

De Caro Quintero, de 68 años, Adrián LeBaron reportó desde noviembre pasado que su presunta operación en el estado de Chihuahua había sido mencionada en una de las audiencias del juicio federal por la masacre de su familia, registrada en 2019 y atribuida a integrantes de la organización delictiva denominada “La Línea”. 

“El juez dijo que un mes antes de la masacre se habían ido ahí a Buenaventura, Chihuahua, ahí cerquitita de mi pueblo, gente de allá de Caborca, un tal Rafael Caro Quintero, parece ser que estuvo ahí en ese lugar”, dijo LeBaron, padre de una de las víctimas, de acuerdo con un reporte publicado por este medio el 25 de noviembre.

“Parece ser que planearon un ataque coordinado (contra su familia), unos por el lado de Caborca y otros por el lado de Chihuahua, para calentar esa zona y cerrarles el paso a los otros cárteles hacia Estados Unidos”, agregó entonces el también tío de Benjamín LeBaron, asesinado en 2009.

Ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni la del Estado (FGE) respondieron ayer solicitudes de información sobre lo difundido tanto por ICE como por LeBaron.

Desde 2020, sin embargo, el fiscal general del estado, César Augusto Peniche, advirtió que otro presunto narcotraficante, Jesús Salas Aguayo, “Chuyín”, detenido en 2015 como supuesto jefe de “La Línea” y liberado de manera condicional en 2019, era uno de los principales generadores de violencia en la entidad.

“Después de haber estado varios años en la cárcel (Salas Aguayo) regresa otra vez a las calles, con una libertad que indebidamente le dio un juez federal”, comentó Peniche, de acuerdo con lo publicado por El Diario el 7 de julio de 2020.

“Y ahora, parte de las disputas que estamos viendo en el interior, especialmente de la banda criminal de ‘La Línea’, están ligadas a que este señor está tratando de recuperar la posición que tenía antes de su anterior aprehensión y ahora se ha convertido en un factor de violencia en Ciudad Juárez”, agregó el fiscal entonces.

‘Malas noticias’

Consultado por El Diario sobre estas liberaciones, el abogado Juan Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, dijo que eran “malas noticias” para México y para las regiones que, como Chihuahua, son utilizadas para las actividades de los grupos criminales con los que operaron. 

“No sólo la de ‘El Güero’ Palma, el doctor (Eduardo) Arellano Félix está también a punto de salir en Estados Unidos, y eso hace que estos hombres, como Caro Quintero, regresen a sus operaciones de trasiego de drogas hacia los Estados Unidos, y ahora que los grupos criminales no sólo hacen esa actividad, sino que también cobran derecho de piso (…) pues esto evidentemente las viene a fortalecer”, dijo Ortega.

“Porque ‘El Güero’ Palma era un líder muy fuerte del Cártel de Sinaloa (…) y no va a regresar a una vida sana a un trabajo honesto, sino a lo que hacía antes de que se cayera su avioneta y lo apresaran”, agregó el penalista en entrevista telefónica.

Sobre Caro Quintero, Ortega mencionó que hubo “enojo” en el Gobierno estadounidense luego de la liberación, dictada en agosto de 2013, por lo que un tribunal colegiado con sede en Zapopan, Jalisco consideró un error procesal en la acusación del asesinato de Camarena.

“Hay un enojo por parte del Gobierno de Estados Unidos y de las agencias que combaten el narco por la liberación de Caro Quintero, porque ellos están detrás de él, y es uno de sus objetivos prioritarios”, dijo Ortega, también representante legal de la parte afectada por la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, de 1993.

‘Sin voluntad contra el narco’

La exoneración de Palma Salazar –aliado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, extraditado en 2007 y devuelto a México en 2016, cuando fue apresado con cargos de asesinato– fue difundida el pasado sábado por el Gobierno federal mexicano.

En un comunicado, la administración de Andrés Manuel López Obrador informó que el Juzgado Segundo de Distrito en materia penal –también con sede en Jalisco– le había notificado, ese día, a la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Número 1 sobre la resolución en favor de Palma Salazar, absolviéndolo de una acusación de delincuencia organizada incluida en la causa penal 6/2018-IX.

“Para dar cumplimiento a la resolución judicial, el órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social se encuentra en proceso de consultas con la Fiscalía General de la República (FGR) y las 32 fiscalías de las entidades federativas, a fin de corroborar la no existencia de causa alguna en curso contra Palma Salazar”, indicó el comunicado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió el pasado lunes al caso y dijo cuestionar que la resolución del Poder Judicial de la Federación se hubiera dictado en sábado, y que ayer informaría si se confirma la liberación de Palma o si tiene acusaciones pendientes.

“Lo que veo ahorita es que no hay voluntad política del Gobierno mexicano para enfrentar a las milicias privadas de los grupos criminales, y esto está provocando que haya una gran violencia en el país, especialmente en las zonas donde los grupos criminales se disputan las plazas”, dijo Ortega. 

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