Juárez

Difieren otra vez audiencia vs exdirectivos de la JMAS

El aplazamiento tuvo la finalidad de generar condiciones de igualdad entre las partes

Sandra Rodríguez Nieto
El Diario de Juárez

miércoles, 21 abril 2021 | 06:00

Ciudad Juárez— Un tribunal de primera instancia difirió ayer para el 24 de mayo la audiencia de formulación de imputación del delito de peculado agravado contra un grupo de exfuncionarios de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez y dos exintegrantes de la dirigencia local del PRI.

De acuerdo con el criterio expuesto por el juez Antonio Coss Araujo, el aplazamiento tuvo la finalidad de generar condiciones de igualdad entre las partes debido a que los defensores habían recibido con pocos días de anticipación información adicional a la carpeta de investigación y uno de ellos, Nahúm Nájera, se sumó ayer a la representación.

El señalamiento de la Fiscalía Anticorrupción deriva de un presunto esquema de desvío de recursos de nómina que, según la acusación, fueron a parar al partido político, e incluye a los expresidentes del organismo –Carlos Silveyra y Antonio Andreu–, así como a Héctor Antonio Borunda Franco y Mayra Chávez, entonces integrantes de la dirigencia del Comité Directivo Municipal del tricolor en esta frontera.

Los desvíos, de acuerdo con la solicitud de audiencia presentada parte del Ministerio Público, se habrían registrado de manera catorcenal durante el sexenio pasado, cuando los jefes del Departamento de Recursos Humanos de la JMAS de Juárez instruyeron la creación de un listado con el total de las retenciones del 5 por ciento al salario de aproximadamente 237 empleados de confianza del mismo organismo descentralizado. 

Con el listado, agrega la versión del Ministerio Público, los contadores de la dependencia generaban una orden de pago con el total de las retenciones “para posteriormente ser autorizada por el presidente del organismo, Carlos Bernardo Silveyra Sayto (en su cargo del 3 de febrero al 11 de diciembre de 2015) y  Gerardo Antonio Andreu Rodríguez (en su cargo del 12 de diciembre de 2015 al 11 de octubre de 2016), así como por el tesorero Salvador Delgado Terrazas”.

Una vez autorizadas las retenciones, según la acusación, se emitieron pólizas de cheques bajo el concepto de “aportación de empleados” de una cuenta del organismo para “concretar la distracción del recursos, entregando la cantidad total de las retenciones realizadas al sueldo de los empleados a (…) Héctor Antonio Borunda Franco y Mayra Guadalupe Chávez Jiménez, secretario de Finanzas y presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional, quienes expedían el recibo correspondiente”.

Reportes periodísticos indican que la investigación fue anunciada en junio de 2017, cuando la Secretaría de la Función Pública estatal señaló que las retenciones ilegales sumaban alrededor de cuatro millones de pesos.

Datos del Tribunal Superior de Justicia indican que otros acusados son Salvador D. T., Griselda A., Mauricio J. R., Raúl C. J. y Priscila María A. V. 

Los abogados defensores fueron identificados como Abraham Martínez, Armando García Morán, Eva Ivonne Salcedo, Claudia Rodríguez Rucobo y Fernando Enrique Ulloa, mientras que por parte del Ministerio Público acudieron Larissa Ortiz y Ulises Sotelo.

El diferimiento de ayer fue el segundo presentado en el proceso, luego de que el pasado 5 de abril se presentara el primer aplazamiento.

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