Denuncian acoso y despido de 20 en SSPE

La agente de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) Rocío Ch. B., quien el pasado 11 de octubre interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) por presunto acoso y abuso sexual en contra de un comandante de la Policía Procesal, señaló públicamente que fue despedida de manera injustificada.

No sólo ella. Aseguró que en total fueron 20 agentes estatales adscritos a la Zona Norte a los que se les hizo firmar la renuncia voluntaria el viernes pasado, después de ser reubicados por Ricardo Realivázquez en la pasada administración estatal.

Ana Antillón, vocera de la SSPE, dijo que los despidos son en todo el estado y aunque no precisó una cantidad exacta de elementos cesados, refirió que aquellos que contaban con una carpeta de investigación iniciada en Asuntos Internos no serán recontratados.

Los policías estatales que carecen de base deben firmar un nuevo contrato cada seis meses, situación que el secretario Gilberto Loya y el fiscal general, Roberto Fierro, dijeron que iban a atender.

En estos casos, expuso la portavoz, los elementos policiacos y otros empleados de Gobierno del Estado están siendo despedidos, como ocurre en cada cambio de administración.

Estos despidos ocurren en todas las corporaciones y obedecen a despidos dentro de Gobierno del Estado. Son muchas las personas a las que se les vence el contrato ahora en diciembre y no les será renovado”, precisó.

Por ser día inhábil afirmó no contar con el total de elementos a los que no se les renovará el contrato laboral.

Ayer por la mañana Rocío dijo que una semana después de que hizo pública la denuncia ante la FEM por el acoso sexual sufrido, fue regresada a las filas de la Policía Estatal, a la que pertenecía antes de ser comisionada sin oficio a la Policía Procesal y a sus compañeros como custodios del Cereso 3.

“Estando en la Policía Estatal, de la noche a la mañana me dicen que me van a dar mando, que me van a hacer comandante, entonces a mí me sorprendió porque pensé que era para que parara esto, pero obviamente yo nunca paré la denuncia y empecé a comunicarme con la ministerial y con la agente del Ministerio Público (MP) que llevaba mi caso”, narró.

“Yo tengo dos testigos a las cuales la (Policía) ministerial nunca quiso tomarles la declaración. A la MP la he ido a buscar varias veces y nunca la encuentro, le mando mensajes y me deja en visto, le llamo y no me contesta”, aseguró.

Dijo que laboró del mes de noviembre hasta el 16 de diciembre. El viernes 17 le llamaron de Recursos Humanos para informarle que daban por concluido su contrato laboral, pese a que tenía tres años dentro de la corporación.

“Y no sólo es a mí, es a todos los compañeros que tienen cualquier tipo de problema legal, les están dando su baja al firmar; es como si nosotros estuviéramos renunciando y obviamente no estamos renunciando, ellos nos están corriendo, yo no la firmé. Están tomando represalias contra los compañeros que hemos alzado la voz ante cualquier tipo de problema; nunca pensamos que con este gobierno estaríamos peor”, comentó.

Hace tres semanas el titular de esa corporación, Gilberto Loya, dijo que se realizará la contratación de más personal para incrementar el número de elementos operativos en las filas e incluso consideró la contratación de exagentes.

“No pensamos que fuera a ser a costa de nuestras plazas, porque ellos alegan que es por contrato, pero por el marco de ley a partir de los seis meses ya tienes tu base. ¿Cómo puede ser posible que no hay elementos para los operativos? Se están suspendiendo descansos, los elementos trabajan de 12 a 15 horas diarias y están corriendo a la gente”, agregó Rocío.

Dijo que los agentes despedidos desconocen cuál fue el motivo por el que fueron dados de baja, además de que se les dio el documento desde el viernes y sus funciones concluirán hasta el 31 de diciembre.

Problemas, desde mayo

A finales de octubre un grupo de agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) denunció que desde mayo pasado, sin instrucciones claras ni un oficio de por medio, el comandante Ricardo Realivázquez Domínguez ordenó que fueran enviados a la ciudad de Chihuahua a tomar un curso para ser custodios del Centro de Reinserción Social para Adultos.

Al regresar a Juárez algunos fueron asignados al penal y otros a la Policía Procesal, pero en ninguna de estas dos instancias les permitían el acceso a su centro laboral y en la CES tampoco les dejaron regresar a su trabajo como agentes preventivos.

Rocío en aquel momento dijo que la situación de inestabilidad laboral por la que atravesaba fue aprovechada por el inspector de vigilancia de audiencias de Distrito Judicial Bravos, Guillermo D., quien, a cambio de darle un puesto oficial en la Policía Procesal, le propuso que accediera a sostener relaciones sexuales con él.

Dijo que debido a que reveló esa situación fue víctima de represalias, como el que se le dieran los turnos más pesados y que incluso se quedara sin su hora de comida.

La agente interpuso una denuncia en la FEM con el número de expediente 37-2021-34523 por los delitos de acoso sexual y abuso sexual en el caso de los tocamientos que le realizó.

Varios elementos a los que no se les renovó el contrato laboral expusieron ayer que buscarán asesoría en materia laboral y no descartan interponer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.