Dan apoyo a coordinador del Grupo Beta

A trece días de la captura de Juan Carlos M. Z., quien ocupaba el cargo de coordinador del Grupo Beta Juárez y fue acusado por los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público por los hechos ocurridos en la estancia provisional Juárez, diversas organizaciones de la sociedad civil le manifestaron su apoyo.

A un mes del incendio que, según las investigaciones de la Fiscalía (encargada de investigar delitos del orden federal cometidos por y contra personas migrantes en condición de vulnerabilidad), ocurrió por las omisiones cometidas por el personal del Instituto Nacional de Migración (INM), familiares y amigos de uno de los 10 acusados también exigieron justicia, reparación del daño y medidas de no repetición de hechos al Estado mexicano.

En una conferencia de prensa, acudieron Alfonso Murguía, del Consejo de Asociaciones e Instituciones Cristianas Evangélicas; el pastor Miguel Ángel González Ponce, presidente de la red de albergues “Somos uno por Juárez”; Leticia Chavarría, integrante de la sociedad civil, y Blanca Navarrete, directora de Derechos Humanos Integrales en Acción A.C. (DHIA). 

También hicieron acto de presencia exfuncionarios del INM como Héctor Padilla, quien incorporó al instituto a Daniel G. Y., responsable de la estancia migratoria siniestrada, así como Salvador Gómez.

“Juan Carlos siempre se condujo con un compromiso y humanidad admirable dentro del Grupo Beta. Muchas veces su trabajo lo realizó incluso a altas horas de la noche, en el desierto, o en la precariedad institucional, donde prevaleció siempre su convicción de ayudar a los migrantes”, dijo Leticia Chavarría. 

Subrayó que las funciones del Grupo Beta son estrictamente de carácter humanitario y por lo tanto su vocación es prestar ayuda a los migrantes que por diversas circunstancias llegan o transitan por la ciudad. 

Las organizaciones y familiares exigieron que la investigación sobre el incendio de la estancia provisional, ubicada en el Puente Lerdo, se conduzca conforme al debido proceso para garantizar que haya justicia para las víctimas, pero sin la fabricación de culpables ni violaciones a los derechos humanos.

Además, hicieron un llamado a los abogados solidarios defensores de los derechos humanos, a organizaciones nacionales e internacionales a que se sumen a la defensa jurídica de Juan Carlos M. C. y con ello ayudar al esclarecimiento de los hechos, que garantice la justicia para las víctimas. 

En el evento estuvo presente la esposa y los padres de Juan Carlos, quienes aseguran vivir una pesadilla desde su arresto.

¿De qué se le acusa?   

Al inicio del proceso penal contra ocho funcionarios del INM, los agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado la serie de omisiones en que incurrieron los servidores públicos, garantes de la seguridad de las personas extranjeras retenidas de manera ilegal en la estancia provisional. 

Entre las irregularidades destacan la ausencia de protocolos de actuación en caso de incendios. Como dio a conocer El Diario, el INM constituyó hace poco más de cuatro meses la Unidad Interna de Protección Civil de la estancia incendiada el pasado 27 de marzo.

De acuerdo con la respuesta que el contralmirante Salvador González Guerrero entregó a la FGR como parte de la indagatoria por el siniestro en el que murieron 40 personas, la fecha de constitución formal de este organismo encargado de “prevenir y enfrentar emergencias” en el inmueble fue el 5 de diciembre de 2022.

Y como integrantes de esta unidad, agrega la documentación, aparecen González Guerrero, entonces titular del INM en Chihuahua; Daniel Goray Yosioka, quien fungía como representante local noreste, así como Juan Carlos Meza Cumplido, responsable del órgano recién constituido, todos ellos vinculados a proceso por homicidio y lesiones derivadas del mismo hecho.

“El Grupo Beta en Representación puente Reforma, Estancia Provisional tipo B, Juárez, del Instituto Nacional de Migración Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, constituye para tales efectos la Unidad Interna de Protección Civil del Inmueble en comento”, dice el acta.

Si bien Juan Carlos no estaba en el lugar al momento de los hechos, junto con los otros funcionarios, eran los responsables de la unidad creada para prevenir y actuar en caso de un incendio, sin que ocurriera ni una ni otra cosa.

Daniel Álvarez, defensor legal de Juan Carlos, dijo en entrevista que se interpondrá un juicio de amparo contra el auto de vinculación a proceso para revisar el actuar del juez federal Juan José Chávez Montes y que determine si sus resoluciones fueron conforme a derecho o se vulneró algún derecho del acusado.

Dijo que tanto la defensa como la representación social tienen cuatro meses para realizar la investigación complementaria y son dos años o más si procede el juicio de amparo, para que culmine el proceso por medio de un juicio oral.