Critican la desaparición de fondo vs violencia de género

Ivonne Mendoza Salazar, coordinadora general del centro de Desarrollo Integral de la Mujer (Cedimac), consideró un error la desaparición del Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas de Homicidio de Mujeres, que estaría dentro de los más de 700 fideicomisos que el Gobierno federal eliminará.

“Nos muestra un panorama negativo en torno a cuales son los compromisos de esta administración para atender la violencia de género, vemos un gobierno insensible en cuestiones de género desde el inicio del mandato”, apuntó la activista.

Al menos cinco fideicomisos y fondos que el Gobierno federal opera con el estado desaparecerán luego de la publicación del decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos por la contingencia del Covid-19, anunciado el sábado pasado.

De acuerdo con el anexo I de la Cuenta Pública 2018 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) “Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son Entidades, con Registro Vigente al 31 de Diciembre de 2018”, en la entidad, aparte del fondo para víctimas, operan dos fondos del Conacyt y el Fideicomiso número 13744-6 “Ver Bien para Aprender Mejor”.

El Gobierno federal reportó la existencia de 338 Fideicomisos y Fondos de este tipo, de los cuales 308  están activos, mientras que 30 están en proceso de extinción. En conjunto concentran una bolsa total de 740 mil 572 millones de pesos, de acuerdo con el cuarto informe trimestral sobre Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda. 

El decreto establece que quedarán excluidos de esta medida fideicomisos públicos que hayan sido constituidos por mandato de ley y Decreto legislativo, así como aquellos cuya extinción o terminación requiera de reformas constitucionales o legales. También quedan excluidos aquellos que sirvan como mecanismo de deuda pública o para atender emergencias en materia de salud, cumplir con obligaciones laborales o de pensiones.

El decreto publicado el jueves pasado también otorga facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en consulta con la Secretaría de la Función Pública determinen casos en los que pueda aplicar la excepción del decreto. Esto se hará mediante solicitud fundada y justificada por las personas encargadas del ejercicio de los recursos. 

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