Colapsa violencia familiar a la FEM

Ciudad Juárez.-  El elevado número de denuncias por violencia familiar interpuestas ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia (FEM) prácticamente ha rebasado al Ministerio Público, por lo que se hace necesario reforzar esa área con personal y asignar un mayor presupuesto, pues en los tres últimos años es casi el mismo el que se le ha asignado, planteó Lidia Cordero, directora de Casa Amiga Esther Chávez Cano.

Según la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), el presupuesto autorizado para la FEM, que cuenta con fiscalías en las zonas Norte, Occidente, Sur y Noroeste, fue de 196 millones 662 mil 395 pesos en el 2021, de 196 millones 542 mil 955 para el 2022 y de 196 millones 811 mil 812 en 2023.

Mientras que el número de denuncias por la comisión de ese delito, según datos aportados por la titular de la FEM, Wendy Chávez Villanueva, fue de 8 mil 74 en el 2021, 8 mil 84 el 2022 y 6 mil 792 hasta el mes de septiembre del 2023.

“La FEM no sólo adolece de un exceso de trabajo, sino de rotación de personal, por lo que se hace imprescindible la redignificación de la figura del agente del Ministerio Público y del órgano investigador en su conjunto, otorgar salarios y prestaciones económicas acorde a su labor y proporcionar la infraestructura material, apoyo y atención a la salud emocional y mental, pues la carga de trabajo y el impacto que sufren con los casos que llevan impacta la psique y el desempeño laboral de toda persona servidora pública”, precisó la fiscal.

Cordero expuso que el tema de la violencia familiar ha tomado escalas enormes.

“Las carpetas de violencia familiar en la FEM están rebasadísimas, es el delito de más incidencia que hay. Las ministerias y los ministerios públicos están rebasados en la atención, entonces quiere decir que un gran porcentaje de estos casos no van a llegar a término, es decir, no hay una sentencia”, precisó.

La fiscal Wendy Chávez recientemente planteó que si existe un aumento de denuncias es porque han dado buenos resultados, sin embargo, consideró que aún falta por hacer.

Para la directora de Casa Amiga, prevalecen varias dificultades para que las mujeres estén en seguridad, luego de sufrir violencia familiar.

La primera es poner la denuncia, porque no todas lo quieren hacer al tener miedo de las repercusiones, porque no confían en el sistema o porque saben que va a ser un proceso tardado, tedioso, complicado, en el que ellas van a tener que llevar testigos de lo que está ocurriendo, etcétera.

“Luego, está el tema de que si está saturada la Fiscalía, pues el caso puede ser que ni avance y entonces esto también las puede poner en riesgo, como en muchos de los casos que hemos acompañado, que al momento en el que él se entera que se puso la denuncia pues se vuelve más agresor”, dijo.

Y la tercera dificultad es que si ya denunció, ya se lleva el caso ante un juez, se llegue a un proceso de suspensión a prueba, pero no hay una supervisión del mismo.

Dijo que la suspensión del proceso a prueba, que es el que se está llevando con más facilidad en la FEM, significa que al sujeto, dependiendo del nivel de violencia que está ejerciendo, puede que le ofrezcan el beneficio jurídico de estar libre, no tener un proceso judicial y va a estar condicionado a varios factores.

“Como son que lleve la terapia psicológica de reeducación por temas de violencia, a que no se acerque a la víctima y de que haga una reparación del daño integral, pero ojo aquí porque también nosotros hemos alertado sobre esto”, planteó Cordero.

“El tema de la suspensión a prueba no está supervisado, es decir, si no les da la capacidad para llevar todos los casos, imagínate la supervisión efectiva y hay casos, muchos casos, en los que se está repitiendo la violencia a pesar de la suspensión a prueba y esto también manda un mensaje de que, pues puedo seguir haciendo las cosas y no pasa nada, ¿no?”, planteó.