Cereso estatal, hacinado y con ‘autogobierno’

De 113 penales revisados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el país, en 15 detectó que la población privada de la libertad ejerce labores propias de las autoridades, o el “autogobierno”, y el Cereso 3 de Ciudad Juárez es uno de ellos.

De acuerdo con el más reciente Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria elaborado por la CNDH, en el penal estatal de esta ciudad se revelaron también otras problemáticas de “gobernabilidad”, como “deficiencia en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias”, la falta de capacitación del personal, la insuficiencia de custodios, presencia de actividades ilícitas y de “cobros”, o extorsión y sobornos.

Esto, indica el mismo diagnóstico difundido en mayo pasado, además de condiciones contra la integridad de los reos, como hacinamiento –que, según un reporte de ayer de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), ronda el 25 por ciento–, e insuficiencia de programas para prevenir incidentes violentos o para la presentación de quejas por probables violaciones a los derechos humanos.

El pasado lunes, el fiscal general del Estado en la Zona Norte, Jorge Nava, señaló que un detenido al que se le atribuye probable responsabilidad en 14 asesinatos declaró haber recibido las órdenes desde el interior del reclusorio local para cometer estos crímenes.

“Hay fracturas, hay fisuras dentro de las organizaciones criminales, hay traiciones y esto implica que haya más confrontaciones entre estos mismos grupos. Sin embargo, en la lectura que tenemos, las órdenes siguen saliendo del interior del centro penitenciario”, dijo el funcionario.

“Entonces, mientras la Secretaría de Seguridad Pública Estatal no logre tener un control efectivo en el interior del centro penitenciario, pues difícilmente se va lograr disminuir la incidencia delictiva en la ciudad”, agregó.

El titular de la SSPE, Emilio García Ruiz, señaló ayer que constantemente se aplican revisiones de manera sorpresiva con el fin de reforzar la seguridad en el penal.

Dijo que existe colaboración con la FGE y se asigna vigilancia especial a los presos que según los detenidos ordenan actos delictivos en el exterior, “pero no detectamos nada diferente, nada diverso, no tenemos celulares ni nada por el estilo”.

“Tenemos detenidos a los jefes precisamente por las acciones de la Policía, que hemos logrado capturar a los principales representantes de las organizaciones criminales, de Mexicles, Aztecas, Artistas Asesinos (…), y que desde ahí se ordenen, tampoco lo dudo, pero a final de cuentas no puedo prohibir que ellos tengan comunicación con el exterior a través de sus abogados o de las personas familiares que ingresan a verlos”, agregó el mando policiaco.

Los datos de la SSPE, actualizados hasta ayer, indicaron también que el penal de esta frontera registra una sobrepoblación de un 24.6 por ciento, con 3 mil 498 internos para una capacidad de 2 mil 806, y sólo 314 elementos de custodia penitenciaria.

García Ruiz, que señaló contar con pocos agentes de vigilancia, descartó que exista el “autogobierno” reportado por la CNDH.

“Tenemos control del penal, claramente; tenemos divididas a las organizaciones por dormitorios, tenemos control de que no se revuelvan porque, efectivamente, estarían en procesos de violencia. Tenemos muy controladas las audiencias a las que tienen que ir, las visitas de sus familiares, de sus abogados, y no podemos prohibir que platiquen con ellos. Y si mediante esa posibilidad tienen contacto con su gente afuera, es algo que no podemos medir nosotros”, insistió.

Las observaciones reportadas por la CNDH también incluyen deficiente separación entre procesados y sentenciados, inadecuada clasificación de los mismos e insuficiencia de actividades educativas, entre otras condiciones.

Otros reclusorios en los que CNDH detectó “autogobierno” son el Centro Preventivo y de Readaptación Social “Doctor Sergio García Ramírez”, en Ecatepec, Estado de México; el Cereso de Apan, Hidalgo; el penal “David Franco Rodríguez”, en Morelia, Michoacán; el Cereso de Atlacholoaya, en Morelos; el Cereso Venustiano Carranza, en Nayarit; el número 7, en Tehuantepec, Oaxaca, además de otros en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

“El resultado del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020 nos indica la existencia de una de las problemáticas más complejas que se observaron en 15 de los 113 centros penitenciarios supervisados, donde las personas privadas de la libertad realizan o participan en actividades propias de la autoridad”. 

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