Catean albergue y arrestan a directora por posible trata

Como parte de una investigación por posible trata de personas que inició hace meses, la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo ayer bajo una orden de aprehensión a Velia H. G., directora del albergue para migrantes Aposento Alto, ubicado en la colonia Lomas de Poleo de Ciudad Juárez. 

A las 11:30 de la mañana, agentes de la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, contra la Familia y Trata de Personas llegaron al lugar ubicado en las calles Tomate y Zacatecas, de la colonia Lomas de Poleo, muy cerca de la frontera con Sunland Park, Nuevo México, en donde comenzaron el cateo bajo la causa penal 4334/2022 y detuvieron a la directora del albergue, que operaba desde principios de 2019. 

Los agentes de la Policía investigadora cumplimentaron la orden de aprehensión por el delito de trabajos forzados, una modalidad de la trata de personas, y resguardaron a cerca de una veintena de migrantes, algunos de ellos menores de edad, quienes se encontraban albergados en el espacio que actualmente es investigado también por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas violaciones a los derechos humanos y trata de personas. 

De acuerdo con personal de la FGE, la acción se llevó a cabo después de cerca de tres meses de investigación, tras las denuncias presentadas en abril por varias familias de origen extranjero, quienes permanecieron en el albergue entre noviembre de 2021 y abril de 2022. 

Aproximadamente a las 2:30 de la tarde, los agentes sacaron del lugar a las personas migrantes que se encontraban en el lugar, quienes fueron canalizadas a un albergue a través del Centro de Atención Integral para Migrantes (CAIM) del Consejo Estatal de Población (Coespo). 

“A través de Coespo fue que se canalizaron a las personas que estaban en el albergue (Aposento Alto), ya las van a llevar directamente al albergue”, informó ayer el coordinador general de Coespo, Enrique Valenzuela. 

El pasado martes 26 de julio, El Diario publicó que tras las acusaciones de distintas familias migrantes de origen extranjero, la CNDH y la FGR investigan las presuntas violaciones a los derechos humanos y la trata de personas por parte del personal de los albergues Aposento Alto y Esperanza para Todos en Ciudad Juárez, los cuales están a cargo de una familia de pastores. 

A través de la carpeta con el número de expediente CNDH/5/2022/4809/Q, la Comisión Nacional de Derechos Humanos comenzó el pasado 16 de mayo la investigación referente a la queja contra ambos espacios, ubicados en las colonias Lomas de Poleo y Rancho Anapra, por lo que al dar vista a la FGR dicha la instancia federal inició la carpeta por posible trata de personas con el número de oficio JUA/EILV/C4/611-202. 

De acuerdo con la FGR, debido a que existe una carpeta de investigación abierta, no se puede dar mayor información al respecto.

En el mes de abril, la FGE recibió también una denuncia debido a que el hijo de los pastores, identificado como Néstor R., presuntamente le ofreció metanfetaminas a un adolescente centroamericano de 16 años. 

Ese mismo mes, al menos ocho familias migrantes salieron del albergue asegurando que recibían malos tratos, y que incluso los obligaban a firmar un “contrato de confidencialidad” para que no hablaran sobre nada de lo que pasaban en el albergue durante los próximos cinco años, haciéndoles creer que estarían cometiendo un delito si hablaban en México o en Estados Unidos. 

Con la condición de que no fueran publicados sus nombres reales, y en algunos casos de que sus testimonios fueran expuestos una vez que estuvieran fuera del país, ocho familias migrantes narraron al colectivo Nómadas sin Rumbo haber sido víctimas de trabajo forzado, maltrato psicológico, acoso, ofrecimiento de drogas y amenazas de que si se salían del albergue, en el que les cobraban la estancia, no podrían solicitar el asilo en Estados Unidos.

El 8 de julio pasado el colectivo hizo públicas las inconsistencias en ambos albergues, cuyos audios fueron compartidos con este medio, el cual también entrevistó a algunos de los migrantes que se mencionaron, además de mexicanos que estuvieron en el albergue Esperanza para Todos durante el año pasado. 

De acuerdo con las narrativas de los migrantes, se les obligaba a trabajar en la construcción dentro del mismo albergue, e incluso uno de ellos una vez fue obligado a pintar el cuarto del hijo de la pastora durante la noche. 

“Nos llamaba por el radio y siempre que llegábamos lo encontrábamos desnudito, sin nada de ropa, a mí me decía que yo le gustaba, se me ofrecía”. “A mí me hacían trabajar de noche, toda la noche, y no era si yo quería, tenía que ir a trabajar (…) trabajo tras trabajo, proyecto tras proyecto, que tirando concreto, que levantando paredes de block, que haciéndole cuarto a ella de lavado. Y sin pago ni nada, al contrario, a nosotros nos tocaba pagar semanal”, afirmó al colectivo “Enrique”, un centroamericano. 

“Fátima”, una migrante hondureña, narró también a El Diario que la pastora la obligaba a limpiar su casa, diciéndole que lo tenía que hacer porque era migrante. 

“Yo era del albergue Aposento Alto, a mí la pastora y su esposo me ponían a planchar, a limpiarle la casa. A mí me llevaban a asearle la casa a la pastora esa, a plancharle, a hacerle trabajos de limpieza, y pues si ningún pago, ellos nos decían que era por ser migrantes… mi hija terminó con problemas psicológicos, porque nos daban comida echada a perder”, relató quien además pagaba 200 pesos semanales para permanecer en el lugar. 

Ayer, tras el cateo, la directora del albergue Esperanza para Todos, Grissel R., y quien negó a El Diario las acusaciones en su contra, denunció a través de un video en vivo que publicó en redes sociales que las autoridades estaban cometiendo una violación a los derechos humanos en contra de su familia al detener a sus padres. 

“Nuestra familia está siendo tratada como criminales y eso no está bien, no nos permiten salir de casa, están cateando la iglesia, están cateando la casa y no hay nadie responsable. 

Me están diciendo que a las personas responsables los tienen encerrados en la iglesia y no les permiten teléfonos, necesitamos que nos ayuden, necesitamos que algún tipo de Gobierno nos auxilie”, comentó la activista. 

“Si algo nos pasa, a nuestra familia, a mi madre, a mí, quiero que sepan que no sé qué esté pasando, los ministeriales, incluso está Criminalística, no nos están diciendo cuál es la acusación y queremos que esto sea compartido. Si algo les pasa a mis papás, si algo siembran en la iglesia, en su casa, porque no hay nadie responsable viendo (…) lo que se vaya a hacer que se haga legal, ayúdenos a compartir, ellos están cateando sin siquiera estar un responsable, se llevaron a mis papás, a los dos se los llevaron y no sé a dónde”, agregó en el video. 

Hasta el cierre de esta edición, la FGE no había emitido información oficial sobre la investigación debido a que el cateo continuaba en el albergue. 

Antecedentes

-En abril la Fiscalía estatal recibió una denuncia

-El hijo de uno de los pastores ofreció metanfetaminas a un adolescente centroamericano

-En ese mes ocho familias migrantes salieron del albergue asegurando que recibían malos tratos

-Los obligaban a firmar un “contrato de confidencialidad”, para que no hablaran sobre nada de lo que pasaba ahí durante los próximos 5 años

-Les hicieron creer que cometían un delito si hablaban en México o en Estados Unidos