‘Barren’ con cabezas de Migración por incendio

Ciudad Juárez.- La Fiscalía General de la República (FGR) procedió penalmente contra el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) Francisco Garduño Yáñez, así como contra Antonio Molina Díaz, quien fungía como director general de Control y Verificación Migratoria, por incurrir en presuntas conductas delictivas contempladas en el artículo 214, fracción VI, del Código Penal Federal.

Según el comunicado de la FGR emitido la tarde de ayer, también se procedió penalmente contra los servidores públicos: contralmirante Salvador González Guerrero, titular de la Oficina de Representación en Chihuahua; Cecilia, jefa de Departamento de Seguridad y Custodia en Janos; Eduardo Apodaca Magallanes, que ostentaba el cargo de jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, además de Juan, subrepresentante local Puente Reforma.

Estos cuatro funcionarios se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos, cita el boletín de prensa.

Personal del INM y la propia FGR confirmaron anoche que el total de servidores públicos continúa desempeñando sus cargos de manera normal, y tanto Garduño como el contralmirante aún gozan de su libertad.

“Si los acusan por el artículo 241 fracción, VI, sabemos que no es un delito grave, que tiene una penalidad de 4 a 9 años y alcanzan a salir bajo fianza. Esto es una burla y se ve la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador detrás, para protegerlos”, dijo el abogado Jorge Vázquez Campbell, quien denunció por homicidio al contralmirante tras el incendio de la estación provisional Juárez. 

Dijo que los empleados federales deben ser acusados exactamente igual que Daniel G. Y., el cual no estaba al momento de que ocurrieron los hechos, pero era el responsable de la operación de la estación por ser el representante local Noreste. 

En el caso de Apocada Magallanes, en la audiencia de formulación de imputación trascendió que el servidor público no proporcionó los suficientes alimentos, agua potable y medidas de seguridad adecuadas a los migrantes, lo que terminó en un motín con los saldos trágicos ya conocidos.

En el comunicado de prensa, nuevamente se menciona una cifra distinta de víctimas mortales y sobrevivientes, al referir que eran 65 los migrantes encerrados de manera ilegal en las celdas para hombres, de los cuales 40 murieron y 25 resultaron heridos. 

El comunicado señala que los delitos que se cometieron en contra de 65 migrantes, 40 por homicidio y 25 por lesiones, en el Centro Provisional Migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, la noche del 27 de marzo, fueron investigados de inmediato por la FGR, obteniendo órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso en contra de 5 personas; 3 de las cuales son servidores públicos del INM; una que es personal de la empresa de seguridad privada que ahí operaba; y una persona que inició el fuego; todas ellas ya están en prisión.

Con las pruebas ahí obtenidas, se ha logrado continuar la investigación para determinar las responsabilidades penales de toda la estructura vinculada con esos delitos, tanto dentro del INM, como de la empresa de seguridad privada ya referida.

En la investigación de antecedentes, se encontró que, el 31 de marzo de 2020 se dio en otro centro migratorio del INM, en Tenosique, Tabasco, un caso semejante, dando como resultado una persona muerta y 14 lesionados. Lo cual generó una recomendación de la CNDH, que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos.

Los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados. 

Por todo ello, se ha procedido penalmente en contra de los directivos del INM, Francisco “N” y Antonio “N”, quienes incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes.

Asimismo, se ha procedido penalmente contra los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, que se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos.

Por lo que toca a la empresa de seguridad privada y al propio INM, ambas partes suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios. 

También omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión; y, más aún, se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados. 

Ayer el comisionado Garduño Yáñez despidió a 23 de las víctimas del incendio registrado el pasado 27 de marzo. Las carrozas funerarias trasladaban a las personas fallecidas, 17 de Guatemala y seis de Honduras.

Hasta el momento, han sido repatriados 31 cuerpos de personas fallecidas en el siniestro ocasionado presuntamente por un extranjero al que guardias le vendieron cigarros y un encendedor, como parte de la corrupción que prevalece al interior del INM, según las acusaciones formuladas por la Fiscalía General de la República ante un juez federal de Control.