Autoridades, reticentes a investigar narcopolítica

Ciudad Juárez— La “reticencia de autoridades a investigar” la narcopolítica en el crimen de la periodista Miroslava Breach fue identificada en un informe como uno de los mecanismos a través de los cuales opera en México la “impunidad activa”, o aquella que no es incidental o por falta de recursos, sino una serie de acciones “con el fin explícito de garantizar que no haya castigo o sanción para los responsables”.

El crimen –registrado en Chihuahua el 23 de marzo de 2017– aparece en el reporte “La impunidad activa en México. Cómo entender y enfrentar las violaciones masivas a los derechos humanos”, difundido esta semana por la Universidad Jesuita de Guadalajara (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente) y la organización Red Universitaria para los Derechos Humanos, con sede en Connecticut, Estados Unidos.

“A pesar de la sentencia condenatoria en contra de uno de los autores materiales del asesinato y la detención en diciembre de 2020 del exalcalde de Chínipas, Chihuahua, como probable cómplice, no se ha indagado con la celeridad y profundidad necesarias el papel de los vínculos entre fuerzas políticas y el crimen organizado en este caso”, indica el texto.

“Lo cual sugiere una clara reticencia de las autoridades investigativas a perseguir con seriedad líneas de investigación relativas a la narcopolítica”, agrega.

‘Se benefician de la manipulación del proceso’

La serie de mecanismos a través de los cuales se produce en el país la “impunidad activa” fue identificada por la investigación a través de once casos –entre ellos cuatro registrados Chihuahua–, señalando que entre estos métodos están desde la negativa de las autoridades a recibir denuncias e iniciar investigaciones, hasta la intimidación o amenaza a víctimas o intentos de manchar su reputación, la alteración de escenas del crimen, la siembra de evidencia falsa y la reticencia de las autoridades civiles para investigar fuerzas armadas, entre otros.

“La impunidad en materia de derechos humanos responde, antes que a la falta de capacidades, a una estructura de intereses que se benefician de la manipulación del proceso de la aplicación de la ley”, dice el texto.

“En otras palabras, argumentamos que la impunidad en casos de violaciones graves a los derechos humanos no es primordialmente ‘involuntaria’ (como sugiere el argumento de capacidades), ni accidental o aleatoria, sino que es resultado de una serie de acciones realizadas con el fin explícito de socavar las investigaciones. En otras palabras, con el objetivo de que no haya castigo o sanción para los responsables. Eso es lo que entendemos en este reporte como ‘impunidad activa’”, agrega.

Pendiente, caso de la periodista

Sobre el crimen de la corresponsal del periódico La Jornada, el informe indica que, pese a los avances, la investigación y sanción de todos los responsables materiales e intelectuales continúa pendiente.

“Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras han instado a la Fiscalía General de la República (FGR) a que ‘realice las acciones de inteligencia necesarias para ejecutar las órdenes de aprehensión... amplíe y perfeccione su plan de investigación contra el autor intelectual del homicidio... y especialice sus líneas de investigación para esclarecer la posible participación de... servidores públicos”, menciona.

Archivos periodísticos indican también que la organización Propuesta Cívica ha insistido en señalar la omisión de las autoridades por investigar diversos actores políticos en el crimen.

“Nunca debemos olvidar, se debe recordar siempre aquella nota periodística que publicó Miroslava donde señala directamente a (Hugo) Schultz (exalcalde de Chínipas) y a los otros dos funcionarios, Alfredo Piñera Guevara (exvocero del PAN) y José Luévano Rodríguez, como los mensajeros del narco”, dijo Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica, de acuerdo con un reporte publicado el 17 de junio en este medio.

Otros casos citados en el reporte sobre la “impunidad activa” y registrados en Chihuahua son las desapariciones forzadas de Nitza Paola Alvarado, José Ángel Alvarado e Irene Rocío Alvarado, en diciembre de 2009, en el municipio de Buenaventura, así como las de Saúl Becerra Reyes, Carlos Guzmán Zúñiga y José Luis Guzmán, perpetradas en Ciudad Juárez en 2008, durante la estrategia militar Operación Conjunta Chihuahua.

Sobre estos crímenes, el informe identifica como mecanismos de impunidad la “negativa de recibir denuncias e iniciar investigaciones” y la “reticencia de autoridades civiles a investigar a elementos de las fuerzas armadas”, entre otros.

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