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Arranca plan piloto para atender a adictos

Inversión de autoridades y Ficosec supera los 100 millones de pesos

Tomada de Internet
El Diario de Juárez

Luz del Carmen Sosa
El Diario de Juárez

sábado, 18 enero 2020 | 11:22

Con una inversión superior a los 100 millones de pesos, autoridades de los tres niveles de gobierno, el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) y la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones (ENPA) trabajan en las líneas estratégicas del Plan Piloto para la Prevención y Atención de Adicciones. 

Este plan se enfoca en tres ejes principales: prevención, atención y justicia terapéutica.

Para poner en marcha las iniciativas, el Gobierno del Estado asignó una bolsa de 30 millones de pesos en especie que será empatada con otros 30 millones de Bienestar federal, 5.5 millones del Gobierno municipal y el resto con recursos del empresariado a través de Ficosec y otras fundaciones.

Diana Chavarri, directora de Ficosec Zona Norte, informó que son 13 principales líneas de acción o iniciativas, las cuales serán implementadas por los equipos operativos de las dependencias convocadas, así como de la sociedad civil con recursos ya asignados.

Entre las acciones se encuentran el establecimiento o subrogación de tres centros de desintoxicación, ampliar los servicios de los centros de salud actuales para la atención de primer contacto, asignación de camas para tratamiento de adicciones en el Hospital Psiquiátrico y subrogar al menos 10 centros de tratamiento para atender a mil personas por año en espacios residenciales y 2 mil ambulatorios.

También forman parte de estas medidas la reinserción escolar y la generación de empleos para jóvenes.

Chavarri es concluyente cuando habla de la problemática de la ciudad y la necesidad de prevenir y atender las adicciones en la frontera.

En Ciudad Juárez, explica, sólo el año pasado fueron cometidos mil 499 homicidios dolosos y el 80 por ciento de crímenes está relacionado con la comercialización y consumo de sustancias psicoactivas, de acuerdo con los datos obtenidos a través de la Mesa de Seguridad y Justicia.

En ese mismo lapso, la Fiscalía de Distrito Norte recibió a 515 supuestos narcomenudistas por mes, consignados por las diversas corporaciones policiacas, por lo que el Ministerio Público abrió carpetas de investigación y las judicializó.

“En Juárez la tasa del delito de narcomenudeo es ocho veces mayor al promedio nacional”, asegura Chavarri. 

Expone que la encuesta de prevalencia de adicciones en Juárez, elaborada por Ficosec, indica que 39 mil personas consumen drogas al menos una vez a la semana y de ellas, 14 mil la usan diariamente. 

“El 26 por ciento de los consumidores ha abandonado la escuela o el trabajo y el 30 por ciento de ellos ha tenido conflicto con la ley. Las adicciones se presentan en todos los ámbitos, centros de trabajo, centros educativos y la comunidad y no existen suficientes acciones coordinadas e informadas en evidencia que prevengan y atiendan las adicciones en Ciudad Juárez”, sostiene.

La directora de Ficosec Zona Norte estima que 6 mil personas tienen la voluntad de ser tratados. 

“Sin embargo, las capacidades locales para el tratamiento son insuficientes: no existe una clínica de desintoxicación ni espacios de tratamiento residencial provistos por el gobierno –salvo 15 camas subsidiadas por el Gobierno federal. Tampoco se cuenta con psiquiatras disponibles para brindar tratamiento farmacológico, ni psicoterapeutas en adicciones”, expresa. 

Respecto a los hospitales y centros de salud, dice que tampoco cuentan con capacidad instalada para diagnosticar, tratar y referir a pacientes con adicciones. “No existe un programa de reinserción social para pacientes en tratamiento, ni suficiente oferta de programas públicos y privados formativos, laborales, lúdicos y deportivos, y los que existen están desvinculados”, asegura.

En esta frontera la única oferta para atención residencial la constituye los 24 centros de tratamiento en adicciones con mil 189 camas, de las cuales son recomendables sólo 500.

Estos centros son provistos por la sociedad civil y la mayoría opera en condiciones precarias por la vulnerabilidad y la falta de recursos, de infraestructura y especialización. El problema se agrava porque para tratamiento ambulatorio, Juárez cuenta únicamente con 11 psicólogos del Sector Salud estatal.

Por ello, en su pasada visita a Ciudad Juárez, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión con todos los actores involucrados en el tema de seguridad para buscar soluciones a fondo, explica Chavarri.

El primer compromiso fue generar acuerdos en torno al Plan Piloto de Prevención y Atención de Adicciones en Ciudad Juárez, por lo que durante el transcurso de esta misma semana se realizó la reunión de trabajo donde participaron autoridades federales, estatales y municipales, Ficosec y la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones. 

“Este grupo de trabajo analizó, en un primer momento, la dimensión y diagnóstico de las adicciones en Ciudad Juárez y las capacidades institucionales instaladas actualmente para atender el fenómeno. En un segundo momento, se discutieron las líneas estratégicas principales que compondrán el Plan Piloto para la Prevención y Atención de Adicciones, explica Chavarri.

Precisa que “se cerró la sesión con el establecimiento de acuerdos y de un grupo de funcionarios de primer nivel que dará seguimiento mensual a las acciones que emanen del plan, mismas que serán implementadas por los equipos operativos de las dependencias convocadas, así como de la sociedad civil con recursos concurrentes de los tres niveles de gobierno, del empresariado y otras fuentes”.

Las iniciativas

En total son 13 las líneas de acción de este programa piloto, que de funcionar en Juárez será replicado en toda la República Mexicana. 

La primera será establecer o subrogar tres centros de desintoxicación, la segunda ampliar los servicios de los centros de salud actuales para la atención de primer contacto, diagnóstico y referencia a servicios especializados para quienes presentan actualmente consumo dependiente, estimado en 39 mil personas.

La tercera acción es dedicar una sección del hospital psiquiátrico con 40 camas para tratamiento de adicciones, y la cuarta será establecer o subrogar al menos 10 Centros de Tratamiento de Adicciones (CTA) por parte del Estado para atender a mil personas por año en espacios residenciales y 2 mil en ambulatorios.

Las capacidades serán: dos psicólogos de tiempo completo por CTA, un médico general por cada centro, seis empleados generales por CTA, dos psiquiatras y dos psicoterapeutas en adicciones para supervisar a los 10 centros.

En total serán 20 psicólogos, 10 médicos, 60 empleados generales, dos psiquiatras y dos psicoterapeutas.

La quinta acción será ampliar servicios para el sistema de justicia terapéutica y cívica. La sexta consiste en incrementar y capacitar a 500 especialistas en salud mental para la prevención y tratamiento de adicciones en el Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental (mhGAP, por sus siglas en inglés) y otros modelos.

La séptima acción consiste en implementar programas informados en evidencia para la prevención de adicciones en mil centros escolares a través de 50 centros comunitarios y de 300 centros de trabajo, focalizados a población en riesgo.

En octavo lugar se pretende arrancar un programa de reinserción educativa para adolescentes fuera del sistema escolarizado, con un modelo alternativo de certificación en seis meses o un año con maduración asistida y actividades lúdico-formativas.

La novena acción consiste en implementar un programa de detección temprana e intervención oportuna en el ámbito escolarizado, mediante brigadistas en pareja (psicólogo y promotor social) y la canalización a servicios especializados. Para ello se busca conformar 100 brigadas en coinversión Estado-Federación.

La décima acción propuesta busca poner en marcha la asignatura de salud mental y prevención de la violencia en el sistema educativo desde el nivel básico, lo que es considerado de suma importancia ante los diversos escenarios violentos que viven los menores en sus entornos. 

La decimoprimera acción busca organizar un programa de acceso a servicios públicos locales y movilidad territorial para personas con consumo dependiente y riesgo de consumo.

A esto se sumará una intensa campaña de comunicación social y finalmente se pretende establecer un sistema de indicadores de proceso, resultados e impacto para la estrategia, de manera que todas las acciones que se emprendan sean sujetas a medición de su efectividad.

El arranque de este plan piloto será supervisado directamente por Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República, quien estará en la ciudad la próxima semana.

lsosa@redaccion.diario.com.mx