Arman frente nacional contra Carso

Los propietarios de las empresas a las que Grupo Carso no les ha pagado tras subcontratarlas para la construcción del gasoducto Samalayuca-Sásabe, están promoviendo que se les unan otras compañías que enfrentan el mismo problema, pues señalan que este tipo de casos ocurre en todo el país.

“Hacemos la invitación a todos los proveedores de Grupo Carso que se identifiquen con estas problemáticas que nosotros vivimos, a que se acerquen a este Frente Social y de Empresas Defraudadas por Grupo Carso”, dijo el empresario Rodrigo García Stanley, uno de los afectados.

Otra de las empresas perjudicadas es Java Soluciones Comerciales y Construcción, con sede en Monterrey, que ya prepara una denuncia de hechos ante la autoridad correspondiente por la deuda que tienen con ella por un monto de 3 millones 687 mil 316.50 dólares, dio a conocer su propietario, Javier Trujillo.

“Nosotros no queremos pelear, demandar, pero ya agotamos todas la instancias coherentes y razonables y no nos dan respuesta, hemos estado en las oficinas de Carso en la Ciudad de México, pero no nos atienden ni en Cananea, Sonora, donde están las oficinas del proyecto”, dijo Trujillo vía telefónica.

El empresario regiomontano dijo que igual que otras empresas, ellos trabajaron por medio de órdenes de compra de Grupo Carso y sus filiales, pero, aunque ya terminaron la obra hace cuatro meses, no se las han recibido y no les han pagado.

Comentó que Java Soluciones Comerciales y Construcción se encargó de la construcción del gasoducto en el tramo comprendido entre Imuris y Magdalena de Kino, Sonora, un tramo de 20 kilómetros en el que tuvieron que hacer perforaciones de zanjas de 7 metros de profundidad, cuando inicialmente sólo les pedían dos metros.

Trujillo dijo que los representantes de Grupo Carso le cobraban al Gobierno federal por la renta del ducto, cuando aún no lo usaban. Los estaba financiando el Gobierno, “pero con la entrada de la actual administración les suspendieron los pagos y los que sufren las consecuencias son las empresas subcontratadas para la obra”.

“Es gente que de manera ventajosa está sacando provecho, son gente que seguramente le está haciendo fraudes a Grupo Carso, eso no se duda”, dijo el constructor.

Indicó que estuvieron trabajando por más de dos años y le dieron empleo directo a 150 trabajadores de esa región de Sonora, quienes ahora están sin trabajo y eso representa problemas para esa cantidad de familias.

Trujillo dijo que sólo les pagaron algunas cosas, pero al final no han recibido nada, ni el apoyo de Grupo Carso cuando le robaron tres equipos nuevos de construcción en Imuris, con un valor de un millón de dólares.

El empresario Rodrigo García Stanley, uno de los afectados, dijo que mantendrán su solicitud al presidente Andrés Manuel López Obrador para que intervenga y se solucione el caso.

Dijo que como propietario de Comercializadora Rost es uno de los perjudicados, al igual que Grupo Java, Arendal y Corporación ARST, empresas a las que Carso les debe diversas cantidades que en total rebasan los 5 millones de dólares.

“Desde el 2017 en que fuimos contratados iniciamos como proveedores de Carso infraestructura a través de sus filiales Cafig Constructores, Operadora Cicsa y Carso Gasoducto Norte, pero empezamos a tener problemas para que nos dieran las órdenes de compra de trabajos adicionales a los contratados inicialmente”, explicó García Stanley.

Dio a conocer detalles de la denuncia de hechos que están preparando para Java Soluciones Comerciales y Construcción contra el Grupo Carso a través de la Operadora Cicsa, que adeuda más de 3 millones y medio de dólares por la construcción de un tramo del gasoducto Samalayuca-Sásabe, en Sonora.

Explicó que a Grupo Java le fueron encomendando diversas obras, como excavaciones, aperturas de derechos de vía, además de trabajos especiales, con lo que se fueron agregando distintos montos que en total llegaron a los 3 millones 687 mil 316.50 dólares.

García Stanley reiteró que la intención de hacer público este problema es para que el sector empresarial y las autoridades tengan conocimiento de las prácticas de Carso para dejar de reconocer y pagar trabajos de sus proveedores.

Grupo Carso no respondió ayer una solicitud de información sobre lo reportado por los proveedores. La petición fue enviada a Renato Flores, subdirector de Comunicación y Relaciones Gubernamentales de Carso y quien, en un mensaje de correo electrónico, pidió “oportunidad de consultar” antes de responder. (Luis Carlos Cano C. / El Diario)

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