Juárez

Por tercera vez

Aplazan audiencia de formulación de imputación contra exempleados de la JMAS

Son acusados de perpetrar un presunto esquema de desvío de recursos de nómina que habrían ido a parar al Partido Revolucionario Institucional

Sandra Rodríguez Nieto
El Diario de Juárez

lunes, 24 mayo 2021 | 13:42

Archivo / El Diario de Juárez | Instalaciones de la JMAS

Ciudad Juárez— Un tribunal aplazó por tercera ocasión –para el próximo 28 de junio- la audiencia de formulación de imputación derivada de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción contra un grupo de exempleados de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).

Esta mañana, el juez Antonio Coss Araujo accedió a la solicitud del defensor privado Nahum Nájera de diferir la sesión con el fin de obtener una copia completa de la carpeta de investigación.

De acuerdo con archivos periodísticos, la acusación indica que, durante el sexenio estatal pasado, en el organismo descentralizado se perpetró un presunto esquema de desvío de recursos de nómina que habrían ido a parar al Partido Revolucionario Institucional.

El señalamiento, indican los datos difundidos por este medio, incluye a los expresidentes de la JMAS, Carlos Silveyra y Antonio Andreu, y a Héctor Antonio Borunda Franco y Mayra Chávez, entonces integrantes de la dirigencia del Comité Directivo Municipal del tricolor en esta frontera.

Los desvíos, de acuerdo con la solicitud de audiencia presentada parte del Ministerio Público, se habrían registrado de manera catorcenal, cuando los entonces jefes del Departamento de Recursos Humanos de la JMAS de Juárez instruyeron la creación de un listado con el total de las retenciones del 5 por ciento al salario de aproximadamente 237 empleados de confianza del mismo organismo descentralizado. 

Con el listado, agrega la versión del Ministerio Público, los contadores de la dependencia generaban una orden de pago con el total de las retenciones “para posteriormente ser autorizada por el presidente del organismo, Carlos Bernardo Silveyra Sayto (en su cargo del 3 de febrero al 11 de diciembre de 2015) y  Gerardo Antonio Andreu Rodríguez (en su cargo del 12 de diciembre de 2015 al 11 de octubre de 2016), así como por el tesorero Salvador Delgado Terrazas”.

Una vez autorizadas las retenciones, según la acusación, se emitieron pólizas de cheques bajo el concepto de “aportación de empleados” de una cuenta del organismo para “concretar la distracción del recursos, entregando la cantidad total de las retenciones realizadas al sueldo de los empleados a (…) Héctor Antonio Borunda Franco y Mayra Guadalupe Chávez Jiménez, secretario de Finanzas y presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional, quienes expedían el recibo correspondiente”.

Reportes periodísticos indican que la investigación fue anunciada en junio de 2017, cuando la Secretaría de la Función Pública estatal señaló que las retenciones ilegales sumaban alrededor de cuatro millones de pesos.

Datos del Tribunal Superior de Justicia indican que también están acusados Salvador D. T., Griselda A., Mauricio J. R., Raúl C. J. y Priscila María A. V., Mauricio J.; Raúl Ch.; Martín A. M. y otros.

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