Amagan funerarias con protestas

La Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró tener avances significativos en las investigaciones que realiza en torno a los ataques contra cuatro funerarias de la ciudad, registrados en un lapso de 20 días.

“Tenemos avances significativos en la investigación; sin embargo, por la naturaleza de la misma, me los reservo”, dijo ayer la vocera Sahira Castro.

Tras el último incendio, que sufrió la funeraria Milagros en la sucursal ubicada en la calle Mesa Central de la colonia Olivia Espinoza de Bermúdez, la Unión de Funerarias de Juárez amagó con realizar diversos actos de protesta si la FGE carecía de resultados favorables en las investigaciones este próximo miércoles.

El temor, dijo Marcelo Ruiz Cantú, dirigente de los negocios en este giro, es por las malas experiencias vividas en años pasados “y que no queremos que vuelvan a pasar”. 

El archivo periodístico indica que las funerarias fueron, además de los yonkes, los negocios más afectados por la violencia de 2008 al 2011.

El Diario documentó entonces que, tras estos ataques, el saldo fue de 17 muertos, decenas de negocios quemados y destruidos, así como otra cantidad similar de atentados con arma de fuego.

Los empleados señalaban entonces que durante esos años la delincuencia organizada les impuso una cuota por “protección” a este giro comercial y las empresas que se negaron a pagar simplemente sufrieron las consecuencias.

Ruiz Cantú aseguró que ya se registró el primer caso de secuestro, aunque el negocio afectado no forma parte de las 25 empresas que conforman la Unión. 

Años después aún es posible observar locales comerciales en ruinas al ser vandalizados, otros cambiaron de giro y los nuevos propietarios prefieren olvidar ese violento pasado.  

Entre 2008 y 2011 las empresas locales sufrieron fuertes embates cuando eran el único giro en bonanza en la ciudad a causa de la violencia.

Entre las víctimas se encuentran la Funeraria Ríos. Las notas periodísticas mencionan que en cuestión de horas la familia perdió a cuatro de sus integrantes cuando un grupo de hombres armados llegó a cobrar “la cuota”, luego secuestraron a dos hombres y terminaron asesinando a los empresarios.

Personas cercanas a la tragedia familiar dieron a conocer a El Diario que el día de los hechos Manuel Ríos, su esposa, su padre y varios empleados más se encontraban en una de las sucursales de la Funeraria Providencia, ubicada en el kilómetro 5 del bulevar Óscar Flores Sánchez.

Ese día iban a colocar unas ventanas nuevas y Ramón y Mario Ríos estaban supervisando el trabajo cuando llegaron varios hombres por “la cuota”.

“Preguntaron por ‘El Pelón’ y Manuel alcanzó a escuchar; él y su esposa se escondieron cuando vieron que llevaban armas largas, una empleada dijo que no estaban y se llevaron al empleado, luego se regresaron y preguntaron por el dueño”, narró uno de los entrevistados, que pidió el anonimato.

Agregó que los agresores preguntaron por el propietario del negocio y fue cuando Ramón Ríos se identificó para evitar que se llevaran a su hijo Mario.

“Dijo ‘yo soy’ y se lo llevaron a él”, narró conmocionado.

Cuando los agresores huyeron con el empleado y Ramón Ríos, Manuel llamó por teléfono a la entonces fiscal de Distrito, Juana Castañeda y le pidió auxilio, afirmó.

“Pasaron más de 40 minutos y nunca llegó nadie, Manuel se desesperó porque ya le estaban exigiendo rescate y querían el dinero. Se movió de la funeraria y en el camino le iba llamando a la fiscal y ella le reclamó el por qué se movió de donde estaba y él contestó que fue porque no mandó a nadie”, precisó.

El vehículo que tripulaba el empresario fue rafagueado en ese momento cuando circulaba por la avenida Plutarco Elías Calles y Camino Viejo a San José.

Detrás del vehículo que conducía Manuel Ríos viajaban dos personas más que fueron testigos de los hechos y declararon esta versión ante el Ministerio Público adscrito ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida.

La FGE emitió dos comunicados. En ambos hizo del conocimiento público la muerte de Manuel Ríos y posteriormente de Ramón Ríos y el empleado, quienes fueron asesinados tras el secuestro, mientras que la funcionaria nunca fue investigada por la omisión y personas cercanas a las víctimas nunca dudaron de sus nexos con el crimen organizado.

Con el auge económico que estas empresas vivieron por el aumento de asesinatos en la ciudad, grupos delictivos impusieron las llamadas ‘cuotas’ por derecho de piso por medio de mantas y pintas. 

La primera amenaza fue en la funeraria San José, ubicada sobre la avenida Tecnológico, la cual fue incendiada.

En noviembre de 2008 fue asesinado Gabriel Martínez, de 21 años, apodado “El Gerber”, encargado de la funeraria La Piedad, ubicada en la avenida Santiago Troncoso.

En enero del 2009 una nueva sucursal de la funeraria La Paz, situada en la avenida Santiago Troncoso, comenzó operaciones y mientras velaban a una víctima de un homicidio doloso, hombres armados irrumpieron en la capilla amenazando a los asistentes.

Los sicarios incendiaron la oficina principal, golpearon a los empleados y despojaron a los asistentes de sus carteras y teléfonos celulares, “por no aceptar pagar la cuota”, afirmaron los testigos.

En septiembre de ese año, dos negocios fueron víctimas de ataques consecutivos.

Personas armadas asesinaron a los representantes de dos funerarias locales y posteriormente les prendieron fuego a los establecimientos.

El primer incidente se registró en la calle Manuel Ignacio Altamirano de la colonia Barrio Alto, donde fue asesinado dentro de la funeraria Del Refugio Juan Saldaña, de 40 años, quien era el encargado del lugar y hermano de la propietaria.

Al otro día personas armadas llegaron a la funeraria La Piedad ubicada en la avenida Santiago Troncoso y calle Quinta, en la colonia Torres del PRI, y tras asesinar a su encargado, a quien vecinos identificaron como “don Julio”, prendieron fuego al negocio.

Luego la funeraria Latinoamericana sería víctima de un atentado, sin que en esa ocasión fueran reportadas personas fallecidas.

En noviembre la funeraria Guadalupana fue incendiada; al día siguiente un grupo de hombres armados irrumpió en las instalaciones de la Renacimiento y obligaron a los empleados a salir. En ese momento, se informó, no estaban prestando el servicio mortuorio.

En ese entonces los empleados explicaron que existían amenazas por parte de extorsionadores debido a que “no habían pagado las cuotas por protección”.

“Nos han dicho que gracias a ellos tenemos tanto jale y que hay que compartir las ganancias. Ese es el argumento de ellos, pero no sabemos qué pasa, si los dueños están pagando protección, si están denunciando o qué”, dijo un empleado que solicitó el anonimato.

“Tenemos casi un año bajo la amenaza constante, aún no hemos tomado la decisión de cerrar porque de nosotros dependen de 80 a 90 empleos directos, pero la situación es imposible”, señaló otra trabajadora.

Los ataques también incluyeron a las funerarias localizadas en el Valle de Juárez, como la Santa María. Ahí fue asesinado Manuel Muñoz Trillo, de 59 años.

En marzo de 2010 fueron ejecutadas cuatro personas que apenas estaban iniciando operaciones en una funeraria de reciente creación en la colonia Guadalajara Izquierda. Los fallecidos fueron identificados como José Manuel Heredia, de 23 años, y su medio hermano Jorge Javier de la Cruz Heredia, de 19, así como el paseño Rubén Quezada y Gustavo Hernández.

En agosto del mismo año y tras sufrir constantes extorsiones y agresiones, el propietario de la funeraria Satélite, sus hijos y un amigo, fueron asesinados en el interior del negocio, ubicado en la colonia del mismo nombre. Eran Ramón Quintana González, de 50 años; su hijo Iván Eduardo Quintana Pérez, de 25, y el amigo de la familia Octavio Aragón, de 45 años, agente de la Policía Ministerial Investigadora.

Luego fallecería otro de los hijos de Quintana González, y aunque la familia buscó reabrir el negocio, fue objeto de otro atentado y optó por cerrar sus puertas.

Posteriormente la funeraria Montes, ubicada en avenida De los Aztecas y Nahoas, en la colonia Azteca, fue siniestrada cuando ocho hombres armados pararon el tráfico para abrir fuego en más de 70 ocasiones contra el negocio.

Luego, arrojaron una docena de bombas molotov, provocando que el edificio ardiera en llamas con el cuerpo de una mujer dentro de un féretro.

También otro grupo armado atacó a otra funeraria Satélite, sobre la avenida Gómez Morín, muy cerca de la calle Neptuno.

Varios sujetos planeaban disparar contra el negocio, sin embargo, fueron emboscados por otro grupo armado.

En julio del 2022 fueron asesinados José Arriaga Orona, propietario de la sucursal tres de la funeraria Del Carmen, su esposa Gloria Sánchez y su hija Marianita de 9 años. 

La sucursal dos de la misma empresa, una de Los Ángeles y recientemente Milagros, también fueron incendiadas.