Juárez

Alimenta Federación intereses privados

Inversión de recursos públicos en cárceles concesionadas a empresarios se remonta a la administración de Felipe Calderón

El Diario de Juárez / Hasta ayer no se había dado la información oficial sobre el destino de cientos de internos del Cefereso 9

Miguel Vargas
El Diario de Juárez

lunes, 04 enero 2021 | 06:00

Ciudad Juárez— El Gobierno federal alimenta intereses privados tras invertir recursos públicos en cárceles concesionadas de forma directa a favor de poderosos empresarios, desde la administración de Felipe Calderón, de acuerdo con reportes periodísticos.

Hasta el año pasado la administración federal había erogado unos 56 mil millones de pesos en el pago acordado en concesiones a la iniciativa privada para administrar ocho cárceles en el país, hasta el año 2032, según estos acuerdos, que se concretaron a partir del 2012, citan los archivos.

Los movimientos de presos hacia estas penitenciarías concesionadas –como el registrado el domingo 27 de diciembre en el Cefereso 9– costarán, al cierre de esos contratos, 214 mil millones de pesos, de acuerdo con una solicitud de transparencia al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), publicada el año pasado por la revista Cuestione.

Esta cantidad representa el presupuesto de egresos de esta ciudad para los próximos 39 años, según los montos definidos en el año en curso, del orden de 5 mil 444 millones de pesos.

La información menciona que los centros penitenciarios concesionados son los Ceferesos 7 y 17, de Durango y Michoacán, asignados por contrato a una firma de Olegario Vázquez Raña.

También los penales 15 y 16, que administra el empresario Carlos Slim con sede en Chiapas y Morelos. Federico Martínez (Tradeco – constructora) tiene la concesión del Cefereso 18 en Coahuila.

En Sonora y Guanajuato, los Ceferesos 11 y 12 fueron concesionados a los también constructores, Bernardo Quintana (grupo ICA) y el número 13, de Oaxaca, a Hipólito Gerard Rivero, del grupo (GIA), según los antecedentes.

Estos penales, hasta septiembre del año pasado, tenían disponible el 40 por ciento de su capacidad, dicen los archivos de prensa.

Hasta ayer no se había dado la información oficial sobre el destino de cientos de internos del Cefereso 9 que fueron subidos en aviones el domingo pasado para dejar vacío ese penal, aunque una fuente consultada en el OADPRS mencionó que serían albergados en estos centros concesionados a fin de cubrir los espacios vacantes en dichas cárceles administradas por empresarios, como se informó el día de ayer por El Diario.

Las fuentes periodísticas destacan que en esos reclusorios, con contrato de prestación de servicios (CPS), el Gobierno federal sostiene el costo de los custodios, aunque los montos que se erogan a ese respecto se consideraron como “información clasificada” por el actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La revista Cuestione calculó que cada interno cuesta al erario 3 mil 500 pesos diarios y que la cifra equivale tres veces al costo de un recluso en una cárcel gubernamental.

Los contratos celebrados entre Gobierno y empresarios fueron clasificados como “confidenciales” en los 12 años que dure la concesión, destacan archivos periodísticos.

Pese a lo anterior, el Gobierno federal había hecho planes de expansión del Cefereso 9 Norte (de Juárez) que fueron cancelados en la presente administración el año pasado.

En el Proyecto de Egresos de la Federación 2019 se declararon “sin asignación de recursos” la remodelación, adecuación, ampliación, amueblado y equipamiento del Centro de Readaptación Social No. 9 Norte.

El presupuesto cancelado es de 3 mil 290 millones 536 mil 150 pesos, de acuerdo con los programas o proyectos de inversión 2019 que se publica en Internet.