Juárez

Alcaldía, aún sin notificación por demanda federal

Presidencia de la República busca anular cobros del DAP y el Impuesto Universitario

Araly Castañon
El Diario de Juárez

martes, 25 febrero 2020 | 12:13

Archivo/El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— El Municipio aún está a la espera de la notificación de la demanda que interpusieron la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y la CNDH contra las leyes de ingresos del Gobierno de Chihuahua y los 67 municipios del estado, afirmó el alcalde Armando Cabada Alvídrez.  

“Estamos esperando la notificación”, mencionó el presidente municipal sobre la demanda que busca anular cobros como el Impuesto Universitario y el Derecho de Alumbrado Público.

Cabada dijo que la querella no tiene forma de prosperar.

En la ciudad de Chihuahua, la alcaldesa María Eugenia Campos Galván aseguró que la Presidencia municipal prepara las defensas necesarias para que no se invaliden los cobros del DAP y del Impuesto Universitario.

La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentaron 182 demandas de acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por las leyes de ingresos del Estado y los municipios para buscar que sean invalidados esos gravámenes. 

Los recursos jurídicos consideran que las imposiciones estatales y municipales no se ajustan a las disposiciones constitucionales. 

Las acciones fueron presentadas entre el 6 y el 14 de febrero pasados y actualmente se encuentran en proceso de admisión a trámite para que sean revisadas por el Pleno de la Suprema Corte.

La Consejería Jurídica considera que la sobretasa del 4 por ciento aplicada al Impuesto Predial y al Impuesto sobre Traslación de Dominio –destinada a las universidades autónomas de Chihuahua y Juárez– viola la máxima norma del país, pese a estar contemplada en la Ley de Hacienda del Estado y en el Código Municipal.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos descalificó el cobro extra por alumbrado público, así como el costo fijado por el Gobierno del Estado para entregar información vía transparencia, debido a que viola el “principio de gratuidad que existe en materia de acceso a la información”.

acastanon@redaccion.diario.com.mx

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