Diario
Juárez
miércoles, 05 junio 2019 | 13:00
Ciudad Juárez— “Silencio encubridor” ante cientos de casos de tortura perpetrados por oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) señalaron públicamente directivos de organizaciones derechohumanistas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
En rueda de prensa, Carlos Gutiérrez Casas, visitador de la CEDH; Óscar Enríquez Pérez, director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), y María Ramos, directora del Programa Compañeros, indicaron que los casos no son aislados y obedecen a una práctica sistemática de “investigación”.
En los primeros seis meses de este año, la CEDH hizo 17 recomendaciones en contra de agentes del estado donde, en palabras de Gutiérrez Casas, se contó con la suficiente evidencia para acreditar las violaciones contra la integridad y seguridad de los afectados. Pese a lo anterior, la FGE solo se limitó a aceptar las recomendaciones sin dar solución, indicó el visitador.
Tal es el caso, que el pasado 17 de mayo, -según dio fe la CEDH- mientras dos visitadoras de la CDHPN se encontraban realizando algunas gestiones en la FGE, escucharon los gritos desesperados de un hombre que provenían del interior de las oficinas de la Unidad Antiextorsión.
Las defensoras cuestionaron a los agentes por “esta grave violación a los derechos humanos” y éstos de forma prepotente les indicaron mientras las amedrentaban que se retirarán del lugar puesto que estaban en medio de una investigación, según aseguró el evangélico Enríquez Pérez.
Ante lo anterior, el gobernador del estado Javier Corral Jurado aseguró que daría puntual seguimiento a la denuncia del hecho. “Nos comprometemos a darle curso a la denuncia presentada y a darles debidamente cuenta del turno y el estado de resolución que haya recaído sobre la denuncia”, dijo.
No obstante, los derechohumanistas precisaron que hasta el presente no se ha informado sobre el seguimiento a la denuncia.
“Determinamos de parte de las autoridades un silencio encubridor que no responde a las obligaciones éticas y legales para investigar y sancionar a los perpetradores de tortura”, agregó el sacerdote, quien a su vez precisó que desde el año 2011 a la fecha, por parte del CDHPN, han registrado y documentado más de 200 casos de tortura, de los cuales –al menos 42 personas– señalaron de responsables a ministeriales.
A su vez, Ramos, de Grupo Compañeros, precisó que las prácticas de tortura se dan también en gran medida por elementos de la SSPM contra usuarios de droga y sexoservidoras, mismas que sufren incluso abusos sexuales, manifestó.
Durante este año la CEDH no ha realizado ninguna recomendación en contra de la SSPM pero en 2018 hizo un total de 20, de las cuales 16 corresponden a actos de tortura. Solo una de ellas fue rechazada por la autoridad, precisó el director de la CDHPN.