Reparten a discreción fondo empresarial

Ciudad Juárez— Al menos seis irregularidades en el ejercicio de más de 384 millones de pesos, detectó la Auditoría Superior del Estado (ASE) en los estados financieros del fideicomiso Fondo Social del Empresariado Chihuahuense, relativos al año fiscal 2017.

El dictamen de la ASE, que será analizado hoy en la sesión del primer período extraordinario del Congreso del Estado, establece observaciones que no fueron solventadas sobre el uso de esos recursos y que podrían derivar en responsabilidad administrativa, civil o penal.

Entre los señalamientos se encuentra la distribución de 80 millones 669 mil 420 pesos a 10 organizaciones civiles en el estado, para la aplicación de proyectos en materia de salud, contraviniendo el principio de compensatoriedad, al entregarlos de manera discrecional. 

Ponen lupa a fideicomiso por irregularidades de 384 mdp

Una de las asociaciones beneficiadas es la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) en Juárez, a la que le tocó la mayor partida de 68 millones 293 mil 648 pesos.

Otras organizaciones como Caritas Chihuahua I.B.P, recibieron 13 millones; la Fundación Grupo Bafar y Fundación CIMA Chihuahua, contó 2 millones 338 mil 778; mientras que Servicios de Salud Chihuahua, recibió 2 millones 211 mil pesos.

“Estos apoyos fueron entregados de manera discrecional sin que se contara con una convocatoria que hiciera del conocimiento de la población en general objetivo, las bases y requisitos para ser beneficiario”, dedujo la auditoría.

Debido a ello, agrega, se contravino el principio de compensatoriedad que el artículo 5 fracción I de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua establece como obligatorio.

Consideró los gastos como injustificados, al no existir convocatorias o reglas de operación vigentes en los que se estableciera la obligación por parte del ente para brindar estos apoyos a quienes cubrieran ciertos requisitos.

En respuesta a esa observación, el fideicomiso respondió que los proyectos se ejecutaron con la aprobación previa del Comité Técnico, “es decir que no derivan de un ejercicio discrecional sino deliberatorio de sus miembros”.

La ASE, sin embargo, estableció que dicha respuesta no se solventa, ya que los apoyos otorgados son con recursos de naturaleza pública y al no perder su origen, el ente está obligado a acatar lo establecido en la normatividad vigente que le aplica.

La misma irregularidad se repitió en el renglón de proyectos de educación que ejecutó el fondo, por los cuales se ejercieron 87 millones 237 mil 490 pesos.

En este caso, también la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) recibió 9 millones de pesos para la aplicación de “proyectos especiales”.

Otras asociaciones beneficiadas por los fondos de ese concepto son Paz y Convivencia Ciudadana A.C., Calidad Educativa Compromiso de Todos A.C., y la Asociación Mexicana para las Naciones Unidas de Jóvenes A.C., con 23 millones 931 mil pesos.

Por entregar recursos de manera discrecional por 56 millones 902 mil 496 pesos en el rubro de proyectos de capital, también se hizo la misma observación.

El señalamiento se repitió en el caso de los gastos por 6 millones 53 mil 608 pesos en el renglón de “otras áreas de enfoque”, y por 4 millones 151 mil 249 pesos por “cancelaciones de saldos”.

Además, el informe técnico de la ASE indica que el fideicomiso destinó 18 millones 654 mil 135 pesos para servicios profesionales, materiales, suministros, combustibles, viáticos y arrendamientos, seguros, finanzas, mantenimiento de equipo de oficina, mantenimiento del edificio, servicios básicos, impuesto predial y salarios de personal.

“… No se debió autorizar una liberación de recursos cuando éste no va en beneficio de programas o acciones de una entidad de la sociedad civil, que contribuyan a elevar la calidad de vida de las personas o grupos de personas”, dice sobre esa observación.

Y agrega: “Lo anterior representa una omisión a los fines del fideicomiso según establece el artículo TERCERO inciso V del Decreto 1575/2016 XI P.E., mismo que puede ser visualizado en el Decreto 1131/2012 XI P.E”.

 En el caso de los gastos por cuentas por cobrar que ascendieron a 124 millones 900 mil 931 pesos en ese año, precisa que el Ente no lleva a cabo las gestiones correspondientes debidamente justificadas y sustentadas para efectuar la cancelación, por lo que no cumple con la identificación, análisis, la interpretación, la captación, el procedimiento y el reconocimiento de las transformaciones, las transacciones y otros eventos que afectan el Ente público.

El fideicomiso F/47611-9 es el canal por medio del cual empresarios y empresarias chihuahuenses, que contribuyen con el impuesto sobre nóminas, hacen llegar su apoyo a la comunidad.

Su contribución extraordinaria se recibe a través de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado, la cual lo recauda y deposita en el Fideicomiso, el cual a su vez lo va aportando a proyectos de desarrollo humano y social implementados únicamente en el estado de Chihuahua.

El dictamen que será analizado este lunes indica que si con motivo de la fiscalización que realice el Congreso se determina que las observaciones pueden generar responsabilidad de carácter administrativo, civil o penal, se dará vista a la Auditoría Superior y esta, sin dilación, iniciará los procedimientos en los términos del artículo 83 de la Constitución Política. 

“Si la responsabilidad fuese de carácter administrativo, el auditor superior presentará la denuncia ante el Congreso del Estado, la Secretaría de la Función Pública, los ayuntamientos u órganos de control correspondientes, para que inicie el procedimiento administrativo y, en su oportunidad, se aplique la sanción respectiva en los términos de la ley en materia aplicable”.

Y si del dictamen se desprenden hechos que hagan presumir la existencia de un delito y la probable responsabilidad de alguna o algunas personas en su comisión, el auditor superior procederá a presentar la denuncia ante el Ministerio Público, coadyuvando con la autoridad en la investigación.

“Si la responsabilidad que deriva del proceso de fiscalización es de orden civil, se procederá a ejercitar la acción en la vía que corresponda, ante la autoridad competente”, agrega.

Los señalamientos

• La distribución de 80 millones 669 mil 420 pesos a 10 organizaciones civiles en el estado

• Se contravino el principio de compensatoriedad que el artículo 5, fracción I de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua establece como obligatorio

• Aseguran hubo gastos injustificados, al no existir convocatorias o reglas de operación vigentes en las que se estableciera la obligación por parte del ente para brindar estos apoyos a quienes cubrieran ciertos requisitos

La respuesta

El fideicomiso contestó que los proyectos se ejecutaron con la aprobación previa del Comité Técnico, “es decir  que no derivan de un ejercicio discrecional sino deliberatorio de sus miembros”

El Fideicomiso F/47611-9

es el canal por medio del cual empresarios y empresarias chihuahuenses, que contribuyen con el impuesto sobre nóminas, hacen llegar su apoyo a la comunidad

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